El Comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders anunció, el pasado 29 de abril, una iniciativa legislativa sin precedentes para principios del 2021 que haría la debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente obligatoria, tras su aprobación por el Consejo y el Parlamento.
La UE haría obligatoria la debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente

Este cambio radical en la postura más reciente de la Comisión, visiblemente adormecida en relación a estos temas estos últimos años, surge como colofón al estudio "Study on due diligence requirements in the supply chain" publicado recientemente en el que, junto a Daniel Iglesias, fuimos los encargados de redactar el capítulo sobre España.

Las conclusiones de este macro estudio mostraron que tan solo 1 de cada 3 empresas estaban llevando a cabo ejercicios de debida diligencia. Resaltaba también las limitaciones de las medidas voluntarias así como la necesidad de una legislación europea que garantizará una armonización efectiva sobre este tema, seguridad jurídica, igualdad de condiciones así como un estándar común para la cadena de suministro.

Y es que no solo amplios sectores empresariales han pedido acciones en este sentido, como se ha visto recientemente en los Países Bajos, sino también inversores (por un valor de 5.000 billones de USD) acaban de pronunciarse en esta misma línea. También lo ha hecho, entre otros, el Presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamente Europeo, el alemán Bernd Lange, que abogó a su vez por el desarrollo de una legislación para la cadena de suministro. Según él,  debe haber una ley que asegure su sostenibilidad y resistencia y eso paso ineludiblemente por el análisis de sus riesgos e impactos en derechos humanos y medio ambiente.

Y es que esta tendencia no hará más que consolidarse en la etapa post-COVID-19 cuando los criterios ESG vayan tomando cada vez más peso en el ámbito financiero y de inversión.

En este sentido, la UE también está trabajando en una nueva estandarización del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) que tiene como objeto reforzar la transparencia respecto de los riesgos y las oportunidades de la inversión sostenible de manera a asegurar la comparación entre productos dentro de la Unión. Esta iniciativa busca reducir las asimetrías en la integración y medición de los riesgos de la sostenibilidad así como clarificar qué son los impactos adversos armonizando así los estándares de divulgación ESG en Europa. Esto marcará una nueva revolución en el mercado financiero para la cual será crucial la divulgación de información sobre los impactos negativos de las decisiones de inversión en los ámbitos sociales y medioambientales, incluidos los derechos humanos. (Para participar en la consulta: https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/joint-esa-consultation-esg-disclosures).

Pero volviendo a la iniciativa legislativa que nos ocupa, el comisario Reynders insitió en que esta es urgente y por ello, formaría parte del European Green Deal y del European Recovery Plan. Se basará en los marcos de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos (Principios Rectores), así como los de la OCDE y de la OIT. Establecerá requisitos obligatorios para todas las empresas de la UE, aunque todavía no está claro si la Comisión la desarrollaría a través de una Directiva o de un Reglamento. Está previsto que tenga alcance intersectorial, que contemple un sistema de sanciones, supervisado a nivel nacional, y que abarque toda la cadena de suministro. Eso sí, las PYMES recibirían un tratamiento especial.  Otro tema relevante es el de la reparación, a la que obligan los Principios Rectores y, en este sentido, de momento solo se prevé analizar los mecanismos desarrollados hasta ahora por la UE para entender los posibles escenarios de implementación.

Para acabar, otro indicio formal del posible éxito de esta iniciativa legislativa es que Alemania asumirá la Presidencia del Consejo de la UE en la segunda mitad de 2020 y ya ha habido algunas manifestaciones de apoyo a esta por parte de algunos de sus representantes. No olvidemos que, en este país, ya está circulando desde hace más de un año un borrador de ley de debida diligencia por lo que el país parece estar maduro para liderar una reflexión y posicionamiento de la UE en este tema, especialmente estratégico en el periodo post- COVID19.

El haber sido escogidos para participar en este estudio nos ha permitido re-pensar el trabajo alrededor de la debida diligencia en las empresas y vislumbrar su trascendencia en el marco europeo así como entender su impacto en el ámbito ESG. Créanme, ¡empieza un periodo fascinante lleno de retos y oportunidades tanto para empresas como para inversores!

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