Los derechos de propiedad intelectual que se aplican sobre estos organismos modificados suponen también una limitación al uso y gestión de recursos naturales necesarios para la producción de alimentos, con lo que la distorsión es más que evidente.
La ciencia es un sistema poderoso de generación de conocimiento del que derivan productos y servicios tecnológicos que actúan en nuestras vidas. Sin embargo, y, a pesar de lo que muchos piensan y defienden, no es neutral, y no lo es porque no lo es su financiación, ni los objetivos que se persiguen cuando se diseñan determinados experimentos y no otros, o las reglas que operan en el traslado de los resultados de investigación a los procesos productivos y su posterior comercialización, o la aplicación de derechos de propiedad intelectual, como las patentes.
Durante un tiempo, cuando aún no se tenía la suficiente experiencia en el cultivo de plantas transgénicas, la posición frente a ellas en agricultura se apoyaba en aplicar el principio de precaución. Transcurrido el tiempo, es cada vez más evidente lo que está suponiendo su cultivo, por ello ya no es tan necesario acudir a ese principio, sino analizar las consecuencias de su uso, los efectos socio-ambientales que ha conllevado y a quienes beneficia económicamente.
La producción agrícola con plantas transgénicas está fuertemente orientada hacia un modelo de producción agrícola industrial regido por un mercado global donde los productos agrícolas y sus transformaciones primarias viajan miles de kilómetros desde sus lugares de producción a sus lugares de consumo, lo que no es sostenible. Entre otros motivos, por la huella de carbono, cuyo coste económico y ambiental no computa pero pagamos todos. Grandes superficies de cultivo a nivel mundial y dependientes de gran cantidad de insumos, en la mayoría de los casos monocultivos, que tienen más valor de mercado. Se estima que la inversión necesaria para poner una planta transgénica en cultivo comercial supone 136 millones de dólares y unos 13 años.
Son varios los cultivos transgénicos que llevan tiempo en producción, como el cultivo de la soja. Los principales productores de este cultivo, considerado paradójicamente el oro verde, son EEUU, Brasil y Argentina y el porcentaje de plantación proveniente de semilla transgénica es del 90% o superior. El 75% de la producción mundial se dedica al forraje animal, a pesar que se sabe que las dietas basadas en ingesta de proteína animal no son sostenibles, por la huella hídrica y el uso de suelo requerido por caloría consumida.
Este modelo está favoreciendo la destrucción de grandes superficies del Bosque Atlántico y de la Amazonía brasileña y ha dado lugar a lo que en Argentina se conoce como la «Sojización del Agro Pampeano». La intensificación de su cultivo ha producido deterioro de suelos, disminución de la cantidad y calidad del agua y efectos negativos evidentes en la biodiversidad. Ninguno de estos efectos es sostenible ni asumible a largo plazo.
Han aparecido plantas (que no malezas) resistentes al glifosato y se han desarrollado variedades transgénicas con resistencias a más de un herbicida. Usar dos herbicidas es menos sostenible que usar uno solo. Por cierto, esa unicidad era una de las razones que justificaba la primera generación de soja transgénica junto a la discutida benignidad del glifosato en comparación con otros herbicidas más tóxicos.
En el informe de 2014 sobre la Situación mundial de los cultivos biotecnológicos las conclusiones que se extraen, responden, más o menos, al siguiente argumento: cultivar plantas transgénicas es más sostenible ya que al ser su rendimiento medio por superficie mayor, el cultivo requiere menor superficie de suelo, se usa y deteriora menos agua, se afecta negativamente menos la biodiversidad y se usan menos insumos que si se produjese una cantidad similar de cosecha con agricultura convencional. Así, según este punto de vista, estos cultivos contribuyen a una intensificación sostenible que salva bosques y conserva la biodiversidad. Pero la realidad no es ésta, por mucho que insistan en venderla así.
La industria que opera con los OGM no está realmente interesada en resolver las causas del problema alimentario que afrontamos por el crecimiento de la población, ni tampoco en la sostenibilidad ambiental y social de la agricultura, sino en demostrar cómo sus productos (las semillas híbridas y transgénicas más los insumos asociados) son menos malos que lo que hay.
Si consideramos cuestiones socioeconómicas, y también en el caso de la soja, se constata que las explotaciones dedicadas a su producción, en Norte y Sudamérica, son mayoritariamente de escala industrial.
Lo que propicia una concentración de la tierra en menos manos. Esto ha desplazado a los pequeños y medianos propietarios, que trabajan extensiones de tierra por debajo de las 100 hectáreas, en favor de los que disponen de más de 1000. En relación al empleo, en algunas regiones argentinas se ha estimado que la conversión a la soja ha destruido cuatro de cada cinco trabajos agrícolas (ver informe 2014 de WWF “El crecimiento de la soja, impacto y soluciones”).
La lógica entonces nos invita a pensar que los transgénicos no son el principal problema, lo son quienes ostentan el control de su uso y hacen negocios con los OGM. Vuelvo con ello a la reflexión inicial de que la investigación científica, sea en transgénicos o en otros campos, no es ni neutral ni inocua. El poder del oligopolio que concentra la producción de material vegetal de reproducción es grande, y se ha dotado de un sistema de patentes que rige y controla la industria biotecnológica. Tras de lo cual, los diferentes tratados comerciales firmados al amparo del proceso de globalización desde los 90 del siglo pasado hasta la actualidad han hecho el resto.
Un ejemplo ilustrativo: Si decidiera algún investigador, por su cuenta, poner a disposición del mundo, plantones de alguna planta transgénica con frutos mejorados, sería muy improbable que lo consiguiera. La razón es haber empleado para desarrollarlo, métodos y materiales que otros han patentado internacionalmente y que, aun permitiéndose la investigación y publicación, al querer producir, aparecerá la reclamación de los derechos de propiedad. Habría que negociar y pagar a obtentores de varias patentes, desde las metodológicas hasta las que tienen que ver con el empleo de los genes.
Existen patentes del uso de todas las aplicaciones prácticas conocidas.
Es realmente preocupante el hecho de que se haya permitido patentar semillas como si fueran un invento, una nueva máquina. Las semillas cultivadas, además de seres vivos, son un recurso renovable, como el agua y el suelo. Los tres son imprescindibles para la producción de alimentos. Y además son patrimonio de todos, las semillas cultivadas encajan en la categoría de los bienes comunes, como nos enseñó la premio Nobel de Economía 2009, Elinor Oström. No son ni del estado ni del mercado, su custodia es de las personas que han sido, son y serán.
Tienen en común con el agua, que son un recurso que fluye en el tiempo y en el espacio. En el caso de las semillas agrícolas, algunas cultivadas miles de años por generaciones de campesinos, la diversidad de especies y variedades disponibles ha resultado de las decisiones de los agricultores al seleccionar semillas para el siguiente cultivo, además de cruces genéticos fortuitos, de los procesos de adaptación de los cultivos a manejos y condiciones ambientales locales, intercambios, etc.
Esta agro-biodiversidad está en grave peligro por un efecto colateral de la revolución verde del siglo pasado, que concentró sus esfuerzos en muy pocos cultivos y variedades que desplazaron muchas especies y variedades tradicionales al ser menos productivas cuando los insumos no son limitantes o por no tener mercado suficiente.
No parece que una agricultura biotecnológica con empresas que defienden que las semillas son suyas y sólo suyas por el mero hecho de haber implementado una mejora biotecnológica en variedades o cruces de variedades previamente existentes, contribuya a frenar esta erosión genética. De hecho, la acelera y es vergonzoso y siniestro que los agricultores puedan ser perseguidos legalmente si usan estas semillas más de una cosecha porque incumplirían los compromisos contractuales que se ven obligados a firmar para adquirirlas. Semejante actitud empresarial pone de manifiesto que las multinacionales ven a las semillas, transgénicas o no, como un producto de un solo uso que hay que volver a comprar cosecha tras cosecha, exactamente lo mismo que el glifosato.
Algo que está en profunda contradicción con la propia naturaleza biológica de las semillas y con el derecho de las personas a acceder a los recursos naturales. Cobrar regalías durante un tiempo razonable por un desarrollo tecnológico que suponga una mejora de unas semillas cultivadas, o sea, pagar por ese servicio, se podría entender. Sin embargo, permitir la patente de semillas es propiciar que una entidad privada con ánimo de lucro se apropie de un bien común al que tenemos derecho de acceso y custodia, todos. Estas patentes de semillas transgénicas son un precedente negativo, que junto a la comercialización de híbridos y la promoción de marcos normativos que limitan el uso comercial de la auto-producción de semillas, van en la dirección de traspasar a las manos de unas pocas empresas el control de este recurso estratégico del que depende la alimentación presente y futura.
La tercera revolución verde de la que escribió el profesor García Olmedo a finales del siglo XX ha potenciado los defectos de la segunda revolución. No ha contribuido a cambiar cultivos y modos de producción que no respetan los límites de crecimiento del planeta,
El debate se mueve del agro-negocio a la agro-subsistencia y la pregunta es ¿quién le da de comer al mundo?
Según estimaciones contenidas en informe de la FAO y basadas en datos obtenidos en 30 países, la alimentación mundial se sostiene a expensas de unos 570 millones de explotaciones, de las cuales un 80% son pequeñas granjas familiares que producen el 80% de la producción mundial. Otra estimación más reciente basada en una aproximación metodológica diferente que incluye a 105 países, estima que el 93% de las explotaciones agrícolas mundiales son fincas familiares y suponen el 53% de la tierra dedicada a producir alimentos. Hay evidencia empírica de que las explotaciones pequeñas producen más por hectárea que las de mayor superficie.
También son diversas las especies cultivadas y los tipos de manejo. El destino de su producción puede ser la subsistencia pero también, de forma complementaria o principalmente, el mercado local. Lo que también va en la dirección de otro de los retos que debemos conseguir que es re-localizar la producción de alimentos.
Esta re-localización supone mayor seguridad alimentaria (objetivo ONU-FAO) y también más soberanía alimentaria, algo reivindicado por movimientos de agricultores internacionales como Vía Campesina.
Los poderes públicos y las instituciones internacionales deben diseñar políticas que aseguren la conservación y la potenciación de las explotaciones familiares mediante marcos normativos que las favorezcan y dedicando recursos de I+D a mejorar su gestión. Brasil cuenta con un modelo bicéfalo, por un lado el modelo industrial con cultivos transgénicos pero también ha potenciado su agricultura local que está dirigida al mercado local y que supone, según datos del 2009, un 70% del consumo doméstico de alimentos en el país.
Hay una agricultura empresarial donde la producción es considerada un producto industrial más de los mercados globales y otra agricultura que produce localmente alimentos y no debe estar reñida con que los agricultores puedan ganarse su vida dignamente ejerciéndola. Esa agricultura es fundamental porque da de comer a la gente más pobre, está localizada, es más resiliente y eficiente termodinámicamente al consumir menos energía por caloría de alimento producido.
Las tecnologías no son buenas ni malas, más bien tienen riesgos y ventajas que dependen de su modo de utilización y de a quienes beneficia. Por cuestiones de mercado y modelo de negocio, las semillas transgénicas requieren para ser económicamente rentables cultivos que ocupen grandes superficies. En este contexto, son una pieza más de un modelo de producción agrícola de tipo industrial concentrado en pocas manos. Este modelo de producción de alimentos es deslocalizado, muy dependiente de insumos y energía y en él prima el condicionante económico. Como efecto colateral, desvaloriza económicamente y desplaza otros modelos de producción, desarrollados en pequeñas explotaciones, más diversas y más sostenibles social y ambientalmente cuya producción y consumo de alimentos está localizada.
Estos modelos de producción de alimentos familiares contribuyen en la actualidad más a la alimentación mundial con menos consumo de energía fósil; y pueden ser determinantes para superar los retos que enfrentará la alimentación en los próximos decenios. Por ello deben ser potenciados y protegidos frente a aquellos intereses que priman una visión economicista, como los que están detrás del uso de plantas transgénicas en la agricultura actualmente.
Carmen Molina es coportavoz de EQUO Andalucía y parlamentaria
