El acceso al agua potable y al saneamiento no constituye únicamente una necesidad básica o un objetivo ambiental. Es un derecho humano indispensable para vivir con salud, seguridad y dignidad. Sin embargo, su cumplimiento continúa atravesado por profundas desigualdades económicas, territoriales y de género.
En un nuevo análisis, ONU Mujeres advierte de que las mujeres y las niñas soportan de manera desproporcionada las consecuencias de la crisis hídrica mundial. Además de encargarse con mayor frecuencia de recoger y administrar el agua para sus hogares, afrontan riesgos específicos relacionados con la violencia, la salud menstrual, el embarazo, los cuidados y la falta de instalaciones sanitarias seguras.
La emergencia climática, la degradación de los ecosistemas, el crecimiento de la demanda agrícola e industrial y una gestión deficiente de los recursos están agravando esta situación. Desde una perspectiva de derechos humanos, la escasez no puede analizarse únicamente en términos de disponibilidad: también deben considerarse la calidad, la accesibilidad física, la asequibilidad y la ausencia de discriminación.
La Asamblea General de Naciones Unidas reconoció en 2010 el derecho al agua potable y al saneamiento como esencial para el disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Posteriormente, la resolución 70/169, adoptada en diciembre de 2015, estableció que el agua y el saneamiento son derechos estrechamente relacionados, pero con características propias que requieren un tratamiento diferenciado.
Esto significa que todas las personas deben poder acceder, sin discriminación, a una cantidad suficiente de agua segura, aceptable, físicamente accesible y asequible para sus necesidades personales y domésticas. El saneamiento, por su parte, debe ser higiénico, seguro, culturalmente aceptable y garantizar privacidad y dignidad.
Ambos derechos están vinculados con el derecho a un nivel de vida adecuado, recogido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y con otros derechos fundamentales como la salud, la alimentación, la educación y la vivienda.
La Agenda 2030 incorporó este compromiso mediante el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, orientado a garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas. No obstante, ONU Mujeres alerta de que la medición oficial de sus avances todavía presenta importantes vacíos de género, lo que dificulta conocer y corregir las desigualdades existentes.
En siete de cada diez hogares sin agua corriente, las mujeres y las niñas son las principales responsables de recogerla. De acuerdo con el análisis de ONU Mujeres, elaborado a partir de información disponible en 53 países, ellas dedican a esta tarea tres veces más tiempo que los hombres y los niños.
Las horas empleadas en caminar hasta una fuente, hacer fila y transportar recipientes pesados reducen el tiempo disponible para estudiar, realizar un trabajo remunerado, descansar o participar en la vida comunitaria. Esta distribución desigual también reproduce la feminización del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
La responsabilidad puede implicar, además, graves riesgos para la integridad física. Los desplazamientos por caminos aislados y el uso de fuentes de agua, aseos o letrinas alejados del hogar exponen a mujeres y niñas al acoso, las agresiones y otras formas de violencia.
Garantizar infraestructuras cercanas, seguras y asequibles no solo mejora el abastecimiento. También contribuye a redistribuir los cuidados, ampliar la autonomía económica y proteger el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
La ausencia de aseos funcionales y privados en hogares, centros educativos, espacios públicos y lugares de trabajo restringe especialmente la movilidad y participación de mujeres y niñas. Cuando las instalaciones no tienen puertas, iluminación, agua para lavarse o condiciones mínimas de seguridad, satisfacer una necesidad fisiológica puede convertirse en una experiencia de miedo y exposición.
El problema es aún más grave para las personas menstruantes y embarazadas. ONU Mujeres señala que 156 millones de niñas de entre 10 y 19 años continúan sin disponer de servicios básicos de higiene. Esta carencia compromete su salud y dignidad y puede provocar ausencias escolares, aislamiento y menor participación en actividades sociales.
La pobreza menstrual no se limita a la falta de productos adecuados. También comprende el precio de estos artículos, la imposibilidad de acceder a agua limpia y baños seguros, la escasez de información y los estigmas que todavía rodean a la menstruación. Abordarla exige políticas públicas integrales y no respuestas asistenciales aisladas.
La falta de agua, saneamiento e higiene en los centros sanitarios incrementa el riesgo de infecciones durante el embarazo, el parto y el periodo posterior. Las mujeres que viven en países de ingresos bajos y medios, comunidades rurales o territorios afectados por conflictos y emergencias están especialmente expuestas.
La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que decenas de miles de mujeres y cientos de miles de bebés mueren cada año por infecciones relacionadas, entre otros factores, con la falta de agua, saneamiento y prácticas adecuadas de higiene. La organización recuerda que muchas muertes maternas son evitables cuando existen servicios sanitarios oportunos, profesionales cualificados e instalaciones adecuadas.
Garantizar agua limpia y suficiente en hospitales, maternidades y centros de atención primaria es, por tanto, una obligación vinculada con los derechos a la salud, la vida y una atención materna segura.
Aunque administran diariamente el agua en millones de hogares y comunidades, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los espacios donde se deciden las políticas, las inversiones y la gobernanza de los recursos hídricos.
Las agricultoras también afrontan barreras para acceder a la tierra, el crédito, la tecnología y la información. Estas desigualdades reducen su capacidad productiva y aumentan su vulnerabilidad frente a las sequías y la inseguridad alimentaria. Cuando escasean el agua y los alimentos, las mujeres y las niñas suelen asumir más trabajo y, en determinados contextos, ser las últimas en comer o recibir porciones menores.
Frente a esta realidad, ONU Mujeres reclama políticas que incorporen datos desglosados por género, reconozcan y redistribuyan los cuidados, inviertan en infraestructuras próximas a los hogares y garanticen la participación plena de las mujeres, incluidas aquellas pertenecientes a comunidades rurales e indígenas.
Una gobernanza hídrica con perspectiva feminista implica reconocer a las mujeres no solo como usuarias o víctimas de la crisis, sino también como defensoras de derechos, portadoras de conocimientos y protagonistas de las soluciones. Garantizar agua y saneamiento para todas las personas exige combatir las desigualdades que determinan quién accede al recurso, en qué condiciones y a costa del tiempo y la seguridad de quién.
