En los últimos años, organismos internacionales como la Organización Meteorológica Mundial, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medio Ambiente vienen alertando sobre el impacto creciente de las temperaturas extremas en la salud, especialmente en ciudades y entre colectivos vulnerables.
Europa registró en 2025 algunos de los episodios de calor más intensos desde que existen mediciones, una situación que, según diferentes informes climáticos, incrementa los riesgos sanitarios, energéticos y sociales. Las personas mayores, quienes viven solas, la infancia, trabajadores expuestos al exterior y hogares con menos ingresos son algunos de los grupos más afectados.
Diversos estudios sobre urbanismo y cambio climático muestran que no todos los barrios se calientan igual. Las zonas con menos árboles, escasez de espacios verdes, alta densidad de cemento y peor calidad de vivienda suelen registrar temperaturas significativamente más elevadas durante las olas de calor.
Este fenómeno, conocido como “isla de calor urbana”, impacta especialmente en barrios vulnerables donde muchas viviendas carecen de aislamiento térmico adecuado o ventilación suficiente. En estos contextos, mantener una temperatura segura dentro del hogar puede convertirse en un desafío económico.
La llamada pobreza energética de verano comienza además a ganar protagonismo en Europa. Tradicionalmente vinculada al invierno y la calefacción, hoy diferentes organizaciones sociales y ambientales advierten que cada vez más hogares no pueden asumir el coste de refrigerar sus viviendas durante los meses de calor extremo.
El acceso al aire acondicionado también refleja importantes diferencias sociales. Aunque su uso crece en numerosos países europeos debido al aumento de las temperaturas, no todas las personas pueden comprar estos equipos ni afrontar el incremento de consumo eléctrico que generan.
Al mismo tiempo, expertos en transición ecológica señalan que una expansión masiva de sistemas de refrigeración sin medidas de eficiencia energética podría aumentar la demanda eléctrica y agravar otros impactos ambientales. Por ello, organismos internacionales insisten en combinar soluciones tecnológicas con estrategias urbanas y sociales, como la rehabilitación energética de viviendas, el aumento de zonas verdes y la adaptación climática de las ciudades.
La Agencia Internacional de la Energía ha advertido en distintas ocasiones que el acceso a la refrigeración será uno de los grandes desafíos energéticos y sociales de las próximas décadas, especialmente ante el aumento sostenido de las temperaturas globales.
Cada vez más expertos hablan de “justicia climática” para explicar cómo la crisis climática no afecta de manera homogénea a toda la población. La capacidad de protegerse frente al calor depende, en gran medida, de factores económicos, urbanos y sociales.
En este contexto, organizaciones internacionales y entidades sociales reclaman políticas públicas que prioricen la rehabilitación de viviendas, el acceso universal a energía asequible, la planificación urbana sostenible y la protección de los colectivos más vulnerables frente a fenómenos extremos cada vez más frecuentes.
