El real decreto en cuestión traspone la correspondiente directiva europea y lo que es cierto la trasposición que ha efectuado el Gobierno ha sido casi de trámite administrativo, la participación de la sociedad civil en ese proceso escasa y el debate publico prácticamente inexistente. Una oportunidad perdida que la decisión del Congreso de convalidar el real decreto ley pero optar por su tramitación como proyecto de ley puede corregir. Al menos ésta es la posición de los diputados y las diputadas del Partit Demócrata en el Congreso: queremos escuchar a la sociedad para mejorar el texto aprobado por el Gobierno, con la aspiración de ir más allá del suelo de mínimos que supone la Directiva europea.
En este sentido, es necesario recordar que los reales decretos leyes deberían ser una forma excepcional de legislar (“extraordinarias y urgentes necesidades”, contempla el articulo 86 de la Constitución), que es demasiado habitual en estos últimos años y que en este caso tan solo se explica, circunstancia bastante usual por desgracia en España, por el retraso del Gobierno a proceder al proceso de transposición de la directiva. Así el plazo de transposición de la directiva finalizó el 6 de diciembre de 2016; el Gobierno llegó mucho más tarde, en otoño de 2017. Casi un año de retraso… que justifica que en lugar de un proyecto de ley, que sería lo ordinario y correcto, nos encontremos con un real decreto ley. Y probablemente sea también del escaso interés que sobre la agenda de la RSE ha tenido el actual Gobierno.
El real decreto ley es siempre una norma “provisional”; necesita de la ratificación del Congreso de los Diputados para dejar de tener esa nota de provisionalidad. Y luego, el Congreso puede decidir, en uso de facultad legislativa tramitar como proyecto de ley, o sea con voluntad de enmendar el texto aprobado por el Gobierno.
En ese trámite es en que estamos y visto que el Gobierno ha adaptado por incorporar a la legislación estatal los mínimos que la directiva contemplaba debemos de preguntarnos si podemos ir más allá.
Seguramente sí; desde la ampliación de las obligaciones contemplados en la ley a más empresas hasta la determinación de un régimen de sanciones por el incumplimiento de las mismas pasando por las responsabilidades respecto a las subcontratas o al establecimiento de unos standards compartidos sobre el reporting o la ampliación de los ítems a informar. Los debates son múltiples. Todos realmente sugerentes. Y seguramente hay más.
Y sí, estaremos encantados de recibir propuestas, ideas y sugerencias para incorporar en la discusión parlamentaria. Hay una oportunidad y queremos aprovecharla.
