El incremento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio amenaza con extender sus efectos mucho más allá de los mercados energéticos. Según alertan la FAO y la OCDE en un informe conjunto, la persistencia de unos precios elevados del petróleo durante 2026 podría traducirse en una caída de la producción agrícola mundial y en un nuevo deterioro de la seguridad alimentaria, especialmente en los países de renta baja.
El informe señala que el encarecimiento de la energía repercute directamente en el precio de los fertilizantes, un insumo esencial para la agricultura. Como consecuencia, muchos productores podrían reducir su utilización, afectando al rendimiento de las cosechas y dificultando la capacidad de numerosos países para compensar con importaciones una menor producción nacional.
De mantenerse esta situación, la producción mundial de cereales podría disminuir un 0,9 % en 2027, mientras que en los países de ingresos bajos la reducción alcanzaría el 1,7 %, según las estimaciones de la FAO y la OCDE.
El impacto también llegaría a los consumidores. El aumento del precio de los alimentos obligaría a numerosos hogares vulnerables a modificar su dieta, sustituyendo productos como la carne, los huevos o los lácteos por alimentos básicos de menor coste y menor diversidad nutricional.
A pesar de este escenario, el informe mantiene que la producción agrícola y pesquera mundial podría crecer un 13 % hasta 2035, impulsada por mejoras en la productividad. Sin embargo, advierte de que estas previsiones dependen de un contexto de estabilidad internacional y podrían verse comprometidas por conflictos armados, crisis energéticas o nuevas fluctuaciones en el mercado de los fertilizantes.
Además, el documento subraya que existe un 25 % de probabilidad de que los ingresos agrícolas por trabajador en 2035 sean inferiores a los actuales si continúan repitiéndose las perturbaciones económicas y geopolíticas observadas en los últimos años.
El impacto del encarecimiento energético también centra el análisis del último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Según este organismo, los subsidios destinados a los combustibles fósiles podrían alcanzar 1,1 billones de dólares en 2026, una cifra que supone unos 410.000 millones de dólares más que el año anterior.
En un escenario de mayor tensión en los mercados internacionales, con un precio medio del petróleo de 110 dólares por barril, esos apoyos públicos podrían elevarse hasta 1,43 billones de dólares.
El PNUD afirma que numerosos países de ingresos bajos y medios han optado por subvencionar los combustibles, limitar los precios o aplicar reducciones fiscales para amortiguar el impacto sobre la población. Sin embargo, estas medidas también reducen la capacidad de financiar políticas públicas esenciales y retrasan las inversiones necesarias para acelerar la transición energética.
En este contexto, el administrador del PNUD, Alexander De Croo, advirtió de que recursos que podrían destinarse a construir escuelas, hospitales o sistemas de energía limpia están siendo utilizados para sostener las economías frente al incremento del coste de la energía.
El informe añade que la presión se agrava por el elevado endeudamiento de muchas economías en desarrollo. De media, estos países destinarán este año el 9,53 % de sus ingresos públicos al pago de intereses de la deuda, el porcentaje más alto registrado en un cuarto de siglo y el doble del nivel de hace diez años.
Según el PNUD, casi la mitad de los países más pobres ya se encuentran en situación de sobreendeudamiento o presentan un alto riesgo de alcanzarla, un escenario que combina dos amenazas simultáneas: una menor disponibilidad de alimentos y una capacidad cada vez más limitada para proteger a la población frente a futuras crisis económicas y climáticas.
