Cuando me propusieron este artículo, pensé que hablar de justicia social no es sencillo. Es fácil caer en los mensajes vacíos de contenido y sobre todo, en concepciones mitificadas. Por eso, hoy me atrevo (desde la humildad) a cuestionar esos mitos asumiendo el riesgo de que esta desmitificación se perciba como un listado de axiomas.
Mito 1. La justicia social es principalmente cumplir la ley.
La justicia social va más allá de las normas, los convenios, los tratados. A modo de ejemplo, sabemos que, en algunos países, no hay salario mínimo interprofesional o si lo hay no cubre las necesidades básicas de las personas ni de sus familias. De ahí la importancia de ir más allá de los umbrales legales, e implantar acciones desde las empresas con el objeto de lograr “living wages” o salarios decentes.
Mito 2. La responsabilidad de lograr la justicia social es de los Estados.
Ojeen la clasificación que elabora la Global Justice Now y verán que el valor bursátil e ingresos de algunas empresas supera con creces el PIB de decenas de países. Con este panorama, ¿no deberían ser también las empresas las que velen por ejemplo por una fiscalidad responsable con el fin de contribuir a la igualdad de oportunidades en las sociedades en las que están presentes?
Mito 3. Los marcos legales globales sobre derechos humanos no están aterrizados al mundo corporativo.
Ciertamente queda trabajo por hacer, pero los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos sentaban las bases para ir madurando a través de iniciativas como los procesos de debida diligencia en esta materia.
Mito 4. La lucha contra el cambio climático y la justicia social son temáticas independientes.
No se puede hablar de una lucha sin la otra. Es importante que las estrategias de descarbonización no olviden los llamados “social safeguards” o salvaguardias sociales.
Desde 2021, he tenido el privilegio de llevar a cabo el segundo proceso de debida diligencia de derechos humanos en el Grupo BBVA con la colaboración de más de 14 áreas globales y locales y la participación activa de más de 200 compañeros y compañeras. Este ejercicio me ha servido para luchar contra algunos mitos, entre ellos, demostrar que es posible aterrizar y concretar los compromisos a través de más de 25 planes de acción concretos e integrar la mirada de la justicia social en toda la organización. Igualmente es posible activar iniciativas que mejoren las condiciones de vida de las personas, y concretamente de nuestros empleados, gracias a nuestro proyecto de Salario bienestar. Del mismo modo, es factible seguir apostando por una fiscalidad responsable y redistributiva y así favorecer económicamente a las personas y dotarlas de los medios adecuados para un ejercicio efectivo de sus derechos.