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Mujeres migrantes, las “vecinas” invisibles

Viven con nosotros, pero no las vemos. Están ahí, en el sur, recogiendo nuestros tomates, fresas, arándanos o pepinos, pero no figuran. Vecinas invisibles que tienen tantas batallas delante por librar, y lo hacen, que nos les queda tiempo para la vida. A ellas conviene recordar en este Día de la Justicia Social, porque si hay alguien que no la tiene son, precisamente, las mujeres migrantes que llegaron a este país a bordo de sueños y necesidad para acabar en poblados chabolistas que abochornan.

Escuchar a Nora en el documental “Vecinas, vivas donde vivas”, de Alianza por la Solidaridad-Action Aid, nos pone delante lo que es vivir entre plásticos y trabajar entre plásticos, un día y otro día, y otro más. Ella, en el asentamiento chabolista de Atochares (Níjar, Almería), un lugar que se asemeja más al imaginado inframundo de en el que sobreviven unas 1.000 personas. “ Viven peor que en campos de refugiados”, llegó a decir el relator de la ONU Philip Alston en 2020 cuando visitó uno similar en Palos de la Frontera. Nora y otras vecinas nos cuentan sus miedos a un incendio –en Atochares hubo tres en el pasado 2021-, sus problemas para conseguir agua o lo duro que es vivir con una mínima higiene donde solo hay miseria.

Y si todo ello ya es de por si es injusto, porque ellas trabajan, la mayoría como jornaleras en el campo, sin contrato, explotadas por agricultores que se pasean en grandes todoterreno, ¿qué decir de los problemas que les ponen para trámites, como empadronarse, en los municipios las autoridades públicas?  Conseguir ese papel se convierte en un reto imposible. Sin él, aunque tuvieran un contrato, no pueden acreditar que llevan al menos tres años viviendo en España, el arraigo que exige la Ley de Extranjería vigente para poder conseguir el permiso de residencia y trabajo. Un derecho al que cualquiera tenemos acceso por ordenador del que son privadas .

¿Qué cómo lo hacen en los ayuntamientos para esquivar la ley que les obliga a facilitarlo? Pues, como denuncian desde esta ONG, poniendo palos en las ruedas de la normativa: obligando a pedir citas ‘on line’ que luego no llegan, limitando horarios, pidiendo documentos que no tienen, imponiendo barreras idiomáticas… Las estrategias son diversas y varían según el caso.

Y así, mientras desde la Junta de Andalucía se lavan las manos –“Es culpa de los municipios”-, la justicia social sangra en España sobre los campos del sur. “En el centro de salud nos pedían también el empadronamiento y no lo tenemos”, denunciaba Fátima, de origen marroquí, en plena pandemia del COVID-19 desde otro asentamiento en Palos de la Frontera (Huelva), lugar desde donde se esquilman en cultivos de fresas, además de los acuíferos del Parque Nacioanl de Doñana, los derechos humanos.

Duele escuchar a una autoridad autonómica que “hay quien no quiere vivir” en una casa digna y prefiere la chabola, sin cuestionarse que casi nadie, por ser generosa en el ‘casi’, alquila quien no presente contrato ni papeles; duele entrar en la infravivienda de Marian en Palos de la Frontera y ver que tapa su ventana con una tela con el símbolo de los ODS y el lema: “Almería 2030” como símbolo de un desarrollo sostenible y social que no tiene más que ese lugar en su existencia; y duele saber que Nora, de Atochares, tuvo finalmente que pagar 300 euros para que una mafia le facilitara el empadronamiento en Níjar -hasta 1.500 euros le piden si quiere que sea con carácter retroactivo por dos años - , un trámite administrativo que es legal y gratuito.

En pleno siglo XXI, en un país europeo y civilizado, estas mujeres y muchas más, que recogen frutos o cuidan ancianos, que nos limpian casas o dan cobijo a nuestros hijos, siguen siendo el escaparate de una gran injusticia social: no ser consideradas seres con derechos y dejarlas, por ello, en manos de los abusadores laborales, sexuales y también institucionales.

Han pasado 15 años desde la última regularización de personas migrantes en España. Se calcula que hay más de medio millón en esa situación. Quién lo sabe con certeza. Nos dimos cuenta de que estaban ahí cuando, en la primavera de 2020, en pleno confinamiento por el COVID-19, necesitamos sus manos para nuestras cosechas.  Luego, volvimos a encerrarles en el cajón del olvido.

Hoy es buen día para sacarlos y para siempre.

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OpiniónJusticiaSocial2022

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