Por un Mundo Más Justo presentó su candidatura 'Revolución de la Fraternidad' a las primarias de Ahora en Común con el candidato a la presidencia del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, quien rompió públicamente su DNI como protesta por el archivo del caso de las 15 muertes del Tarajal.

Vázquez se acercó al atril y expuso que ése papel es la diferencia entre la vida y la muerte por lo que lo rompió delante de los asistentes. "En estos días en los que hay una lucha encarnizada por la centralidad del tablero, nuestra apuesta firme es por todas aquellas personas que se han quedado fuera de ese tablero, en los extremos", éste fue su llamamiento de cara a las próximas elecciones del 20 de Diciembre.

Integrantes del partido político Por Un Mundo Más Justo, M+J, abogaron por una sociedad decente, justa y ética mediante el cambio del modelo económico y social imperante. "Estamos convencidos que eso solo puede lograrse desde el enfoque de los derechos humanos, esto es, apostando por políticas que hagan realidad el contenido incluido en ellos dejando de utilizar los derechos como mera retórica. Los derechos humanos aspiran a ser un instrumento de transformación social para construir un mundo más justo y un país más justo", comentaron durante la presentación de la candidatura a las primarias de Ahora en Común.

A continuación, se expuso las 12 propuestas sobre derechos humanos.

1. Derecho de los niños.

Proponemos: una asignación universal para cada menor de 16 años.

¿Por qué universal?

Porque l@s niñ2s no son responsables de su suerte y de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos del Niño, todos l@s niñ@s tienen derecho a la alimentación y a un desarrollo adecuado. Los titulares de este derecho son l@s niñ@s, no sus madres y padres. Por tanto, no pueden convertirse en derechos condicionados a la situación de los progenitores. Además, se ha demostrado en los países de nuestro entorno, como Francia, la eficacia y el apoyo social que tienen medidas universales de este tipo que no implican tests de recursos ni controles burocráticos. La perceptora sería la madre y, en caso de que esta no estuviera o no tuviera la tutela, el padre.

2. Derecho a unos ingresos mínimos.

Proponemos: articular desde el Estado español una política de garantía de ingresos para todas aquellas personas que están en situación de pobreza que llegue al umbral de la pobreza y que dé homogeneidad a un sistema fragmentado y desigualitario entre las diversas Comunidades Autónomas.

Incrementar el salario mínimo interprofesional para evitar la pobreza laboral así como establecer salarios máximos en el ámbito político, deportivo e incentivándolo en sector privado.

3.  Derecho a la igualdad

Proponemos:

Una mayor dotación presupuestaria para proteger a las víctimas de la violencia de género.

Un programa educativo centrado en la igualdad como valor transversal.

Políticas de discriminación inversa en el ámbito privado que aseguren un 40% en los puestos directivos de la empresa.

Prolongar la baja por maternidad para que alcance los doce meses, pudiendo ésta distribuirse entre los dos progenitores y siendo obligatorio que el padre se coja por lo menos un mes.

4. Derecho al agua y a la energía.

Proponemos: reconocer como derecho en una norma con rango de ley el acceso a los suministros básicos de agua, luz y gas recuperando la gestión pública de los mismos con el objetivo de la sostenibilidad social y ambiental apostando por las energías renovables.

5. Derecho a la vivienda.

Proponemos:

Llevar a cabo una reforma del modelo de ordenación territorial y urbanística dirigido a alcanzar la sostenibilidad social y ambiental del territorio, en un modelo de ciudad compacta, que haga posible el derecho a una vivienda digna y adecuada, fomentando el alquiler, haciéndolo accesible a los sectores sociales más desfavorecidos, movilizando la vivienda desocupada, estableciendo un mercado de precios regulados para la construcción de la ciudad nueva y rehabilitando la ciudad ya construida.

Reformar la legislación hipotecaria para incluir la dación en pago.

Integrar la política de vivienda en el conjunto de políticas sociales, de forma que dependa del Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad.

Desarrollar una Ley que desarrolle el derecho a la vivienda del artículo 47 de la Constitución.

6. Derecho a la educación.

Proponemos:

Llevar a cabo una reforma del modelo de ordenación territorial y urbanística dirigido a alcanzar la sostenibilidad social y ambiental del territorio, en un modelo de ciudad compacta, que haga posible el derecho a una vivienda digna y adecuada, fomentando el alquiler, haciéndolo accesible a los sectores sociales más desfavorecidos, movilizando la vivienda desocupada, estableciendo un mercado de precios regulados para la construcción de la ciudad nueva y rehabilitando la ciudad ya construida.

Reformar la legislación hipotecaria para incluir la dación en pago.

Integrar la política de vivienda en el conjunto de políticas sociales, de forma que dependa del Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad.

Desarrollar una Ley que desarrolle el derecho a la vivienda del artículo 47 de la Constitución.

7. Derecho a la protección de la salud.

Proponemos:

Asegurar la garantía universal del derecho a la protección de la salud, independientemente de cuál sea la situación administrativa o laboral de la persona, bastando con el simple empadronamiento. Esto debe materializarse con la misma tarjeta sanitaria para todos.

Asegurar una mejor cobertura a los grupos y comunidades desfavorecidas o marginalizadas, con especial énfasis en salud mental, enfermedades raras, adicciones, personas migrantes, personas sin hogar, personas con enfermedades crónicas y VIH/SIDA.

Hacer una apuesta desde el Ministerio de Sanidad por la salud preventiva, intensificando campañas preventivas y de educación en estilos de vida saludables.

8. Derecho al medio ambiente.

Proponemos

La reducción de las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero estableciendo incentivos fiscales a las empresas que se sumen a la sostenibilidad ambiental y penalizando fiscalmente a aquellas que no lo hagan.

Promover las actividades de comercio justo y ecológicamente responsable siendo éste un criterio que debe ser tenido en cuenta en todos los contratos firmados por el Gobierno de España.

9. Derecho a la paz.

Proponemos

La reducción de las estructuras militares y el presupuesto militar así como las inversiones en material bélico.

Desarrollar un programa de educación para la paz y una Unidad de Construcción de la Paz en la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.

Recuperar el principio de justicia universal eliminado en la última legislatura así como un mayor compromiso y promoción de la Corte Penal Internacional para lograr que un mayor número de países se sumen al Tratado que la establece.

Potenciar el Sistema de Alerta Temprana ya existente para el seguimiento de los derechos humanos.

10. Derecho a la participación política.

Proponemos

La derogación de la nueva Ley de Seguridad, la Ley Mordaza y su sustitución por una ley de seguridad que parta del principio general de la prevención de los conflictos y de su solución dialogada respetándose íntegramente los derechos de manifestación, opinión, libertad de expresión.

Incrementar los cauces de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos particularmente en la ley de Presupuestos Generales del Estado, en el Tribunal de Cuentas y en los órganos de fiscalización de las administraciones públicas.

Reformar la Ley electoral estableciendo la posibilidad de listas abiertas, suprimiendo el % mínimo para obtener representación y la obligatoriedad de presentar avales lo que no son sino obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos.

Poner los medios necesarios para que la participación sea posible a aquellos sectores más excluidos de la población.

Reformar la Ley del Tribunal Constitucional para evitar su politización de forma que el criterio para ser miembro del mismo sea el compromiso y la trayectoria acreditada de defensa de los derechos humanos.

11. Derecho a la justicia global y solidaridad.

Proponemos: el cierre de los CIE sustituyéndolos por casas de acogida de las que serían responsables los servicios sociales de las Comunidades Autónomas con un plan de integración y formación laboral.

Incrementar en los presupuestos la dotación a las políticas al desarrollo para que alcancen al final de la legislatura el 0,7.

Reformar la Ley reguladora del derecho de asilo para incluir en ella a los refugiados medioambientales o económicos. Desarrollar el Reglamento que facilite y simplifique los trámites para obtener el estatuto de refugiado.

Reformar la Ley de Seguridad ciudadana para eliminar la cobertura legal que se le ha dado a las “devoluciones en caliente” que vulnera la normativa internacional.

12. Derecho a la redistribución

Proponemos:

Implantar el impuesto sobre transacciones financieras.

Implantar un impuesto del 0,5% sobre el balance final de los bancos.

Reformular, igualmente, el impuesto propio referido a los depósitos en entidades de crédito para gravar adecuadamente las rentas más elevadas, así como las operaciones no productivas.

Reforzar la Agencia Tributaria, dotándola de medios económicos y técnicos adecuados para que pueda perseguir el fraude.

Priorizar la persecución del fraude, incidiendo en los segmentos donde mayor fraude se produce.

La modificación de los impuestos del IRPF, de Sociedades y de Patrimonio para que realmente tributen los que más ganan y más tienen.

Revisar los productos a los que se aplica el tipo reducido y superreducido del IVA para que se correspondan con productos de primera necesidad como forma de introducir una cierta progresividad en este impuesto indirecto.

Promulgar una norma para garantizar el control minucioso de todos aquellos patrimonios que superen los 300.000 € y a las personas físicas y jurídicas que ingresen más de 100.000 € anuales.

Introducir impuestos ecológicos que graven aquellas empresas o actividades que dañan el medio ambiente y hacen insostenible el medio ambiente.

 

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