La protección internacional de los derechos humanos corre peligro de desmoronarse, ya que las draconianas y represivas campañas nacionales de seguridad planteadas a corto plazo y que obedecen a intereses particulares han tenido como resultado un asalto total contra los derechos y libertades fundamentales, ha advertido Amnistía Internacional en la presentación de su evaluación anual de la situación de los derechos humanos en el mundo.
“Tus derechos peligran: son tratados con absoluto desprecio por muchos gobiernos del mundo”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. "Millones de personas sufren terriblemente a manos de Estados y grupos armados mientras los gobiernos califican sin ningún pudor la protección de los derechos humanos como una amenaza para la seguridad, el orden público o los 'valores' nacionales.”
Amnistía Internacional advierte de una tendencia insidiosa y progresiva al debilitamiento de los derechos humanos, fruto de la acción deliberada de gobiernos para atacar, abandonar o no financiar las instituciones creadas para ayudarnos a proteger nuestros derechos. Esta organización ha documentado el número de gobiernos que en 2015 han infringido descaradamente el derecho internacional en su ámbito nacional: más de 122 Estados ejercieron la tortura u otros malos tratos y 30 o más obligaron ilegalmente a personas refugiadas a retornar a países donde corrían peligro. En al menos 19 países, el gobierno o grupos armados cometieron crímenes u otras violaciones de las “leyes de la guerra”.
Amnistía Internacional advierte igualmente sobre una tendencia preocupante en los gobiernos, que cada vez adoptan más medidas y emprenden más ataques contra activistas, profesionales de la abogacía y otras personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos.
España no es una excepción
España participa también en esta tendencia de recorte de libertades y derechos. Con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la reforma del Código Penal, el pasado mes de julio, se ha limitado el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica. Se han establecido límites adicionales sobre dónde y cuándo deben celebrarse manifestaciones, y se han otorgado amplias competencias a las fuerzas de seguridad que podrían multar con hasta 30.000 euros a personas que muestren "falta de respeto" o que graben imágenes de agentes de policía en determinadas circunstancias.
Durante 2015, se reformó el Código Penal en materia antiterrorista. La definición de terrorismo es tan vaga, que hasta el Relator Especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión, alertaba de que estas modificaciones podían penalizar comportamientos que hasta entonces no constituían delitos de terrorismo y restringir desproporcionadamente el legítimo derecho de la libertad de expresión.
“Lo que ha pasado con los titiriteros detenidos en Madrid el pasado 6 de febrero, acusados de enaltecimiento del terrorismo por el contenido de su espectáculo, es un ejemplo de cómo la amplia definición de terrorismo puede suponer un límite desproporcionado al derecho a la libertad de expresión”, destacó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
En el ámbito internacional, España ha tenido una política de doble rasero. Ha dado pasos positivos pidiendo que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se autolimiten en el uso del veto, participando en la adopción de resoluciones como la Resolución 2242 (2015) del Consejo de Seguridad sobre mujeres, paz y seguridad, o demandando un mayor seguimiento e implementación de las recomendaciones de derechos humanos de los mecanismos de Naciones Unidas. Pero por otra parte, el Gobierno ha hecho reformas legislativas contrarias al derecho internacional y ha desoído las diferentes recomendaciones que organismos como Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, entre otros, han hecho a España en diferentes ámbitos. El Estado español ha alegado que no existen mecanismos procesales que obliguen a dar cumplimiento a dichas decisiones.
“España ha recibido diferentes llamadas de atención por haber legalizado la expulsión sumaria de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla; por no haber regulado el delito de tortura ni de desaparición forzada tal y como establecen los estándares internacionales; por haber dejado sin asistencia sanitaria a cerca de 750.000 personas migrantes en situación administrativa irregular; o porque es necesario adoptar una política estatal de vivienda con un enfoque de derechos, con especial atención a personas en situación de vulnerabilidad.”, relató Esteban Beltrán.
Por último, los compromisos asumidos por España con la Unión Europea sobre reubicación de personas procedentes del conflicto sirio se cumplen muy lentamente. El Gobierno español se comprometió a reubicar a más de 17.000 personas de Grecia e Italia, cuando sólo han llegado 18 en 2015. También se comprometió a reasentar a 854 personas procedentes de diferentes países entre 2014 y 2015, de las cuales sólo 90 llegaron a la península. Mientras tanto cientos de personas esperan hacinadas en el CETI de Melilla, en muchos casos sin la debida atención médica y psicológica.
