La justicia social, una aspiración para todos

“Mi propósito es trabajar por la justicia social” era como se presentaba Jordi en Twitter y en la vida real. Y es lo primero en lo que he pensado cuando me he puesto ante el folio en blanco para escribir sobre la justicia social.

Al leer las palabras que Adela Cortina, la primera galardonada con el “Premio Jordi Jaumà Bru a la Justicia Social”, dedicó a Diario Responsable para agradecer la distinción, me enteré de que cada 20 de febrero se celebra el Día de la Justicia Social, desde que la Asamblea General de Naciones Unidas fijase en 2007 esta efeméride por entender que la justicia social es un principio fundamental para una convivencia pacífica y próspera. Desconocía que existiese ese día dentro del calendario en el que cada día se revindica o se celebra alguna causa: el Día del Medio Ambiente, el del Agua, el de la Erradicación de la Pobreza, el del Voluntariado o el de los Derechos Humanos. Si son necesarios recordarlos una vez al año, será porque tenemos que pensar en ellos durante todos los días para hacer sociedad más inclusivas y justas.

Este año la ONU se ha focalizado en hacer un llamamiento a la justicia social en la economía digital, motivado por el COVID-19 que ha impulsado el teletrabajo y que la actividad de muchas empresas pudiese continuar, cambiando las oficinas por los salones y habitaciones de las casas, pero la pandemia también ha generado que aumente “la brecha digital entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y entre los propios países; en particular, en lo que respecta a la disponibilidad, asequibilidad y el uso de la información, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y el acceso a Internet, lo que ha agravado las desigualdades existentes”.

El Informe de Riesgos Globales 2021, que el World Economic Forum presenta en Davos desde hace 16 años, también reflejaba el impacto negativo que la pandemia está causando, provocando un mayor aumento de la desigualdad y de la fragmentación social. Por otra parte, la OIT ha cifrado la pérdida de empleos en 255 millones, al reducirse un 8,8 % la cantidad de horas de trabajo en el mundo como consecuencia de la pandemia, lo que supone un impacto cuatro veces mayor que el provocado por la crisis financiera mundial de 2009, según la OIT.

El impacto del COVID-19 sigue siendo doloroso en fallecimientos y a nivel sanitario, económico y social en todos los países. Además, el inicio de la pandemia ha coincidido con la denominada ‘Década para la Acción’ que la ONU impulsa desde 2020 para cumplir con la Agenda 2030, pero que se ha visto afectada en unos años que pueden ser fundamentales para su consecución, como nos recordó el pasado mes de abril en el informe “Responsabilidad compartida, solidaridad global: una respuesta a los impactos socioeconómicos de la COVID-19”.

La realidad es compleja y dolorosa, pero si desde las instituciones supranacionales como la UE o la ONU han puesto su esperanza en la solidaridad y la sostenibilidad para salir de la crisis, recuperar la económica o impulsar el empleo, como a través del Plan de Recuperación para Euripa, NextGenerationEU, no podemos desaprovechar la oportunidad de que el desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sean la base sobre las que construir sociedades más prósperas, a través de la justicia social.

Los 17 ODS son en sí mismo un canto a la justicia social para frenar la desigualdad, reducir la pobreza, acabar con el hambre, impulsar una educación para todos, un empleo de calidad o el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad para frenar el cambio climático. Que los ODS se conviertan en los mayores impulsores de la justicia social. Trabajemos por ello.

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