El Observatorio de RSC considera oportuno que las empresas justifiquen las remuneraciones del consejo y de la alta dirección, acudiendo a comisiones independientes que evalúen la aportación real de los mismos.
Así lo expresó, en declaraciones a Servimedia, Orencio Vázquez, coordinador de dicha entidad. Así, valoró las medidas adoptadas por el Gobierno el pasado viernes, por las que se limitan las remuneraciones que deben recibir los miembros de los consejos de administración de las entidades financieras que reciban ayudas públicas o sean intervenidas por el Estado.
“Después de cuatro años de profunda crisis, y de una desorientación compulsiva en las acciones de los gobiernos y empresas es urgente demostrar, mediante acciones decididas desde los actores que conforman las sociedades, pero en especial con el liderazgo de los gobiernos, que el marco de actuación basado en la economía de mercado y la democracia representativa, es capaz de dar soluciones a las causas y efectos de las crisis actuales, de forma eficaz, justa y sostenible, además de romper con la impunidad”, aseveró.
De esta forma, la medida de limitar el sueldo de las empresas financieras intervenidas o que reciben ayudas públicas “responde a un clamor popular y al espíritu de equidad social que debe ser la base y fuente de inspiración de nuestro cuerpo legislativo”.
Para Vázquez, “aspectos relacionados con los modelos de buen gobierno” de las empresas, así como el del papel eficaz de los supervisores, “se han destacado por su ausencia en el costoso y dramático proceso de reforma del sector financiero español, que en definitiva ha liquidado el modelo de cajas de ahorros, tan vertebrador de España en el último siglo y medio”.
También ha servido, afirmó el responsable del Observatorio, “para que la sociedad entienda el endogámico y tradicional sistema de aprobación de retribuciones de los consejos de las grandes empresas cotizadas, donde los legítimos propietarios, los accionistas, no tienen el derecho de votar y aprobar los salarios o blindajes de los ejecutivos a los que pagan”. Práctica que “obviamente genera riesgos muy altos” por conflictos de intereses entre los beneficiarios y la empresa.
Por último, reiteró la necesidad de conocer la remuneración individual de los miembros del consejo, la elaboración de un informe sobre política de retribuciones sobre el que la Junta de Accionistas tenga la posibilidad de pronunciarse y la relación entre la remuneración directiva y la vinculación de variable a objetivos no financieros.
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