Cuando una empresa decide reducir sus emisiones, sea cual sea su sector, la conversación no termina en la tecnología elegida. Hay que evaluar la inversión, revisar procesos y preparar a quienes van a trabajar de otra manera. Puede que también sea necesario buscar nuevos proveedores, cambiar materiales o replantear parte de la actividad. Son decisiones que afectan al día a día del negocio y que no se resuelven con una declaración de intenciones.
La descarbonización es urgente y debe seguir siendo una prioridad. Necesitamos consumir menos energía, incorporar fuentes renovables, aprovechar mejor los materiales y prepararnos para los efectos de un clima que ya está cambiando. Pero esas decisiones también afectan al empleo, a la organización del trabajo y a empresas de las que dependen muchas familias y territorios. De esto también tenemos que hablar.
La Agenda 2030 de Naciones Unidas asumió el compromiso de «no dejar a nadie atrás». La Organización Internacional del Trabajo, por su parte, ha desarrollado directrices para una transición justa que ponen el acento en el trabajo decente, la formación, la protección social y el diálogo con quienes pueden verse afectados. Es un planteamiento muy cercano a la realidad empresarial. Una inversión puede estar bien diseñada desde el punto de vista técnico y encontrar dificultades si no contamos con las personas que tendrán que llevarla a la práctica, un modelo de negocio socialmente justo y una sociedad que entienda y apoye el proceso.
Lo importante es que las empresas conozcan el valor de la participación; debe formar parte de su identidad cooperativa. Eso no significa que siempre se esté de acuerdo ni que todas las decisiones sean fáciles. Significa que el futuro del negocio tiene también una dimensión colectiva. Y esa dimensión importa especialmente cuando los cambios afectan a cómo trabajamos, qué conocimientos necesitamos y cómo nos organizamos.
También tenemos responsabilidades fuera de las oficinas y fábricas. Si pedimos a un proveedor que mida sus emisiones o sustituya un material, debemos entender qué medios tiene y cuánto tiempo necesita. No conseguiremos una cadena de suministro más sostenible limitándonos a trasladar exigencias a quienes disponen de menos recursos. Necesitamos colaborar, compartir conocimiento y buscar soluciones que se puedan mantener en el tiempo.
Aquí la economía social tiene algo esencial que aportar. Nos recuerda que una empresa genera actividad económica, resultados que se distribuyen de forma equitativa, pero también empleo, relaciones y oportunidades en su entorno. El cooperativismo incorpora, además, una capacidad esencial: sumar esfuerzos entre organizaciones para multiplicar resultados. Compartir experiencia y recursos puede hacer posibles inversiones y proyectos difíciles de abordar en solitario.
La política socioempresarial sitúa la sostenibilidad entre las prioridades de las cooperativas. Trabajamos conjuntamente en ámbitos como la energía, la economía circular y las cadenas de suministro y el impacto social. Queda mucho por hacer. Tendremos que demostrar avances con datos, asumir decisiones de inversión y reconocer lo que todavía debemos mejorar. También tendremos que distinguir entre los cambios que podemos acometer ahora y aquellos que requieren más tiempo, sin perder de vista la resiliencia de nuestros negocios a largo plazo.
A menudo discutimos qué y cómo hacer posible la transición climática. Me parece igual de importante hablar de quienes la llevarán adelante: las personas que conocen los procesos, aportan ideas, asumen responsabilidades y sostienen la actividad de cada día.
Si queremos que la transición sea justa, las personas tienen que estar en el centro de las decisiones.
