La administración pública debe incluir criterios/cláusulas, de adjudicación y de ejecución, sociales y ambientales. Uno de los problemas que la administración se plantea para hacer este cambio es la carencia de información. Con esa información se podrá planificar, y vigilar el cumplimiento desde el seguimiento. Debemos introducir criterios de eficiencia en la gestión de estos valores en esa compra pública y como derivada, la empresa también los irá introduciendo.
UNA MUESTRA DE INTELIGENCIA DE UN TERRITORIO ES LA

Todavía me sorprendo hoy con algunas evidencias de las diferentes inteligencias que tenemos las personas. Algo que conocía, se puede decir de siempre, pero que el tiempo va magnificando desde la evidencia de la realidad. No puedo resistirme a pensar ¿de qué inteligencia se habla cuando se habla de territorios inteligentes?

Desde luego somos muchos los que no hemos de quedar satisfechos si esa es una inteligencia analítica que trabaja datos sin contar con una inteligencia emocional en sus aplicaciones. Hablar de empatía y generosidad es clave en una gestión inteligente de un territorio. Es evidente que junto a los valores financieros queremos crear valores sociales y ambientales. Y lo hacemos reconociendo los tres valores como un todo económico.

La realidad no es ésta y por eso tenemos que cambiarla. El mercado no reconoce los tres valores como propios y consecuentemente no los gestiona, pero son incuestionables desde la más ortodoxa teoría económica. El mercado obsoleto tiene que dar paso a un nuevo mercado mucho más real y ajustado a las necesidades de las personas y el planeta.

Para conseguir ese cambio una buena manera, que no la única, es empezar por modificar los criterios de decisión en la compra pública, enfocándolos hacia la compra pública responsable. La compras de las administraciones públicas representan alrededor de un 20% del PIB europeo. Una aplicación de lo que hoy dice la directiva 24/2014 y la ley general de contratos empujaría la compra pública hacia criterios responsables de una forma sustancial.

Para ello la administración pública debe incluir criterios / cláusulas, de adjudicación y de ejecución, sociales y ambientales. Uno de los problemas que la administración se plantea para hacer este cambio es la carencia de información sobre los valores que se crean. Con esa información se podrá hacer una planificación, y posteriormente vigilar el cumplimiento desde el seguimiento. Debemos introducir criterios de eficiencia en la gestión de estos valores en esa compra pública y como derivada, la empresa también los irá introduciendo.

Dibujamos un ¿para qué? a ese territorio inteligente.

Es importante dejar claro que los tres valores son económicos. Un buen gestor económico, que sabe trabajar en la relación coste/beneficio, puede conseguir un desarrollo de su empresa, entidad social o administración aportando un mayor nivel de beneficios que de costes, sociales y ambientales. Con una adecuada gestión de los valores creados, netos positivos, podremos llevar a las cuentas de resultados incrementos significativos. También los balances patrimoniales se consolidan con esta suma de valores.

La administración pública está obligada, por ley, a la introducción de cláusulas sociales y ambientales a la hora de adjudicar sus compras de bienes y servicios e incluso a la reserva de mercados con este fin. Las empresas que ofrezcan mejores resultados económicos en sus tres valores serán las que se acabarán quedando con las contratas y derivarán hacia sus proveedores y subcontratistas las obligaciones de creación de valores. Es un camino que aunque lleva años en construcción, con esta nueva ley coge fuerza y marca una hoja de ruta clara para quien la quiera leer.

La ley llega a introducir el concepto del coste del ciclo de vida del producto como un sustituto del precio. Este coste, que no explica con claridad cómo se calcula, si seguimos el informe GECES del parlamento europeo sobre la medición del valor social y ambiental, podría ser el resultado de:

precio + coste social + coste ambiental – beneficio social – beneficio ambiental = coste del ciclo de vida

Este cambio del precio al coste del ciclo de vida modifica el fundamento de las relaciones comerciales basadas hoy estrictamente en criterios financieros.

Tenemos que preparar nuestros territorios para tener el mismo acceso a la información social y ambiental que tenemos a la financiera.

Tenemos que preparar a nuestras empresas para crear, medir y gestionar valor social y ambiental.

Tenemos que preparar a todas las personas para incluir en sus decisiones cotidianas los tres valores como condición de resolución y hay que hacerlo de una forma muy sencilla.

Desde aquí uno entiende mejor las distintas inteligencias, también las de nuestros territorios.

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