La sequía se consolida como uno de los grandes desafíos ambientales, sociales y económicos de las próximas décadas. En este escenario, España ha reforzado su compromiso con la cooperación internacional mediante una nueva contribución de cinco millones de euros a la Alianza Internacional para la Resiliencia frente a la Sequía (IDRA).
El compromiso se produce en el marco de la COP17 de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), celebrada en la capital de Mongolia bajo el lema «Restaurar la tierra, restaurar la esperanza». La conferencia aborda conjuntamente la desertificación, la degradación de las tierras y las sequías, poniendo el foco en la prevención, la resiliencia y la gestión sostenible de los ecosistemas.
España ya había destinado inicialmente cinco millones de euros a la puesta en marcha de la IDRA y anunció a finales de 2025 una nueva aportación por el mismo importe. De esta forma, consolida su papel como uno de los principales apoyos políticos y financieros de una iniciativa que reúne ya a más de 78 miembros, entre países y organizaciones internacionales, científicas y de cooperación.
La Alianza fue impulsada por España y Senegal y presentada durante la COP27 de 2022 con una premisa fundamental: transformar la manera en que el mundo afronta las sequías. Frente a un modelo basado principalmente en reaccionar cuando la crisis ya se ha producido, la IDRA promueve la anticipación de los riesgos, la prevención, la preparación y la construcción de resiliencia a largo plazo.
Los datos explican la urgencia de este cambio de enfoque. Según Naciones Unidas, actualmente 1.840 millones de personas padecen los efectos de la sequía y el 85% de ellas vive en países de renta baja y media. Las perspectivas apuntan, además, a un agravamiento del problema: en 2050, tres de cada cuatro personas podrían verse afectadas por este fenómeno.
El impacto trasciende el ámbito estrictamente ambiental. De acuerdo con las estimaciones de la CNULD, la degradación de las tierras, la desertificación y la sequía ocasionan pérdidas económicas cercanas a los 878.000 millones de dólares anuales.
Invertir en prevención y recuperación de los ecosistemas aparece así también como una herramienta de desarrollo económico y reducción de riesgos. La propia Convención calcula que cada dólar destinado a restaurar tierras puede generar hasta ocho dólares en beneficios sociales, económicos y ambientales.
Ante esta realidad, España defiende una política de gestión de la sequía basada en anticipar los riesgos y reforzar el conocimiento científico, acompañada por la restauración de ecosistemas, la innovación y la cooperación internacional. La estrategia incluye igualmente la movilización de financiación pública y privada para reducir las consecuencias económicas, sociales y ambientales y evitar que los episodios climáticos extremos terminen desencadenando crisis humanitarias o económicas.
La participación española en la COP17 también ha estado marcada por el lanzamiento, el 25 de agosto, de la segunda fase del Observatorio Internacional de Resiliencia frente a la Sequía (IDRO). España intervino en esta presentación como copresidenta de la IDRA.
El IDRO es el primer observatorio mundial específicamente dedicado a la resiliencia frente a la sequía. Su finalidad es mejorar el conocimiento disponible, favorecer la cooperación entre países y proporcionar herramientas que faciliten la toma de decisiones frente a un riesgo climático creciente.
Durante el lanzamiento, España puso en valor los avances alcanzados desde la creación del observatorio y señaló la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta ante sequías cada vez más frecuentes, intensas y extensas. El cambio climático y la creciente presión sobre el agua y los ecosistemas están incrementando los riesgos para las comunidades, las economías y el medio ambiente.
La generación y difusión de conocimiento constituye, precisamente, uno de los pilares de la IDRA. En este ámbito, la Alianza ha respaldado el desarrollo del observatorio en colaboración con la Secretaría de la CNULD, la Universidad de Yale y otros socios internacionales. Su primera fase se presentó como proyecto piloto durante la COP16. El propósito era facilitar a quienes toman decisiones información más robusta, instrumentos prácticos y una base de conocimiento capaz de contribuir al tránsito desde una gestión reactiva de las crisis hacia políticas preventivas.
La segunda fase supone un paso más: el observatorio pasa de aquella experiencia piloto a convertirse en una plataforma en línea plenamente operativa, concebida para que los países no se limiten a vigilar el riesgo de sequía, sino que puedan evaluar y fortalecer su capacidad para hacerle frente.
Una de las principales novedades es la puesta en marcha del primer Índice de Resiliencia frente a la Sequía (DRI, por sus siglas en inglés) a escala mundial. La herramienta permite analizar la capacidad de los países para anticiparse, prepararse y adaptarse a los impactos de la sequía.
El índice busca identificar vulnerabilidades y proporcionar una referencia objetiva para orientar tanto las políticas públicas como las inversiones. De esta manera, las decisiones pueden apoyarse en evidencias comparables entre diferentes países. El observatorio incorpora también nuevas funciones basadas en inteligencia artificial dirigidas a facilitar la interpretación de información compleja por parte de responsables políticos, especialistas técnicos y ciudadanía, y convertir esos datos en conocimiento aplicable.
La plataforma ya está abierta a las aportaciones de usuarios de todo el mundo con el objetivo de continuar perfeccionándola. La siguiente etapa se centrará en trabajar con los países integrantes de la IDRA para analizar cómo el nuevo índice puede incorporarse a sus procesos de toma de decisiones.
Con estas iniciativas, la COP17 vuelve a situar la prevención en el centro de la respuesta internacional frente a la sequía: no solo como una cuestión de protección ambiental, sino como una herramienta para preservar los ecosistemas, reducir pérdidas económicas y proteger a las poblaciones frente a unos riesgos climáticos que previsiblemente seguirán aumentando.
