Para empezar, ¿qué es un índice serio y riguroso? Se supone que aquel que se elabora de manera ortodoxa y profesional, utilizando información fidedigna pero, por cierto y en este caso, ¿sacada de donde?; ¿a qué se puede parecer dicho índice, a las listas de pederastas que se publican en otros países? Discrepo de Ramón con quién me une una gran amistad así como una enorme afinidad ideológica y política, pero, en este caso, considero su planteamiento desafortunado.
Hemos de partir siempre de la consideración V-O-L-U-N-T-A-R-I-A de la Responsabilidad Social, por tanto, ¿cómo va ser posible un ranking de persecución? ¿en orden a qué, planteado por quién, contrastando donde, organizado cómo? Lo curioso es la "clac" de aplaudidores que ha concitado la opinión de Jáuregui. ¿Dónde está la legitimidad de este planteamiento o, porqué no uno sobre las subvenciones a las ONG o uno sobre promesas electorales no cumplidas o sobre las consecuencias de la crisis hasta ahora no nombrada ni asumida?
Planteamientos como estos suenan a un cierto "paternalismo vigilante", que olvida la anteriormente mencionada voluntariedad y que, lo siento amigo Ramón, resuenan desde una orientación demagogia que mantiene un cierto tinte populista sobre la "legítima" persecución empresarial. Dice el aserto legal que "si no hay pena, no hay castigo". En este caso, ¿sobre qué se sostendría una posible pena para estas empresas, sobre la mentira, el uso indebido de la información o sobre la tergiversación de la información? De ser basado en alguno de los anteriores, todos ellos tienen su referencia en el ámbito civil, mercantil e incluso penal. Elijamos alguno pero sabiendo las implicaciones, sobre todo cuando no sea posible la demostración.
¡Todos coincidimos en la no posibilidad de contraste sobre lo que las empresas dicen que hacen en materia de RSE como para resultar más probable comprobar lo que éstas no hacen! Imposible.
Por cierto, más trabajo para el Consejo (¿Consejo, qué Consejo?).
Manuel Carneiro Caneda
