Somos consecuencia de la sociedad en la que hemos crecido: de sus valores, prioridades y aquello que hemos considerado normal. Por eso, combatir el cambio climático no consiste solo en transformar tecnologías o aprobar normas; también exige revisar nuestros hábitos.
Desde mi experiencia en el ámbito de la movilidad sostenible, he comprobado que hablar de cambiar nuestra forma de desplazarnos supone cuestionar un modelo que durante décadas hemos identificado con el progreso. El automóvil ha representado libertad, autonomía y oportunidades. Hemos diseñado ciudades, barrios y polígonos empresariales para facilitar el tránsito de vehículos y normalizado desplazarnos en coche porque nuestro entorno y nuestras rutinas se han construido alrededor de él.
Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), España contaba en 2023 con 541 turismos por cada 1.000 habitantes. Esta cifra refleja hasta qué punto el coche forma parte de nuestro modelo de vida.
Estamos asistiendo a un cambio de paradigma. Las ciudades empiezan a recuperar espacio para sus habitantes mediante aceras más amplias, zonas verdes, carriles bici y mejores opciones de transporte público. El objetivo ya no debería ser mover más vehículos, sino facilitar desplazamientos seguros, accesibles y sostenibles.
En España, el transporte representó el 30,7 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2022, según el Ministerio para la Transición Ecológica. En la Unión Europea la AEMA indica, que el sector generó alrededor del 31 % de las emisiones en 2023, y la carretera concentró casi el 73 % de las emisiones del transporte. El CO₂ procedente de la combustión de gasolina y diésel contribuye al calentamiento global, por lo que reducir estas emisiones es esencial para combatir el cambio climático.
Pero existe otro desafío, especialmente visible en las ciudades: la contaminación atmosférica. El tráfico rodado emite contaminantes como el dióxido de nitrógeno (NO₂), mientras que las partículas finas PM2,5 proceden de distintas fuentes, entre ellas la combustión y el desgaste de frenos, neumáticos y calzadas. Estos contaminantes perjudican la salud. La Agencia Europea de Medio Ambiente estimó que, en 2023, la exposición a PM2,5 estuvo asociada a 182.000 muertes prematuras en la UE y la exposición al NO₂, a otras 34.000. Son estimaciones para el conjunto de fuentes contaminantes, no exclusivamente para el tráfico.
Aunque ambos problemas comparten algunas fuentes, no son equivalentes: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es fundamental para frenar el cambio climático; reducir los contaminantes atmosféricos es esencial para proteger la salud y mejorar la calidad del aire.
La electrificación es una de las alternativas para reducir las emisiones, pero no resuelve por sí sola los problemas del modelo de desplazamientos que hemos construido. Un vehículo eléctrico puede reducir las emisiones de CO₂ durante su uso, aunque su impacto climático total también depende de la fabricación y de la electricidad utilizada. Además, sigue ocupando espacio y contribuyendo a la congestión. El reto es ampliar las alternativas, reducir desplazamientos innecesarios y favorecer el transporte público, los trayectos a pie, la bicicleta y la movilidad compartida. Necesitamos revisar no solo con qué nos movemos, sino también cómo, cuándo y por qué lo hacemos.
La regulación está impulsando esta transición. En España, la Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible, promueve un modelo más eficiente y descarbonizado. Su artículo 26 establece obligaciones de planificación de la movilidad al trabajo para determinados centros laborales.
Las organizaciones pueden analizar cómo se desplaza su plantilla y facilitar alternativas al vehículo privado. Pero existe un riesgo: confundir el cumplimiento normativo con la transformación real. Cambiar hábitos arraigados requiere más que una obligación; exige comprender por qué cambiar y disponer de alternativas viables.
La educación puede convertir una obligación en convicción. Quien comprende el impacto de sus decisiones y conoce otras opciones tiene más posibilidades de mantener nuevos hábitos y transmitirlos a su entorno.
Las empresas son una palanca importante, pero no pueden actuar solas. Las administraciones deben ofrecer infraestructuras y servicios; las organizaciones, facilitar alternativas y el sistema educativo, contribuir a una cultura de corresponsabilidad. La transición también debe considerar a quienes carecen de alternativas adecuadas, para que la sostenibilidad no se convierta en un privilegio.
La transformación que necesitamos no es únicamente tecnológica, normativa o económica. Es, ante todo, cultural.
Las sociedades no cambian solo por aquello que se les exige, sino cuando empiezan a cuestionar lo que durante generaciones han dado por sentado. Tenemos la oportunidad, y la responsabilidad, de revisar el modelo de sociedad del que somos herederos, transformarlo y dejar a las generaciones que vienen un mundo mejor que el que nosotros encontramos.
