El pasado fin de semana ha tenido lugar una de las citas más importantes del año, y posiblemente de la década, sobre desarrollo internacional y compromisos con el futuro del planeta de aquí a 2030. La Cumbre de Naciones Unidas convocó a 193 jefes de Estado y personajes célebres de la sociedad civil, entre ellos la Premio Nobel Malala o el Papa Francisco, para sentar las bases de la agenda global de Desarrollo que engloba los, finalmente, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Esta nueva agenda pretende superar los Objetivos de Desarrollo del Milenio e interpela por primera vez a todos los países sin tener en cuenta su nivel de desarrollo; ya no se establece una relación Norte- Sur y no hablamos de unas metas que los países ricos deben promover en los menos adelantados sino que se propone una serie retos globales que incluyen a todos, también actores privados y sociedad civil.
De acuerdo a dichos compromisos, en 2030 todas las personas tendrán acceso a un empleo digno y productivo, a servicios de salud de calidad, a completar la educación primaria y secundaria de forma gratuita y con calidad. Mujeres y hombres tendrán acceso a agua potable, saneamiento, medios modernos de energía, internet, espacios verdes y públicos, justicia, certificado de nacimiento, identidad legal y participación en los procesos de toma de decisiones públicas. El año 2030 verá también la erradicación total y completa de la pobreza extrema, del hambre, del trabajo infantil, de las disparidades de género de todo tipo, de las muertes prevenibles de los recién nacidos y los niños y el fin de la epidemia del SIDA, la tuberculosis y la malaria.
De este modo, junto con la voluntad política de nuestros gobernantes a todos los niveles, se hacen necesarios una serie de cambios estructurales en las leyes y políticas públicas para poder garantizar el cumplimiento de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles que tienen que ver con la economía, la gestión de los recursos naturales o la gobernanza democrática, entre otros aspectos.
En el ámbito económico, una de las primera prioridades debe ser evitar nuevas crisis financieras mediante el establecimiento de un robusto marco regulatorio del sistema financiero global que desincentive la especulación en los flujos de capital, la gestión equilibrada de la carga de deuda externa de los países entre el sector público y el privado y entre deudores y acreedores. Resulta imprescindible una cooperación internacional en materia fiscal que facilite el desarrollo de sistemas fiscales justos, progresivos y eficientes que permitan financiar las políticas públicas necesarias para garantizar los derechos de todas las personas, reducir la desigualdad y financiar un desarrollo sostenible que luche contra la evasión fiscal, el secreto fiscal o la existencia de paraísos fiscales. Los acuerdos comerciales (concretamente los más dañinos están siendo los APPRI) deben ser justos y transparentes y se debe reconocer a los países empobrecidos la flexibilidad necesaria en los derechos de propiedad intelectual para garantizar a su población el acceso universal a medicamentos y vacunas esenciales. Estas medidas tanto a gobiernos como a empresas multinacionales, a quienes se les interpela para que actúen verdaderamente de una forma responsable en consonancia también a estos Objetivos ya que son un pilar más en esta construcción mundial de agenda común de desarrollo.
Si esto fuera poco, lo más importante de todo esto es conseguir que todas estas medidas políticas destinadas a luchar contra la desigualdad, la pobreza y la degradación ambiental sean supervisadas por instituciones democráticas tanto en el ámbito nacional de los gobiernos como en el global de las agencias multilaterales con mecanismos efectivos de rendición de cuentas para cada uno de los Objetivos. Así, con la interiorización de estos Objetivos y la puesta en marcha de medidas reales para su consecución de parte de toda la sociedad, empresas y gobiernos como actores activos y ciudadanía activa que exige su cumplimiento, podremos contribuir a crear un mundo más sostenible, responsable y habitable para todos.
Macarena Romero
Programa de Acción Pública Entreculturas
