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Susana Díaz, presidenta de la Junta, subraya el carácter pionero de esta medida, que contribuye "a la igualdad de oportunidades desde lo público". La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha elaborado una guía en la que se recogen estipulaciones que deberán ser incluidas obligatoriamente en los pliegos de cláusulas administrativas que rigen las contrataciones

Una medida que hará que más empresas andaluzas apuesten y mejoren su Responsabilidad Social Empresarial/Corporativa (RSE/RSC). La Consejería de Hacienda y Administración Pública, los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía han firmado un acuerdo para que se valore en los contratos públicos de la Junta a las empresas comprometidas con la calidad del empleo, la igualdad de oportunidades y el medioambiente. 

La presidenta de la Junta ha incidido en que, a partir de la aplicación de las cláusulas sociales, cualquier empresa que haya contratado con la Junta de Andalucía verá cancelado su contrato automáticamente si está dos meses sin abonar el salario a su plantilla. Asimismo, se primará y reconocerá en los contratos a aquellas empresas que vayan "más allá" de la Ley de Igualdad en la conciliación laboral y familiar.

Otros objetivos prioritarios de las nuevas cláusulas sociales son el respeto al medio ambiente a la hora de producir y de consumir y el compromiso con el "entorno social", protegiendo los contratos a los colectivos con más dificultades de acceso al empleo. 

Susana Díaz, ha destacado que las cláusulas sociales y medioambientales que incorporará Andalucía en la contratación de la Administración autonómica persiguen entre sus objetivos la "protección de los derechos laborales" de quienes trabajan en empresas que contratan con la Administración andaluza, garantizando entre otros aspectos salarios justos, condiciones laborales dignas o medidas para la conciliación.

Díaz ha destacado el "carácter pionero" del acuerdo suscrito por el Gobierno andaluz y los agentes sociales de Andalucía para la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos y ha confiado en que "sirva de ejemplo" para que el resto de administraciones apuesten también por potenciar "la igualdad de oportunidades desde lo público".

La Administración autonómica, que por su tamaño es la "principal empresa" de la comunidad, utilizará su "poder de contratación para construir una sociedad más decente en lo laboral, más justa en lo social y más sostenible con el medio ambiente", respondiendo, además, a la principal preocupación de los andaluces, que es el empleo, ha subrayado la presidenta.

Para promover una contratación pública sostenible, las licitaciones de la Junta de Andalucía incluirán estipulaciones dirigidas a lograr objetivos de política social, ética y medioambiental que garanticen oportunidades de empleo, trabajo digno, inclusión social, igualdad de oportunidades, conciliación familiar, comercio ético y respeto al medio ambiente, entre otros.

Las cláusulas sociales se aplicarán siempre que el órgano de contratación considere que son adecuadas al objeto del contrato, en función del sector de actividad, finalidad, naturaleza y contenido del mismo, y deberán quedar definidas en los pliegos del contrato, así como en el anuncio de licitación.

Asimismo, se establece la prohibición de contratar con la Junta para aquellas empresas que incumplen la legislación ambiental o han sido sancionadas por infracción muy grave en materia social. De esta forma, quedarían excluidas directamente las empresas licitadoras con 50 o más trabajadores en cuya plantilla no estén contratados al menos un 2% de personas con discapacidad.

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