Cuando hablamos de cambio climático solemos hacerlo desde la perspectiva de los grandes desafíos globales. Hablamos de objetivos para 2030, de neutralidad climática para 2050, de acuerdos internacionales o de porcentajes de reducción de emisiones. Son conversaciones necesarias, porque marcan el rumbo que debemos seguir como sociedad. Sin embargo, a veces corremos el riesgo de olvidar algo fundamental: la transición energética no se juega únicamente en las cumbres internacionales ni en los grandes planes estratégicos. Se juega, sobre todo, en nuestra capacidad para transformar esos compromisos en proyectos concretos.
El lema elegido este año por Naciones Unidas para el Día Mundial del Medioambiente, Nuestro Poder. Nuestro Planeta, apunta precisamente en esa dirección. Nos recuerda que la lucha contra el cambio climático no depende únicamente de decisiones políticas o de avances tecnológicos, sino también de la capacidad colectiva para actuar. Y actuar significa construir. Construir infraestructuras, desplegar soluciones, facilitar nuevas formas de consumir energía y generar las condiciones necesarias para que la sostenibilidad deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad cotidiana.
Durante los últimos años hemos avanzado mucho en el diagnóstico. Existe un consenso prácticamente unánime sobre la necesidad de acelerar la descarbonización de nuestra economía. Sabemos que debemos reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, electrificar el transporte, incrementar la generación renovable y mejorar la eficiencia energética. Lo que resulta más difícil es avanzar al mismo ritmo en la ejecución.
La transición energética tiene una particularidad que a menudo pasa desapercibida: requiere una enorme cantidad de infraestructura. No basta con querer cambiar las cosas. Hace falta que existan redes eléctricas preparadas para asumir una mayor demanda, plantas fotovoltaicas capaces de producir energía limpia a gran escala, sistemas de almacenamiento que aporten estabilidad al sistema y puntos de recarga que permitan a millones de ciudadanos adoptar nuevas formas de movilidad con normalidad.
Además, existe otro aspecto que merece una atención especial. Con frecuencia presentamos la acción climática únicamente como una obligación medioambiental, cuando en realidad también constituye una oportunidad económica y estratégica de primer orden. España es uno de los países europeos con mayor potencial para generar energía renovable. Disponemos de recursos solares y eólicos excepcionales y contamos con empresas capaces de desarrollar la tecnología y las infraestructuras necesarias para aprovecharlos.
Esto significa que la transición energética no solo puede ayudarnos a reducir emisiones. También puede reforzar nuestra autonomía energética, generar empleo, atraer inversión y aumentar nuestra competitividad. Durante décadas hemos dependido de la importación de combustibles fósiles para alimentar buena parte de nuestra actividad económica. Hoy tenemos la posibilidad de sustituir una parte creciente de esa dependencia por energía producida aquí, con recursos propios y con un impacto ambiental mucho menor.
La movilidad eléctrica representa uno de los ejemplos más visibles de esta transformación. Más allá de sus beneficios ambientales, permite conectar directamente la producción de energía renovable con el transporte, uno de los sectores que más emisiones genera. Cada avance en este ámbito supone una oportunidad para reducir emisiones, pero también para fortalecer un modelo energético más eficiente, más resiliente y menos expuesto a la volatilidad de los mercados internacionales.
Por supuesto, el camino no está exento de obstáculos. La complejidad administrativa, los largos plazos de tramitación o las dificultades para desarrollar determinadas infraestructuras siguen ralentizando proyectos que podrían estar contribuyendo ya a los objetivos climáticos. Si realmente queremos acelerar la transición, debemos asumir que la agilidad administrativa es también una herramienta climática. Cada proyecto que se retrasa supone tiempo perdido en una carrera que no admite demasiadas demoras.
A pesar de ello, existen motivos para el optimismo. La tecnología está disponible, la inversión sigue llegando y la sociedad muestra cada vez una mayor sensibilidad hacia estos desafíos. Lo que necesitamos ahora es mantener el impulso y centrar la conversación en cómo hacer posible el cambio, más que en si debemos hacerlo.
Porque, en realidad, la pregunta ya no es si estamos dispuestos a avanzar hacia un modelo energético más sostenible. La pregunta es si seremos capaces de hacerlo con la velocidad que exige el momento que vivimos.
El poder al que se refiere Naciones Unidas no es abstracto. Es el poder de quienes invierten, desarrollan, innovan, regulan y toman decisiones cada día. Es el poder de convertir los compromisos en realidades. Y es precisamente ahí, en esa capacidad de construir, donde se juega buena parte del futuro de nuestro planeta.
