Una herramienta creada para medir, evaluar y comparar el compromiso de los países con un desarrollo humano sostenible, justo, equitativo y cosmopolita
Nace el ICPD, la herramienta que promete medir el progreso real de un país
El ICPD, según explica el coordinador del proyecto, Pablo José Martínez Osés, nace con el objetivo de ofrecer una alternativa a la hegemónica y limitada visión de los indicadores que habitualmente se usan para medir el progreso, especialmente el Producto Interior Bruto (PIB).
 
Este ambicioso índice es una iniciativa impulsada por organizaciones sociales dedicadas a temas de desarrollo. El ICPD nace con la intención de convertirse en una alternativa de medición sólida que sirva para evaluar, fiscalizar y transformar las políticas públicas, a escala nacional e internacional, con el fin de caminar hacia un modelo de gobernanza más justo, sostenible y equitativo. Al tiempo pretende constituir una guía útil para orientar el trabajo de los decisores políticos.
 
Medir para explicar y transformar la desigualdad local y global
El ICPD se ha construido con el ánimo de proporcionar una alternativa a las mediciones del progreso de los países que no tienen en cuenta, de forma integrada, criterios de sostenibilidad ambiental, de equidad y justicia y de responsabilidad global. Pretende convertirse, según sus creadores, en uno de los principales referentes que determinen la acción política gubernamental. Para ello se apuesta por una herramienta que facilite el escrutinio de las políticas públicas, con el ánimo que dichas políticas pongan en el centro del modelo de desarrollo a las personas y el planeta.
 
El ICPD evalúa la acción gubernamental de 133 países  a partir del análisis de cinco componentes (social, económico, ambiental, global y productivo), que determinan la acción de los países, y los comportamientos y efectos de veinte políticas públicas, teniendo en cuenta si contribuyen a procesos universales y sostenibles de desarrollo o si, por el contrario, los obstaculizan.
 
“No se trata de una propuesta neutral”, subraya Martínez Osés, “como tampoco lo son otros medidores como el PIB, la Renta Nacional Bruta (RNB) o el Índice de Desarrollo Humano (IDH)”. El ICPD  sanciona y/o premia el comportamiento de los países en base a un enfoque y una apuesta por un desarrollo humano, sostenible, con perspectiva de género, ecologista, basada en los derechos humanos y profundamente cosmopolita, sin dar por hecho que los efectos e impactos de las políticas nacionales afectan únicamente a sus respectivas ciudadanías.
 
El ICPD 2016: todos los países deben cambiar su modelo de desarrollo
 
En su primera edición el ICPD 2016 examina 133 países de ocho regiones geopolíticas distintas. A la cabeza, Dinamarca y a la cola del compromiso con el desarrollo equitativo y sostenible se sitúa Singapur, un país que en otros índices (el del Banco Mundial o el Índice de Desarrollo Humano del PNUD) queda mucho mejor situado. Países como Suiza, situado en los primeros puestos de la mayor parte de los ranking habituales, se sitúa en un modesto lugar 58 en el ICPD, que penaliza su falta de transparencia fiscal.
 
España se sitúa en el puesto 13 del ranking, aunque sólo está a unas décimas de descender al grupo de países con ICPD medio. Según evidencia el ICPD, ocupa posiciones relativamente bajas en algunos de los componentes, como el social. Así España se encuentra, por ejemplo, entre los países de la Unión Europea con menor baja de maternidad y muy por debajo de la media de la UE. Los y las autoras del informe ICPD 2016 instan a nuestro país a tomar medidas en la garantía efectiva de los derechos sociales, a apostar por la transformación de la economía hacia una más sostenible y a generar un modelo productivo más avanzado.
 
La principal conclusión que muestra el ICPD 2016 es que todos los países tienen que emprender transformaciones en sus modelos de desarrollo, de cara a garantizar un futuro de oportunidades para todas las personas. Todos los países examinados tienen desafíos importantes en los componentes económico y productivo, que miden respectivamente la amplitud de la base fiscal y su redistribución y el carácter sostenible de la base productiva y el modelo de desarrollo industrial.

 

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