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Una transición justa

Durante el 12º Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, una variedad asamblea de agentes interesados, entre las que había representantes de ONGs, activistas, empresas y funcionarios gubernamentales, se reunió en la llamada Sala XX del Palacio de las Naciones de Ginebra.  En la conferencia se deliberó sobre el estado actual de los derechos humanos, los avances recientes y los esfuerzos futuros. Se hizo un apremiante llamamiento a dejar de separar la crisis climática de la crisis humana, haciendo hincapié en su naturaleza interconectada. Con el 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como telón de fondo, los participantes reconocieron los intrincados vínculos entre estos retos, allanando el camino para debatir cómo las empresas pueden desempeñar un papel transformador en la elaboración de soluciones sostenibles. Esta afirmación subrayó el papel vital de una acción decisiva para garantizar una transición climática justa y sostenible.

Derechos humanos, Estado y violaciones

La conferencia profundizó en el actual panorama mundial de los derechos humanos, en el que se cierne una tríada de desafíos: conflictos políticos, cambio climático y avances tecnológicos. La interconexión entre las crisis climática y humana subraya el imperativo de una transición justa. En particular, las cadenas de suministro se convirtieron en el centro de los debates, revelándose como un punto crítico de riesgo en referencia a los abusos de los derechos humanos. Las comunidades indígenas, que salvaguardan el 80% de la biodiversidad restante[1], se llevan la peor parte de las violaciones de los derechos humanos, enfrentándose a problemas como la discriminación, el expolio de tierras y la explotación de recursos, y son las más vulnerables a los efectos negativos del cambio climático.

Sorprendentemente, las comunidades, ya muy afectadas por el cambio climático, se ven doblemente sobrecargadas y son víctimas de las iniciativas de transición climática que implican proyectos de infraestructuras y energías renovables a gran escala en sus tierras y la intensificación de la extracción de minerales. Por ello, el foro hizo hincapié en la importancia, aunque limitada en la práctica, de los derechos de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), instando a las empresas a comprometerse con las comunidades indígenas. El cambio de mentalidad de una consideración moral a una asignación estratégica de recursos es crucial para fomentar prácticas empresariales responsables y sostenibles.

Además, las complejidades de las migraciones humanas, especialmente en respuesta al cambio climático, sacan a la luz importantes lagunas en los marcos jurídicos y políticos. La crisis cada vez más grave del trabajo forzoso y del trabajo infantil supone una amenaza para hombres, mujeres y niños, y está alimentada principalmente por intereses económicos privados. Se calcula que en la actualidad 50 millones de personas son víctimas de la esclavitud moderna[2].

Un análisis más detenido de los derechos de los trabajadores en este contexto revela preocupaciones acuciantes, como la libertad de asociación, el acceso a la reparación y los derechos fundamentales en el lugar de trabajo. Incluso en los países más desarrollados, los trabajadores se enfrentan a obstáculos para salvaguardar sus derechos y negociar unas condiciones laborales justas. El foro hizo hincapié en la necesidad de mecanismos sólidos de protección, acceso a la justicia y reparación para los trabajadores sometidos a abusos de los derechos humanos, incluidos los derivados de cambios inducidos por el clima.

Futuras normativas y soluciones

Celebrando una década de andadura de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP, por sus siglas en inglés), el foro reafirmó la normativa mundial. Refrendados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011, los UNGP ofrecen un marco integral, "Proteger, Respetar y Remediar", que esboza las responsabilidades de los Estados y las empresas en materia de derechos humanos. También se debatieron las normas de la Organización Internacional del Trabajo y de la OCDE[3], haciendo hincapié en el imperativo de reforzar la diligencia debida, especialmente en lo que respecta a las poblaciones indígenas. También se subrayó la necesidad de aumentar la transparencia y la evaluación de riesgos de las cadenas de suministro, lo que ilustra el papel fundamental que pueden desempeñar las empresas en el respeto y la salvaguarda de los derechos humanos.

Al contemplar el futuro, el foro concluyó con un llamamiento a soluciones innovadoras y esfuerzos concertados para abordar el intrincado nexo entre la actividad empresarial y los derechos humanos. En los debates se destacaron los esfuerzos del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta (OEIGWG) por elaborar un "instrumento jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales".  El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos presentará un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2024, en el que se estudiará la armonización de las prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en el sector financiero con los UNGP.

En la clausura del foro, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó: "Les insto a que sitúen los derechos humanos en el centro de todas las decisiones sobre el clima en la COP 28 y más allá".

 

 

[1] El papel de los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad, Claudia Sobrevila, Banco Mundial, mayo de 2008.

[2] Informe Global Estimates of Modern slavery, Organización Internacional del Trabajo, septiembre de 2022

[3] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

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