Comienza el verano con una cumbre de la Unión Europea en la que se aspira a dibujar un conjunto de recomendaciones a los Estados miembros de cara a los presupuestos de 2012 y a las reformas de los próximos meses con el objetivo de reducir los desequilibrios que puedan dar origen a nuevas crisis de deuda. En concreto, los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 demandan a España que introduzca una regla de control de gasto para nuestras Administraciones territoriales.
Muchas de nuestras autonomías están en crisis y tienen hoy en común la debacle de la construcción, la falta de un tejido industrial diversificado, la crisis del turismo, la escasa inversión en I+D+i, el menor capital humano (y mayor fracaso escolar) y en algunos casos, como Castilla la Mancha y Murcia, el elevado peso del déficit público o la deuda, que han obligado a recortes que frenan aún más su crecimiento.
Ha pasado ya más de un mes desde las últimas elecciones del 22 de mayo, en que nuestra democracia ha hablado desde las urnas y aun con algunas dificultades propias de nuestro sistema electoral (que como casi todos no es perfecto) ha articulado un nítido mensaje: el pueblo español quiere mayoritariamente un cambio de rumbo. Pero no basta con atender a la demanda de nuestros socios en Europa, ni a la que nosotros mismos hemos canalizado a través de las urnas y otros “movimientos” reivindicativos. La crisis del "contexto endémico general" que sufren las administraciones en España ofrece 3 caras amargas, que no podemos dejar de mirar tampoco a nivel de Ayuntamientos:
A.- Una crisis coyuntural por la caída de los impuestos de construcciones y plusvalía y de la participación en impuestos estatales. Esta crisis es más grave en aquellos municipios donde tales ingresos (extraordinarios) se utilizaron para gasto ordinario.
B.- Una crisis estructural de la distribución competencial y de la financiación y gestión del gasto, debiendo clarificarse qué administración hace qué y si debe compensarse financieramente o no.
C.- Una auténtica crisis de valores en el gobierno y administración del servicio público porque se ha perdido la conciencia económica de que un gobierno administra ante todo recursos escasos, lo que significa que no pueden satisfacerse todas las demandas ciudadanas, sino priorizarlas, para hacer sostenible la prestación de los servicios, que no son además aislados sino que se atienden en un contexto globalizado que nos condiciona y al que también condicionamos
Para algunas administraciones españolas las medidas que se tendrán que adoptar van a ser muy duras (se van a tener que hacer muchos "recortes") y en la última campaña electoral casi nadie hizo una mención decidida y concreta sobre ello. En cualquier caso, tenemos 30 días menos desde las elecciones tanto representantes políticos, como administradores públicos y ciudadanos para implicarnos mucho más, con imaginación y valentía, con medidas de todo tipo a corto y largo plazo. El reto es para todos, está en juego nuestro propio futuro. No podemos seguir cangrejeando al sol que más calienta y esperar a que este verano la solución nos llegue de fuera.
