El hambre y los conflictos mantienen una relación cada vez más estrecha y difícil de romper. Las guerras destruyen los medios de vida y dificultan el acceso a los alimentos, mientras que la falta de comida y la pobreza extrema pueden aumentar la vulnerabilidad de las comunidades frente al reclutamiento de grupos armados y redes criminales. Un círculo que Naciones Unidas considera especialmente preocupante ante la multiplicación de las crisis actuales.
Según informó la ONU tras un debate del Consejo de Seguridad dedicado a los vínculos entre conflicto y hambre, al menos 266 millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria aguda el pasado año, coincidiendo con el mayor número de conflictos armados registrado desde la Segunda Guerra Mundial.
La gravedad de la situación quedó reflejada también en otro hecho excepcional: por primera vez durante este siglo se confirmó simultáneamente una situación de hambruna en dos lugares, Sudán y Gaza. Además, el conflicto y la violencia constituyen actualmente los principales factores detrás del hambre en 12 de los 13 puntos críticos considerados de mayor preocupación por Naciones Unidas.
El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó ante el Consejo de Seguridad de que los sistemas alimentarios esenciales y los medios de vida que dependen de ellos se encuentran bajo ataque.
La crisis adquiere formas diferentes en función del territorio. En Somalia, grupos armados están expulsando a agricultores de sus tierras. En Sudán, mercados han sufrido ataques mediante drones y misiles. En Haití, la violencia de las pandillas ha dejado aisladas a comunidades enteras. Mientras, desde Gaza hasta Malí y Myanmar, los trabajadores humanitarios han encontrado obstáculos para acceder a poblaciones que necesitan asistencia.
El director interino del Programa Mundial de Alimentos, Carl Skau, relató ante el Consejo de Seguridad el caso de una familia somalí con cuatro hijos que abandonó su granja después de que grupos armados exigieran pagos para permitirles continuar cultivando. La familia recorrió unos 100 kilómetros hasta llegar a un campamento de personas desplazadas y uno de los niños murió durante el trayecto.
Para el PMA, el caso ejemplifica el denominado círculo vicioso entre conflicto y hambre: la violencia provoca inseguridad alimentaria y, a su vez, el hambre puede generar unas condiciones sociales que favorezcan nuevos episodios de violencia.
El deterioro afecta además a componentes fundamentales de los sistemas alimentarios. Granjas, mercados, puertos, almacenes y rutas marítimas están quedando expuestos a conflictos cuyas repercusiones económicas ya no se limitan a los territorios donde se producen los enfrentamientos.
Una de las principales preocupaciones se encuentra ahora en los océanos. La interrupción de determinadas rutas marítimas puede trasladarse rápidamente a los precios internacionales de los alimentos, la energía y los fertilizantes.
El Mar Negro constituye uno de los ejemplos más relevantes. Rusia y Ucrania desempeñan un papel destacado como exportadores de cereales y la intensificación de los ataques ha afectado a una de las principales vías del comercio alimentario internacional. De acuerdo con datos del PMA, los envíos de cereales a través del Bósforo han caído un 40% respecto al año anterior.
A esta situación se añaden los ataques contra buques comerciales que han alterado el tráfico por el Mar Rojo y las restricciones y cierres registrados en el estrecho de Ormuz. Esta última vía concentra aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y un tercio del comercio de fertilizantes.
Skau definió este escenario como una crisis vinculada a tres grandes puntos de estrangulamiento marítimo: Mar Negro, Mar Rojo y estrecho de Ormuz. Las alteraciones en cualquiera de ellos repercuten sobre unos mercados de energía, fertilizantes y alimentos profundamente interconectados.
Las consecuencias son especialmente graves para los países dependientes de las importaciones. Mientras que en las economías con mayores recursos una crisis comercial puede traducirse fundamentalmente en un incremento de los precios, en los países que ya afrontan una elevada inseguridad alimentaria puede significar directamente reducir el número de comidas.
Sudán permite observar cómo se encadenan estos efectos. Según explicó el responsable del PMA, el coste de los alimentos básicos en el país ha aumentado cerca de un 40% desde febrero.
El encarecimiento del combustible repercute a su vez sobre el riego, el transporte y la molienda. Al mismo tiempo, las alteraciones de las exportaciones de fertilizantes pueden comprometer las temporadas de siembra en diferentes zonas de África y Asia.
Por este motivo, parte de las consecuencias de los conflictos actuales todavía podría no haberse materializado. Los problemas para acceder a fertilizantes y otros insumos agrícolas pueden trasladarse a la producción y hacerse visibles en las próximas cosechas.
La situación somalí refleja especialmente la conexión entre violencia, desplazamientos y falta de alimentos. Según los datos aportados por Skau, seis millones de personas, aproximadamente un tercio de la población, padecen hambre aguda o una situación todavía más grave, mientras que cerca de dos millones de niños sufren desnutrición aguda o grave.
Frente a esta dimensión de las necesidades, el Programa Mundial de Alimentos está prestando asistencia a alrededor de 600.000 personas, aproximadamente una de cada diez de quienes atraviesan hambre aguda.
Los propios enfrentamientos dificultan mantener la ayuda. Los combates registrados en Baidoa impidieron recientemente que el organismo pudiera proporcionar asistencia nutricional a unos 5.000 niños.
La preocupación no termina en la emergencia alimentaria. Cuando las familias pierden la capacidad de cubrir sus necesidades básicas, la desesperación puede aumentar la exposición de jóvenes vulnerables al reclutamiento por parte de organizaciones armadas o redes criminales, advirtió el PMA.
El Consejo de Seguridad reconoció formalmente esta relación en 2018 mediante la aprobación unánime de la Resolución 2417 sobre conflicto y hambre. Sin embargo, siete años después, Guterres alertó de que ese círculo vicioso continúa.
Naciones Unidas considera que uno de los principales problemas ya no reside en la capacidad de detectar el riesgo. La comunidad internacional dispone de sistemas para identificar el deterioro de la seguridad alimentaria y anticipar posibles hambrunas. La dificultad está en convertir esas alertas en respuestas suficientemente rápidas.
El precedente de Somalia resulta especialmente significativo. La hambruna de 2010-2012 causó cerca de 260.000 muertes, aproximadamente la mitad de ellas de niños, según los datos expuestos por Skau. En las crisis posteriores de 2017 y 2022, el incremento temprano de la asistencia contribuyó a evitar que se alcanzara una catástrofe de la misma magnitud.
Sudán representa, según el responsable del PMA, el caso contrario: existieron señales de advertencia, pero la respuesta internacional no llegó con la contundencia necesaria.
Ante esta situación, Guterres reclamó al Consejo de Seguridad proteger granjas, sistemas de agua, mercados, almacenes, puertos y rutas de abastecimiento, además de actuar antes de que la falta de alimentos alcance formalmente niveles catastróficos.
La advertencia coincide, además, con una reducción de los recursos disponibles para responder a las emergencias. Las organizaciones humanitarias afrontan simultáneamente más conflictos, desplazamientos de población y alteraciones del comercio internacional, mientras disponen de menos capacidad económica. En Somalia, el propio PMA reconoce que actualmente solo puede atender a una parte de las personas a las que anteriormente conseguía llegar.
El desafío plantea así una paradoja especialmente grave: la comunidad internacional dispone de una capacidad creciente para anticipar dónde puede producirse una crisis extrema de hambre, pero cuenta con menos recursos —o menor capacidad de respuesta— para evitar que esas previsiones terminen convirtiéndose en realidad.
