Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Alicante, Murcia y Madrid han marcado hoy el inicio de la campaña que se prologará hasta el 3 de noviembre con actos en más de 20 ciudades. En Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Alicante se han realizado acciones simbólicas de reconocimiento por comprometerse a ser territorios libres de paraísos fiscales, como las que se harán a lo largo de estos días en las ciudades que ya han aprobado la moción. En ellos, además se les animará a que sigan avanzando en habilitar la normativa necesaria para su aplicación
En las ciudades que todavía no han aprobado la moción, se van a desarrollar actos para “invitar” al municipio a convertirse en Zonas Libres de Paraísos Fiscales como el celebrado hoy en Madrid y Murcia.
Simbólico “Me gusta”
El ayuntamiento de Barcelona es el que más ha avanzado para convertirse en ZLPF desde que el pasado 19 de mayo aprobara un decreto, por el que se regula no contratar con empresas que desvían beneficios hacia paraísos fiscales para evadir impuestos. En el consistorio barcelonés, el director de Cataluña de Oxfam Intermón, Francesc Mateu, ha entregado un simbólico “Me gusta” al primer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello, en reconocimiento a los pasos que están dando para convertirse en ZLPF.
Mateu ha destacado “el activo rol que juega la Administración pública como actor determinante en la economía española. Las contrataciones públicas en España equivalen al 25% del PIB. El papel irresponsable de las empresas en esta materia causa graves mermas en los recursos públicos necesarios para acometer políticas sociales”.
El primer teniente de alcaldía ha explicado: “Queremos garantizar en la contratación pública municipal la transparencia y la competencia en igualdad de condiciones entre las empresas y no queremos ser cómplices ni quedarnos de brazos cruzados ante los que defraudan tributar donde realizan la actividad económica y se llenan la boca con la palabra patria. Por ello, en Barcelona hemos aprobado un decreto que fija en todos los pliegos una cláusula esencial que obliga a las empresas licitadoras a declarar si tienen relaciones con paraísos fiscales y permite rescindir el contrato si incumplen esta cláusula, es decir, si falsean la declaración de no operar de forma ilícita en paraísos fiscales”.
“Esto quiere decir que si se demuestra que una empresa o su filial realiza una actividad delictiva en un paraíso fiscal -como blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la Hacienda Pública-, podemos rescindir los contratos, lo que hasta ahora no había sido previsto en la normativa municipal. Demostramos pues que las cosas se pueden hacer de forma diferente”, según Pisarello
En el ámbito autonómico, las comunidades de Navarra, Cataluña, Aragón y Castilla La Mancha también se han sumado a la iniciativa aprobando mociones.
