Las líneas 902 en instituciones públicas irritan a los ciudadanos y representan para los consumidores españoles una de las peores prácticas del año, así lo ha anunciado la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA). Las administraciones públicas ofrecen muchas de estas líneas para atender a los ciudadanos.
Los teléfonos con prefijo 902 no están incluidos en los bonos y tarifas planas de las operadoras de telefonía, por lo que recurrir a ellos representa en muchos casos un importante incremento en las facturas de los usuarios.
La asociación FACUA reclama a las administraciones públicas que dejen de utilizar estas numeraciones y las sustituyan por teléfonos gratuitos o por líneas convencionales con prefijos geográficos.
FACUA critica que el Gobierno no haya adoptado las medidas regulatorias necesarias en relación a las líneas 902. En este sentido, la asociación exige que se reduzcan sus elevados precios y se imponga a las compañías de telecomunicaciones la obligación de incluirlas en sus bonos y tarifas planas.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya quiso regular los números 902 y en el año 2011 aprobó un Proyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente. Su intención era prohibir este tipo de teléfonos pero con el adelanto de las elecciones esta medida se quedó en el tintero.
Desde hace un mes, la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, establece que la llamada a un teléfono de atención al cliente "no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica", que se define como "el coste ordinario de la llamada de que se trate, siempre que no incorpore un importe adicional en beneficio del empresario".
FACUA advierte de que este cambio normativo, vigente desde el pasado 28 de marzo, no incorpora por tanto novedad alguna, ya que no obliga a que las líneas 902 bajen su precio ni se incluyan en bonos y tarifas planas. Sencillamente establece la prohibición de que tengan un coste adicional para que las empresas titulares de la líneas reciban una parte del importe de las llamadas, una práctica que ya podía entenderse como prohibida con la versión anterior de la ley de defensa de los consumidores.
En el caso de las empresas privadas, cuyo uno de sus principales objetivos es el de obtener beneficios económicos puede tener sentido el uso de los 902. Siempre y cuando estos números no estén ligados a líneas de atención al cliente. Sin embargo, minutos y minutos de espera para hablar con un funcionario con el fin de solucionar una duda o presentar una queja, un derecho de los ciudadanos, se convierte en una forma de ingreso para el estado.
