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Deforestación: ¿cuál podría ser el impacto en el mercado de la nueva prohibición de la UE?

La UE parece dispuesta a exigir a las empresas que demuestren que los productos agrícolas que importan no contribuyen a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y al cambio climático a través de la deforestación.

 El bloque se esfuerza en garantizar unos hábitos de consumo más sostenibles, con una nueva legislación destinada a frenar la deforestación y la degradación de los bosques vinculada a productos básicos importados, como el aceite de palma y la soja.

 La expansión de las tierras agrícolas utilizadas para producir determinados productos básicos, y la deforestación asociada, ha transformado algunas zonas del mundo que antes actuaban como sumideros, capaces de absorber los gases de efecto invernadero (GEI), en emisores netos de CO2.

La legislación propuesta prevé sustituir la demanda de la UE de productos básicos vinculados a la deforestación por productos sostenibles y cadenas de suministro sin deforestación.

 En su último informe, publicado el 4 de abril, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) recordaba que la lucha contra la degradación de la tierra y el freno a la deforestación son fundamentales para reducir las emisiones de GEI, una prioridad urgente para luchar contra el calentamiento global.

Abordar la deforestación tropical, entre otras soluciones climáticas naturales, podría aportar más de un tercio del ahorro de GEI necesario para cumplir el objetivo de 1,5C del Acuerdo de París. 

Los bosques tropicales retienen más carbono que cualquier otro tipo de bosque y albergan la mayor diversidad de especies.

 Centrarse en las emisiones de deforestación "importadas”

Está claro que los inversores de empresas europeas y de países fuera de Europa vinculados a la producción no sostenible de materias primas implicadas en la deforestación deben tener en cuenta los inminentes cambios normativos.

Además, los cambios también ponen de manifiesto los riesgos materiales que pueden derivarse de las medidas de mitigación por el lado de la demanda y de los cambios de comportamiento hacia un consumo más sostenible.

En términos más generales, las instituciones financieras podrían empezar a estar expuestas a los riesgos derivados de las políticas de protección del entorno natural y de reducción del agotamiento de los recursos naturales.

Los bosques desempeñan un papel importante en la transición al cero neto. Cubren alrededor del 30% de la superficie terrestre mundial y absorben 2,6 gigatoneladas de dióxido de carbono (Gt CO2) en 2020, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Esto supone un tercio del CO2 liberado por la quema de combustibles fósiles en 2020, lo que subraya la importancia mundial de los bosques como sumidero fundamental de carbono.

Mientras tanto, la expansión de la agricultura es el principal impulsor de la deforestación y se calcula que sus emisiones de carbono asociadas representan alrededor del 20% de las emisiones mundiales de CO2 "antropogénicas", o sea, asociadas a la actividad humana.

Hay antecedentes de intentos de abordar esta cuestión.

En 2015, la UE, junto con otros Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU), se comprometió a detener la deforestación para 2020. El compromiso se incorporó a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que son un plan para lograr un futuro más sostenible.

A pesar de estos esfuerzos, el consumo de la UE sigue siendo uno de los principales impulsores de las emisiones mundiales de deforestación "importada" relacionadas con el comercio internacional de productos agrícolas. Las emisiones de deforestación importada se definen como los cambios en las reservas de carbono debidos a la pérdida de bosques y al impacto del uso posterior de la tierra.

La UE importa una cantidad significativa de emisiones debidas a la deforestación, lo que supone más de 100 millones de toneladas de dióxido de carbono (Mt C02) al año (véase el gráfico 1, más abajo). Esto equivale a las emisiones anuales totales producidas por un país como Grecia.

Otros grandes países como China, India y EE.UU. también impulsaron importantes cantidades de emisiones de carbono fuera de sus fronteras a través de su demanda de productos agrícolas.

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Sin embargo, los responsables en materia de regulación no han tenido en cuenta estas emisiones de deforestación importadas hasta ahora.

Según los principios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y las mejores prácticas del IPCC, sólo se contabilizan como emisiones de GEI las que se producen dentro del territorio de un país.

Esto implica que los objetivos nacionales de reducción de GEI y los compromisos de los países consumidores ignoran una importante fuente de emisiones.

A menudo centramos nuestra atención en los riesgos del cambio climático derivados de la generación de CO2 en el lado de la producción de la economía. Pero los cambios de comportamiento y de regulación impulsados por la necesidad de un consumo más sostenible podrían hacer que los mercados financieros piensen en ellos desde otra perspectiva.

Este cambio podría ser el resultado de vincular las emisiones de carbono a la demanda de bienes y servicios.

Entre 2005 y 2018, la UE fue el mayor importador de emisiones de deforestación al ser responsable de 2,7 millones de hectáreas de deforestación, emitiendo 1.515 Mt de CO2.

Las emisiones importadas del bloque representaron más del 25% de todas sus emisiones agrícolas durante este período.

Para algunos países, como Italia y España, las emisiones importadas representan más del 40% de las emisiones agrícolas nacionales. En el caso de países como Bélgica y los Países Bajos, este porcentaje supera el 65% (gráfico 2, abajo).

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La nueva normativa propuesta por la UE es consecuencia de un nuevo compromiso asumido en la conferencia sobre el clima COP26 de la ONU, celebrada en Glasgow el pasado mes de noviembre.

En lo que se consideró uno de los éxitos de la conferencia, 100 líderes de países individuales, así como una serie de empresas, incluida Schroders, se reunieron y se comprometieron a poner fin a la deforestación para 2030.

El reglamento de la UE abarcará la deforestación legal e ilegal e impondrá a los importadores normas obligatorias de diligencia debida que exigirán una estricta trazabilidad de seis productos básicos que son los principales causantes de la degradación de la tierra.

Estos productos son el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja y la madera, en los que la UE supone una parte importante de la demanda mundial.

Los datos de la FAO muestran que la UE representa más del 60% de las importaciones mundiales de cacao, el 50% de las de café y el 30% de las de ganado vacuno (véase el gráfico 3, más abajo).

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La prohibición propuesta supone un cambio en la respuesta de Europa al acuciante reto mundial de la deforestación y ayudará a los países europeos a reducir sus emisiones de carbono.

La prohibición también ayudará a abordar la pérdida de biodiversidad que los países impulsan a través de su consumo de estos productos básicos. Además, se prevé que el comercio de la UE se desplace hacia los países productores de "bajo riesgo" desde los de "alto riesgo", lo que afectará a la economía del comercio mundial.

En términos más generales, con la evolución del mundo hacia una economía con bajas emisiones de carbono, es probable que las políticas más estrictas para hacer frente al cambio climático reduzcan el acceso al mercado de las empresas que no reduzcan las emisiones. Con la intensificación del escrutinio normativo, empezaremos a ver cómo las prohibiciones afectan a los ingresos y aumentan los riesgos para la reputación.

Las empresas expuestas a la deforestación y a la pérdida de biodiversidad también se enfrentarán a los mayores costes operativos y verán un impacto negativo en su calidad crediticia que se traducirá en mayores costes de financiación.

El riesgo de deforestación también tiene implicaciones para la salud soberana de los países, ya que afecta a su capacidad para emitir deuda y reembolsarla de forma coherente con la normativa medioambiental. La pérdida del "capital natural" de un país, es decir, de elementos de la naturaleza que proporcionan importantes beneficios económicos, afecta negativamente a sus resultados a largo plazo.

Los países que dependen en gran medida de la exportación de bienes relacionados con la deforestación pueden ver afectada su balanza de pagos por la prohibición de importación de la UE. Esto podría ocurrir a través de una reducción de los ingresos por exportación, dada la importancia de la demanda de la UE en los flujos comerciales mundiales.

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Entre 2005 y 2018, el aceite de palma, la soja y el ganado vacuno fueron los productos básicos con mayores emisiones importadas de deforestación tropical en la UE, seguidos del cacao y el café. Los datos muestran que Indonesia, Brasil y Malasia son los países exportadores más vulnerables al nuevo reglamento.

Los países del sudeste asiático están expuestos por su producción de aceite de palma, con la UE importando el equivalente a 1.700 millones de euros de Indonesia y 1.000 millones de euros de Malasia en 2019. De Brasil, la UE importó más de 1.600 millones de euros de soja en el mismo año.

Dada la importancia de la demanda de la UE en el comercio mundial de estas materias primas, el nuevo reglamento tendrá un efecto sobre los niveles mundiales de deforestación. Sin embargo, es posible que las cadenas de suministro de la UE se liberen de la deforestación y simplemente desvíen los productos básicos, y el riesgo asociado a su comercio, a otros mercados, por ejemplo, China o Estados Unidos.

La prohibición de la UE debe considerarse un paso adelante en la lucha contra las emisiones basadas en el consumo, pero hasta que no veamos que otros grandes países consumidores aplican prohibiciones similares, el riesgo de desviar simplemente las emisiones a otros mercados seguirá siendo elevado.

 Esto pone de manifiesto la necesidad de cooperación y coordinación mundial en la lucha contra el cambio climático.

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