Cuenta atrás para implementar la garantía financiera en materia medioambiental

Desde el pasado lunes 12 de octubre, y según la recientemente aprobada orden TEC/1023/2019, las empresas altamente contaminantes catalogadas de prioridad 3, disponen de un año para determinar la cuantía financiera para afrontar la reparación de sus posibles daños medioambientales. Previamente, ya ha finalizado el plazo para las empresas de prioridad 1 y 2.

En concreto, según la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que establece el principio de “prevención de daños” y de que “quien contamina, paga”, ha llegado el turno de las empresas que reciben la catalogación de prioridad 3. Entre estas figuran instalaciones de combustión como la producción de carbón, la producción y transformación de metales, industrias minerales y químicas, gestión de residuos, producción de derivados de la madera y su conservación, producción de cuero, industria agroalimentaria y explotaciones ganaderas, consumo de disolventes orgánicos, industria del carbono, tratamiento de aguas y captura de CO2, entre otras. Nótese, asimismo, que las actividades de cría intensiva de aves de corral o de cerdos, deberán disponer de dicha garantía en el plazo de tres años desde la aprobación de la orden, hasta el 16 de octubre de 2022.

Pero ¿qué actividades e instalaciones están obligadas a constituir la garantía financiera?, ¿cómo podemos prever las consecuencias medioambientales del peor escenario accidental? y ¿cómo se determina la cuantía de la garantía financiera? Una herramienta indispensable para cuantificar el riesgo medioambiental de un establecimiento y establecer la cuantía de la garantía financiera es el Análisis del Riesgo Medioambiental (ARMA). El primer paso para su elaboración consiste en identificar los posibles escenarios accidentales que puedan incurrir y la probabilidad de que estos ocurran. Posteriormente, conviene establecer la magnitud del daño en cada caso (IDM o índice de daño medioambiental), que está relacionada con sus costes de su reparación. A continuación, tendremos que calcular el riesgo asociado a cada escenario accidental como el producto entre la probabilidad de ocurrencia del escenario y el IDM. De entre los distintos escenarios con menor IDM que agrupen el 95% del riesgo total, se selecciona como referencia el que tenga un IDM mayor y, finalmente, se cuantifica y monetiza su daño medioambiental.

Conocer los riesgos medioambientales de la empresa, entre los que se encuentran todos aquellos que puedan tener afectación directa sobre las especies silvestres y los hábitats, las aguas, la ribera del mar, las rías y el suelo, es un primer paso para prevenirlos. Precisamente, un mejor conocimiento de estos riesgos permite dar soporte a la toma de decisiones con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia y la magnitud de los daños asociados a los hipotéticos escenarios accidentales, a través de la identificación y el diseño de medidas preventivas o de evitación de nuevos daños.

Cada día, la toma de conciencia de las empresas respecto al riesgo medioambiental de sus actividades es mayor y su interés por minimizarlo y, en la medida de lo posible, eliminarlo, se contempla como un factor importante durante toda la cadena de producción. En definitiva, el riesgo medioambiental es un riesgo más que la empresa debe gestionar y un buen ejemplo de la contribución al desarrollo sostenible es la integración de actividades y procesos cada vez más respetuosos con la protección del medio ambiente. La sostenibilidad debe considerarse un eje transversal de la empresa, ya que no solo actúa en beneficio propio, sino que también repercute positivamente sobre el conjunto de la sociedad. El reconocimiento de los riesgos ambientales y el compromiso de actuar sobre ellos representa una mejora de la imagen corporativa de la empresa con efectos directos sobre los clientes, proveedores, compañías de seguros y administraciones. Y de cara a la sociedad, la adopción de medidas destinadas a que los daños ambientales se produzcan con menor frecuencia o con menor gravedad se traducen en una mejora del medio natural y de la calidad de vida de las personas. 

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