La Comisión Europea ha propuesto el pasado 1 de julio una revisión de la Ley Europea del Clima que establece un nuevo objetivo vinculante: reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en un 90 % para 2040 en comparación con 1990. Esta medida se enmarca dentro de las orientaciones políticas de la Comisión para el periodo 2024-2029 y refuerza la senda hacia una economía europea descarbonizada de aquí a 2050.
Según ha informado la propia Comisión, la propuesta parte del compromiso ya existente de reducir las emisiones en al menos un 55 % para 2030 y plantea una vía más flexible y pragmática para alcanzar el objetivo de largo plazo, sin perder de vista la viabilidad económica, la equidad social y la resiliencia energética del continente.
La iniciativa llega en un contexto de fuerte respaldo social. El último Eurobarómetro ha confirmado que los ciudadanos europeos apoyan firmemente la acción climática, ofreciendo así un sólido mandato para seguir avanzando con políticas de transición ecológica. “Los ciudadanos europeos sienten cada vez más el impacto del cambio climático y esperan que Europa actúe”, afirmó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. “El objetivo es claro, el camino es pragmático y realista”.
La Comisión subraya que esta propuesta no solo busca reducir emisiones, sino también generar oportunidades económicas. En consonancia con el Pacto por una Industria Limpia, la Brújula para la Competitividad de la UE y el Plan de Acción para una Energía Asequible, se pretende ofrecer seguridad y estabilidad a inversores y empresas. Esto fomentará la innovación tecnológica, impulsará el empleo y fortalecerá la independencia energética de Europa.
El planteamiento introduce nuevas formas de flexibilidad para alcanzar el objetivo del 90 %. Por ejemplo, a partir de 2036 se podrán considerar créditos internacionales de alta calidad, y se permitirá a los Estados miembros compensar déficits en sectores con buenos resultados en otros, como el transporte o los residuos. También se integrarán las absorciones permanentes de carbono en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE UE).
El nuevo marco climático posterior a 2030 se basará en principios como la neutralidad tecnológica, la eficiencia, la simplicidad normativa y la justicia social. Además, tendrá en cuenta las particularidades de cada país miembro.
Para facilitar esta transición, la Comisión ha anunciado varias iniciativas complementarias, como la Comunicación sobre la aplicación inicial del Pacto por una Industria Limpia. Entre sus avances destacan la aprobación del Marco de ayudas estatales, la simplificación del Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (MAFC) —que ahora exime al 90 % de los importadores—, y recomendaciones fiscales para acelerar la inversión en tecnologías limpias, como la amortización acelerada o créditos fiscales.
También se han presentado directrices para mejorar la implementación de las normativas en renovables, promover acuerdos de compra de energía y preparar el terreno para un futuro Banco de Descarbonización Industrial y un Plan de Acción para la Industria Química.
Este nuevo objetivo climático también marca una posición firme de cara a la comunidad internacional. La Comisión quiere mostrar que la UE sigue comprometida con el Acuerdo de París y que colaborará con sus socios globales para reducir las emisiones a nivel mundial. Con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP30) prevista para noviembre en Belém (Brasil), Bruselas trabajará con la Presidencia del Consejo para cerrar la nueva contribución determinada a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés). La propuesta de la Comisión representa un nuevo paso en la hoja de ruta europea hacia la neutralidad climática, apostando por una transición que combine ambición ambiental, responsabilidad social y competitividad económica.
