El rápido crecimiento de los centros de datos en España ha llevado al Gobierno a plantear un nuevo marco para que su despliegue avance de manera ordenada y con menores impactos sobre el sistema energético, los recursos hídricos y el territorio. Los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), de Economía, Comercio y Empresa, y de Transformación Digital y Función Pública (MTDFP) han iniciado, por la vía de urgencia, la audiencia pública del proyecto de real decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad energética y ambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a estas infraestructuras.
Según informa el MITECO, la regulación busca anticipar medidas que actualmente se están debatiendo en el ámbito europeo. Entre sus principales disposiciones aparecen la utilización de nueva energía renovable, mayores exigencias en eficiencia energética y consumo de agua y condiciones específicas destinadas a reforzar el control europeo sobre la operación y los datos vinculados a estas instalaciones.
El atractivo de España para este tipo de infraestructuras está relacionado, entre otros factores, con su posición geográfica, su clima y el peso alcanzado por las energías renovables. La Estrategia de Inteligencia Artificial estima que el país podría disponer de unos 2,5 GW de potencia de computación en 2030, asociados a una demanda eléctrica de entre 3,5 y 4 GW.
Sin embargo, el interés empresarial supera ampliamente esas previsiones. Desde 2021 ya se han concedido más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red eléctrica para este tipo de instalaciones.
Los centros de datos constituyen una infraestructura esencial para una economía cada vez más digitalizada y su expansión puede contribuir también a reforzar la soberanía digital de la Unión Europea. El reto consiste en compatibilizar ese crecimiento con el uso eficiente de los recursos y evitar que el incremento de la demanda energética genere nuevos impactos ambientales.
Con ese objetivo, el proyecto establece requisitos específicos para las instalaciones que superen 1 MW de potencia eléctrica, al considerar que son las que pueden tener una incidencia territorial, hídrica y ambiental relevante.
La futura norma también responde a uno de los mandatos incluidos en el Real Decreto-ley 7/2026, que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. El propósito es que el crecimiento de los centros de datos vaya acompañado de un aumento proporcional de nueva generación renovable.
El Ejecutivo pretende evitar así que una mayor demanda eléctrica derive en un incremento del uso de gas natural para generar electricidad cuando las renovables no crezcan al mismo ritmo. Esta situación podría elevar los costes del sistema para el conjunto de los consumidores y, a su vez, reducir los incentivos para avanzar en la electrificación.
La propuesta incorpora asimismo condiciones vinculadas con la resiliencia y la soberanía digital. El operador de cada centro deberá estar establecido en la Unión Europea y los datos, metadatos y registros tratados como parte de su funcionamiento tendrán que permanecer dentro del territorio comunitario.
Además, deberán adoptarse medidas efectivas frente a los accesos procedentes de autoridades de terceros países que no estén amparados por el Derecho europeo.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública será responsable, dentro de sus competencias, de comprobar el cumplimiento de estas obligaciones. Su vulneración podría llegar a provocar la pérdida de los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica.
El consumo de electricidad y agua constituye uno de los principales desafíos ambientales vinculados a la expansión de los centros de datos. Por ello, el proyecto establece que estas instalaciones deberán alcanzar los mejores niveles de eficiencia energética e hídrica contemplados en el sistema europeo de etiquetado que está desarrollando la Comisión Europea en aplicación de la Directiva (UE) 2023/1791 de Eficiencia Energética.
El etiquetado está recogido en el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, cuya entrada en vigor está prevista para agosto de 2027. A partir de entonces, la propuesta española plantea exigir la categoría A, el nivel más elevado de la norma europea, tanto en eficiencia energética como hídrica.
La evaluación se realizará mediante los indicadores Power Usage Effectiveness (PUE), relativo a la eficiencia en el uso de la energía, y Water Usage Effectiveness (WUE), referido a la utilización del agua. Hasta que el sistema europeo entre en vigor, el proyecto prevé aplicar esos mismos niveles, ya incorporados al borrador del Reglamento.
Uno de los elementos centrales de la regulación es la obligación de utilizar electricidad renovable. Los centros de datos deberán cubrir con esta fuente como mínimo el 80% de su consumo hasta que la generación renovable represente más del 90% del mix eléctrico.
No bastará, además, con acreditar el origen renovable de la electricidad. La propuesta introduce un criterio de adicionalidad: cada nuevo megavatio consumido deberá ir acompañado por un nuevo megavatio de generación renovable instalado durante los 18 meses anteriores a la puesta en funcionamiento del centro.
Este abastecimiento podrá realizarse mediante autoconsumo o contratos de compraventa de electricidad a largo plazo, conocidos como PPA. También deberá existir una correlación horaria: en cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de la electricidad utilizada por el centro tendrá que proceder de energía renovable generada durante esa misma hora.
Se trata de un planteamiento similar al que ya se aplica a la producción de combustibles renovables de origen no biológico y al hidrógeno renovable.
Los nuevos proyectos que soliciten acceso a la red eléctrica tendrán que demostrar que cumplen estas condiciones antes de obtener los correspondientes derechos de acceso y conexión.
El incumplimiento podrá traducirse en penalizaciones crecientes sobre los cargos y peajes y, como última consecuencia, en la pérdida del derecho de acceso. Los recargos servirán para compensar los costes adicionales que el incumplimiento de las obligaciones sobre nueva generación renovable y correlación horaria pudiera trasladar al sistema eléctrico y, en consecuencia, a las facturas de los consumidores.
Para las instalaciones que ya se encuentren en tramitación, el proyecto contempla un periodo de seis meses para adaptarse y acreditar el cumplimiento de las nuevas condiciones. El plazo se reducirá a tres meses para aquellas pendientes de la celebración de un concurso de acceso a la red. Como alternativa, podrán renunciar a sus derechos de acceso y conexión sin que se ejecuten las garantías correspondientes.
La transparencia también formará parte del nuevo marco. Todos los centros de datos con una potencia superior a 500 kW deberán facilitar al MITECO información sobre eficiencia energética y sostenibilidad de acuerdo con el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364. Estos datos serán publicados anualmente.
Las instalaciones de más de 1 MW tendrán una obligación adicional: deberán informar de si cumplen las mejores prácticas recogidas en la versión más reciente del código de conducta europeo sobre eficiencia energética de los centros de datos y explicar de qué manera las aplican.
Con esta propuesta, actualmente en fase de audiencia pública, el Gobierno plantea que la expansión de una infraestructura cada vez más relevante para la digitalización y la inteligencia artificial quede vinculada desde su desarrollo a criterios de eficiencia, disponibilidad de nueva generación renovable, gestión responsable del agua y soberanía digital europea.
