
Durante los últimos años hemos asistido a una evolución en la acción climática que ha pasado de los compromisos a largo plazo a traducirse en inversiones y medidas concretas. Aunque todavía queda mucho por hacer, el contexto normativo, económico y tecnológico ha favorecido cambios reales que conviene reconocer ahora que otras preocupaciones amenazan con desplazar el clima de las prioridades políticas y empresariales.
Así, en España el desarrollo reglamentario de la Ley de Cambio Climático supone un hito al exigir a determinadas empresas calcular sus emisiones de alcance 1 y 2 y disponer de planes de reducción a medio plazo. Las obligaciones de información sobre sostenibilidad han reforzado la transparencia ante ciudadanos, administraciones y entidades financieras. Asimismo, el encarecimiento de la energía, las subvenciones, los certificados de ahorro energético y las tecnologías más eficientes han favorecido inversiones antes difíciles de justificar. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, las emisiones netas de la Unión Europea en 2024 fueron un 37 % inferiores a las de 1990.
A pesar de ello, uno de los principales retos de la acción climática es mantener este esfuerzo mientras las tensiones geopolíticas, las dificultades económicas y transformaciones como la inteligencia artificial compiten por la atención de gobiernos, empresas y ciudadanos. A ello se suma la polarización del debate climático en algunos países desarrollados, pese a que un problema de esta magnitud debería abordarse desde posiciones de consenso, al margen de las legítimas diferencias sobre las medidas para afrontarlo. El Protocolo de Montreal, que articuló una respuesta internacional eficaz frente al deterioro de la capa de ozono, demuestra que la cooperación es posible, aunque reducir las emisiones de gases de efecto invernadero requiera una transformación más compleja. Mantener los acuerdos y la estabilidad de las políticas climáticas es fundamental para evitar una transición tardía, más abrupta y costosa.
El sector sanitario tiene una responsabilidad singular. Según la Organización Mundial de la Salud, representa alrededor del 5 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y, por su extensa cadena de suministro y su relación cotidiana con millones de personas, dispone de una notable capacidad de influencia económica y social. Quienes trabajamos para proteger la salud no podemos ignorar la contradicción que supone contribuir, con nuestra propia actividad, a uno de los factores que la amenazan, ni desaprovechar la oportunidad de impulsar cambios más allá del ámbito hospitalario.
Se ha avanzado en la reducción de las emisiones directas (alcance 1) y de las asociadas a la energía adquirida (alcance 2), pero en los próximos años deberán abordarse también las indirectas de la cadena de valor (alcance 3), que en la sanidad pueden representar la mayor parte de la huella de carbono total. Incorporar criterios climáticos a las compras y colaborar con los proveedores permitiría extender la descarbonización en cascada a otras actividades industriales y de servicios.
En lo que a la adaptación al cambio climático se refiere, esta ha de contemplar no solo la resiliencia de las instalaciones y la continuidad de los servicios ante fenómenos extremos, sino también la propia prestación asistencial. Resulta necesario anticipar el aumento de la demanda sanitaria durante las olas de calor, las consecuencias de las alteraciones en la calidad del aire o del agua, y la expansión de vectores transmisores de enfermedades, como muestran los episodios de transmisión autóctona del dengue registrados en los últimos años en distintos países europeos. Ello exigirá reforzar la vigilancia epidemiológica, la planificación de recursos y la coordinación con los servicios de salud pública, especialmente para proteger a las poblaciones más vulnerables. En esta línea comienzan a surgir propuestas de investigación como ANCHOR, descrita por la Universidad de Brescia, que plantea integrar la adaptación asistencial y la descarbonización en la planificación de los recursos hospitalarios.
En definitiva, la prioridad de los próximos años será dar continuidad a lo avanzado, extender la descarbonización al conjunto de la economía y reforzar la adaptación. Sería difícil justificar que las urgencias del momento debilitasen una respuesta que exige estabilidad y consenso, cuando los efectos del cambio climático sobre la salud y el bienestar son cada vez más evidentes.