El director general de Comunicación y Responsabilidad Social de Mapfre, Juan José Almagro señalo ayer en el Seminario ÉTNOR celebrado en Valencia que "el Gobierno debe comprometerse realmente con la responsabilidad social con medidas concretas, algunas de ellas de fácil aplicación, como por ejemplo, destinar un 10% de los fondos estatales a inversión socialmente responsable e introducir en serio las clausulas sociales en los procesos de contratación pública”, “y no dejarlo todo en otorgar un sello o certificado, que hasta ahora es la única propuesta que se ha concretado”.
“El capital impaciente y los directivos indecentes nos han sumido en una profunda crisis económica, y la ley, como se ha comprobado, no es suficiente para evitar estas situaciones”. Con esta reflexión iniciaba ayer Almagro, Director de RSC de Mapfre, el Seminario ÉTNOR. Para el ponente, “la Ley Sarbanes Oxley es un claro ejemplo de esto”. Esta ley, aprobada en EE.UU en 2002 para evitar que se repitieran casos como los de Enron y Worldcom, no ha evitado que seis años los gigantes financieros de EE.UU cayeran en una situación sin antecedentes que nadie podía imaginar. “Ha quedado más que patente que la ley, –concluía el ponente- si no tiene un sustrato de principios y valores que subyacen en la cultura de empresa, difícilmente puede evitar o solucionar algo”.
Almagro afirmó que es difícil cuantificar el precio y el retorno de la RSE, “pero lo que es más fácil es cuantificar el precio de la irresponsabilidad”. El conjunto de las ayudas que han recibido las empresas a causa de la crisis supera el coste de la II Guerra Mundial. “Este es el coste de la irresponsabilidad”, y todavía está por ver quién lo va a pagar.
La complejidad de los sistemas en la actualidad han roto los esquemas con los que estábamos acostumbrados a funcionar. Hoy tenemos empresas que concentran más poder que países enteros, y como consecuencia de esta situación, “tenemos que aprender de nuevo a gestionar nuestras empresas”, recuperando valores olvidados en un cajón como son la transparencia, la confianza, la honestidad y la cultura del esfuerzo y el trabajo.
El director General de Comunicación y Responsabilidad Social de Mspfre esbozó las líneas generales de cómo debe ser una empresa ciudadana. En primer lugar, cuando hablamos de RSE debemos entenderla como Buen Gobierno, porque no hay RSE si no hay cumplimiento estricto de las leyes, transparencia en la gestión e información y comportamiento ético. En segundo lugar, esta la exigencia de responsabilidad social, ya que desde el momento que la empresa se compromete con ella, por ejemplo haciendo una memoria de RSE, se convierte en una cuestión exigible que la empresa de cuentas a la sociedad de los compromisos adquiridos.
Por último, una empresa ciudadana es una empresa que contribuye a la sociedad a través de la acción social, y esta es una cuestión aconsejable si la empresa puede permitírselo. Para Almagro, estas tres dimensiones de la RSE quedan recogidas en la descripción de Adela Cortina de la responsabilidad social como “una herramienta de gestión, una medida de prudencia y una exigencia de justicia”.
En cuanto al papel de las administraciones públicas y del Gobierno Almagro se mostró contundente. “En primer lugar, el Gobierno tiene que creerse la RSE, y la administración pública tiene que aplicársela y servir como ejemplo”. Para Almagro, “hemos perdido una oportunidad única en la Conferencia Europea de RSE en Palma” “era el momento de potenciar una iniciativa única en Europa como es el Consejo Estatal de RSE, un foro de diálogo entre todos los grupos afectados por la actividad económica y empresarial”, “teníamos que enseñarle al mundo nuestro modelo y comprometernos con la RSE como factor decisivo para el cambio del modelo económico, pero no se ha sabido aprovechar esta oportunidad”.
Para Almagro, el Gobierno debe comprometerse realmente con la responsabilidad social con medidas concretas, algunas de ellas de fácil aplicación, como por ejemplo, destinar un 10% de los fondos estatales a inversión socialmente responsable e introducir en serio las clausulas sociales en los procesos de contratación pública”, “y no dejarlo todo en otorgar un sello o certificado, que hasta ahora es la única propuesta que se ha concretado”.