Los procesos electorales son paréntesis en materia legislativa y, en un momento de adelanto electoral como en el que nos encontramos, es importante tener en cuenta la lista de leyes que se han quedado por el camino antes de ser aprobadas. Una de las afectadas ha sido la Ley de Movilidad Sostenible, cuyo periodo de recepción de enmiendas ya sufrió siete ampliaciones hasta el momento. Su aprobación en el Congreso de los Diputados estaba prevista para las próximas semanas, pero la reciente disolución de las Cortes vuelve a retrasar su puesta en vigor.
Sin entrar a analizar el contenido detallado de la Ley o las opiniones favorables y desfavorables de la misma, lo cierto es que queda paralizado un marco legislativo cuyo objetivo es avanzar hacia una movilidad más sostenible.
En este sentido, el Proyecto de Ley del 27 de enero de 2023 apostaba por mejorar la movilidad basándose en cuatro pilares: la movilidad como un derecho social, una movilidad limpia y saludable, un sistema de transporte digital e innovador, y una mejor inversión al servicio de los ciudadanos. La sostenibilidad que abandera esta Ley se conseguía a través de acciones tales como la implementación de zonas de bajas emisiones (ZBE), planes de movilidad al trabajo, la promoción del uso de la bicicleta o el refuerzo de la sostenibilidad en los transportes de mercancías, entre otras muchas. Todo ello situando a la ciudadanía en el centro de las políticas públicas independientemente de donde vivan.
A pesar de estos importantes avances, este Proyecto de Ley también presentaba algunas imperfecciones. La Estrategia de Movilidad Inteligente y Sostenible, presentada desde la Unión Europea hace tres años, fijaba como objetivo para el 2050 la reducción del 90% de las emisiones provocadas por el sistema de transportes. En cambio, la Ley de Movilidad Sostenible no contemplaba objetivos intermedios para alcanzar esta meta. Los expertos en movilidad sostenible echamos de menos más ambición., Sin embargo, el despliegue de esta Ley era una muy buena noticia. Su paralización, además de retrasar su aprobación, pone en duda su desarrollo.
Y es que, ¿llegaremos a ver al Congreso de los Diputados votar esta Normativa? Los tiempos parlamentarios dependen de los propios resultados electorales y de la capacidad negociadora de los políticos. Poniéndonos en el escenario más ágil, lo más probable es que la Ley de Movilidad Sostenible no se retome hasta 2024, incumpliéndose así el compromiso de España con la Unión Europea para el 2023. Y muy probablemente con la necesidad de volver a ajustar su articulado.
En junio de 2021 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Comisión Europea establecía la necesidad de aprobar la Ley de Movilidad Sostenible para situar al país en la senda del proceso de descarbonización. Pasados dos años, corremos el riesgo de volver a la casilla de salida.
Cuanto más tiempo tardemos en aprobar la Ley, más nos costará converger con los objetivos medioambientales a nivel internacional. Y la crisis climática no entiende de esperas.
