El comienzo de un nuevo curso escolar en buena parte del hemisferio norte vuelve a poner de manifiesto una realidad que afecta a millones de niños y niñas: para quienes viven atrapados en guerras y crisis humanitarias, acudir a la escuela está lejos de ser algo garantizado. Mientras septiembre devuelve a las aulas a millones de estudiantes, 93 millones de menores permanecen fuera de ellas en un contexto marcado por un número sin precedentes de ataques contra la educación.
Según informa Educación No Puede Esperar (Education Cannot Wait), el fondo mundial dedicado a garantizar la educación en situaciones de emergencia, un total de 258 millones de niños y niñas de 87 países afrontan graves interrupciones en su aprendizaje.
La magnitud de la violencia contra los entornos educativos queda reflejada en los datos correspondientes a 2024 y 2025. En los 28 países analizados se contabilizaron al menos 9.259 ataques contra la educación, entre ellos más de 3.600 dirigidos contra escuelas. La cifra supone un incremento superior al 50% respecto al periodo 2022-2023.
Además, más de 10.600 estudiantes y profesionales de la educación murieron, resultaron heridos o fueron secuestrados, mientras que la utilización de centros escolares con fines militares prácticamente se duplicó.
Maysa Jalbout, directora de Educación No Puede Esperar, ha advertido de las profundas consecuencias que supone mantener durante años a un menor apartado de la escuela. La pérdida de capacidades de lectoescritura y de las rutinas cotidianas se suma a una mayor exposición a la explotación y la violencia. Como resume Jalbout, en esas circunstancias el futuro puede quedar en manos de “depredadores o traficantes, no maestros”.
Desde el fondo internacional insisten en que garantizar la educación durante una emergencia va mucho más allá de asegurar la continuidad académica. Las escuelas pueden proporcionar protección, estabilidad y cierta normalidad en momentos de extrema vulnerabilidad, además de ofrecer a niños y niñas una vía para construir un futuro más allá de la crisis.
El deterioro de la seguridad de la infancia en los conflictos también queda patente en los últimos datos de Naciones Unidas. De acuerdo con el Informe Anual del Secretario General sobre Niños y Conflictos Armados, en 2025 se verificaron 38.558 violaciones graves, que afectaron a 24.174 niños.
Los asesinatos y las mutilaciones constituyeron la vulneración más extendida, con 14.224 menores afectados. A estas agresiones se sumaron el reclutamiento y utilización de niños en conflictos, los secuestros y la privación de asistencia humanitaria.
El informe de Naciones Unidas señala además que los enfrentamientos se produjeron cada vez con mayor frecuencia en zonas densamente pobladas, donde la infancia quedó expuesta a ataques aéreos, fuego de artillería y drones explosivos. La destrucción o los daños sufridos por viviendas, hospitales, escuelas y otras infraestructuras civiles agravaron todavía más la situación. Incluso huir de la violencia o salir en busca de agua, alimentos o atención sanitaria se convirtió en una fuente adicional de peligro.
El Territorio Palestino Ocupado concentró el mayor número de violaciones graves verificadas, seguido por la República Democrática del Congo, Nigeria, Myanmar y Somalia. Por primera vez, las fuerzas gubernamentales fueron responsables de la mayoría de las vulneraciones graves constatadas.
La UNESCO ha recordado ante esta situación que todas las partes implicadas en un conflicto están obligadas a respetar el derecho internacional y a proteger la educación frente a los ataques. La exclusión educativa, además, se concentra especialmente en un reducido grupo de territorios: casi ocho de cada diez menores sin escolarizar afectados por crisis, alrededor de 74 millones, viven en apenas 20 países.
Dentro de estos contextos, las posibilidades de acceder a la enseñanza disminuyen todavía más para quienes se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad. El 74% de los niños refugiados, el 52% de los desplazados internos y el 45% de los menores con discapacidad no están escolarizados.
Estas cifras muestran cómo las guerras y las emergencias no solo interrumpen el aprendizaje, sino que profundizan desigualdades previas y comprometen derechos fundamentales de la infancia.
Ante esta emergencia educativa, Educación No Puede Esperar ha puesto en marcha la campaña La esperanza empieza aquí, con la que pretende movilizar 600 millones de dólares. El objetivo es que diez millones de niños y niñas que viven en algunos de los lugares más difíciles del mundo puedan acceder a una educación segura y de calidad. Una respuesta que busca preservar no solo su derecho a aprender, sino también la protección y la estabilidad que la escuela puede ofrecer cuando el entorno que los rodea está marcado por la violencia y la incertidumbre.
