Lecciones aprendidas y rectificación de las instituciones europeas: la nueva directiva de información no financiera

La Directiva 2014/95/UE sobre información no financiera generó amplias expectativas de mejora de la calidad de información social y medioambiental, que sin embargo no se han cumplido. En el caso de España, pese a tener una de las leyes más avanzadas en relación  a otros países, la falta de criterios específicos sobre la información a reportar, la carencia de mecanismos adecuados de supervisión y de sanciones que aseguren su cumplimiento, y la falta de fiabilidad, relevancia y comparabilidad de la información limita la eficacia de la Ley y la utilidad de los Estados de Información no Financiera, como se atestigua en el estudio que elabora anualmente el Observatorio de RSC sobre las empresas del Ibex. Lo que ha quedado constatado por parte de la propia Comisión Europea es que los avances en la calidad de la información no financiera impulsados por la Directiva del 2014  no son suficientes y la información provista por las empresas en términos generales no es relevante, material, fiable y comparable, y en la mayor parte de los casos tiene una orientación alejada del objetivo de rendición de cuentas que persigue la directiva, limitándose hacia una exposición de logros empresariales y buenas prácticas.

La nueva directiva de información no financiera aprobada por el Consejo de la UE el 28 de noviembre,  nos genera una buena sensación al corregir algunos de los fallos de la anterior directiva identificados a partir de la limitada calidad y comparabilidad de los Estados de Información no Financiera de las empresas obligadas. La nueva directiva directiva introduce importantes novedades que acercan a la información no financiera al nivel de relevancia, rigurosidad, exhaustividad y control que se espera de la información financiera. Por un lado, la directiva amplia el ámbito de aplicación a un mayor número de empresas, incluyendo a todas las grandes empresas (43.500 a 18 mayo de 2022)[1], así como a las pymes cotizadas. 

Paralelamente a la nueva propuesta de Directiva, la Comisión Europea encarga al European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) desarrollar un proyecto de norma de reporte “universal” para Europa, alineada con los requisitos de otras recientes normativas como el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) o de Taxonomía, lo que favorecerá la comparabilidad de los informes, y por tanto de las empresas. La  nueva directiva introduce la doble materialidad y para facilitar la accesibilidad establece que la información deberá en un formato único electrónico y propone la creación de un punto de acceso único europeo con información financiera y de sostenibilidad. En relación con la fiabilidad de la información la propuesta plantea a medio plazo un nivel análogo de aseguramiento entre los informes financieros y de sostenibilidad y una mayor responsabilidad del Consejo de Administración y los órganos de dirección de la empresa en corresponsabilidad con los representantes de los trabajadores. La nueva directiva también incluye importantes novedades en relación a contenidos como las actividades relacionadas con el  ejercicio de influencia política, incluidas sus actividades de presión, cuestión fundamental para aportar a la ruptura del desequilibrio de poder derivado de la influencia y capacidad de presión  de grandes corporaciones sobre las políticas públicas. La transposición de la directiva a España para ser efectiva deberá contemplar sanciones elevadas y la identificación de responsabilidades individualizadas para los directivos de la empresa. También debería reconocer a las organizaciones del  tercer sector el  derecho a exigir investigaciones sobre una posibles infracciones con el respaldo financiero y procesal del Estado. Desde el Observatorio hemos denunciado públicamente y ante el supervisor el incumplimiento de la Ley 11/2018 sin consecuencias conocidas hasta el momento.

Son muchas las novedades introducidas en el nuevo texto, y desde el Observatorio de RSC esperamos que en esta ocasión la Ley sirva para que la información no financiera sea relevante, exhaustiva, comparable y material y contribuya a una economía más sostenible. Espero que la lección aprendida sirva para otras iniciativas legislativas: una vez identificado el problema o la necesidad, la intervención del regulador debe ser inmediata, no como en el caso que nos ocupa cuyo debate se remonta a 2005. Una segunda lección aprendida es que una regulación ineficiente provoca la aparición de Free riders, contribuye al coste de agencia y retrasa la consecución de objetivos de política económica, social y medioambiental.

 

[1] Extraído el 06 de agosto de 2022 de https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tin00145/default/table?lang=en

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