Los sucesivos retrasos han provocado que el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), previsto para noviembre de 2020, se celebrara finalmente los días previos al 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente.
CONAMA es el punto de encuentro habitual para los profesionales del medio ambiente. La excusa para vernos, actualizarnos en muchos temas e intercambiar opiniones y pareceres. En esta edición primaveral, marcada por las distancias y algunas ausencias destacadas, el espíritu ha sido el mismo. En estos días se ha presentado el resultado del trabajo de los diferentes comités técnicos. Entre otras, se celebraron sesiones técnicas sobre “El futuro de la gestión de los riesgos climáticos y relacionados con la naturaleza y sus impactos financieros”, “Productos financieros verdes” o “Divulgación de la información no financiera”. En ellas han participado representantes de Banco de España, Instituto de Crédito Oficial, Mapfre, Cecacank, BBVA, EQA, Forética y por supuesto, Spainsif, que no solían ser figuras destacadas en este encuentro.
Este es solo un ejemplo de cómo las entidades financieras han tomado mayor presencia en los foros de medio ambiente del mismo modo que la sostenibilidad ha ganado peso y relevancia en las finanzas. Otro ejemplo, podría ser yo misma. Ambientóloga de formación, que ha pasado de analizar la calidad de las aguas en ríos muestreando macroinvertebrados, entre otras cosas, a realizar seguimiento de la normativa y la evolución de la ISR, intentando buscar la forma más estratégica de apoyar la transición ecológica y el uso sostenible de los recursos naturales.
Y es que, la brecha entre el mundo de la gestión ambiental y el financiero cada vez es más estrecha, y deberá serlo todavía más con la aplicación de las últimas regulaciones aprobadas. El Reglamento de taxonomía o el de divulgación de finanzas sostenibles (SFDR), que entró en vigor el 10 de marzo, obliga a los diferentes agentes financieros a reportar su performance de sostenibilidad en base a una serie de indicadores profundamente técnicos, para cuya cuantificación será necesaria la continua comunicación entre los responsables de medio ambiente y los de finanzas.
Identificar y medir los riesgos de sostenibilidad, las principales incidencias adversas, o cómo se promueven las características medioambientales o sociales en las inversiones, con suficiente rigor como para dar tranquilidad a los inversores y disuadir de prácticas de greenwashing, va a requerir de la toma de datos de personal cualificado para ello. Del mismo modo, la cuantificación de la contribución sustancial a los objetivos ambientales de las actividades económicas de la taxonomía, el cumplimiento de los criterios de selección y los requerimientos sociales mínimos, y, sobre todo, el “requisito de no causar daños significativos” requerirán de un análisis propio de una Evaluación de Impacto Ambiental o de un Análisis de Ciclo de Vida.
La falta de normas técnicas, la proliferación de guías de reporte con diferentes metodologías no comparables entre ellas, la doble materialidad o la escasez de personal destinado a estos aspectos son retos que deberán superarse con celeridad, porque, en finanzas sostenibles, el Día del Medio Ambiente tendrá que celebrarse todos los días.