La acción política de las empresas suele pensarse como "lobby" de las asociaciones empresariales o bien como actividad para algunas compañías muy grandes, que bien directamente o a través de sus departamentos de estudios, etc., pueden permitírselo.
Obligación legal y acción política de las empresas

Esto último es más obvio en el caso de sectores como los energéticos o el financiero, fuertemente controlados o regulados; o en la construcción de infraestructuras y semejantes, cuyo cliente principal es el Estado español u otros Estados alcanzables por la diplomacia española.

Tal acción política pretende obtener, en cuanto depende de las decisiones gubernamentales, mejores condiciones para que las empresas hagan beneficios, lo que a veces puede alinearse con el interés general (creando empleos o abaratando precios, por ejemplo) y a veces lo contrario (restringiendo la competencia o socializando pérdidas, por ejemplo). En la opinión popular, la impresión al respecto es mixta: hay un razonable poso de sospecha respecto a las intenciones de cualquier acción política empresarial; y al mismo tiempo un obvio aprecio por las empresas en sí mismas, de las que la mayor parte de los españoles obtienen los ingresos necesarios para integrarse en una sociedad de consumo.

Concentrando la atención en una política de empresas dirigida a obtener decisiones favorables del Estado, quizás se ha descuidado la política tras esas decisiones, sean las que cada empresa o asociación deseaba, o no. Por ejemplo, recientemente el Estado (BOE-A-2017-13643) ha modificado una serie de leyes para obligar a las empresas grandes a incluir información no financiera junto con sus informes de gestión financiera, trasponiendo una directiva europea al respecto (2014/95/EU).

Con esos mimbres, todavía la acción política empresarial puede, y debe, hacer un par de canastos:

  • Presionar a los políticos para que el reporte de elementos básicos de sostenibilidad mediambiental, trabajo decente, derechos humanos, fair play, equilibrio de género, etc., contenido en la norma, sea exigido no solo a las empresas con matriz en la Unión Europea, sino a todas las empresas grandes que vendan en el mercado europeo, de manera que la competencia resulte equilibrada, bajo las mismas reglas para todos los que actúan en el mismo mercado.
  • Proyectar a la opinión pública (no solo a los inversionistas presentes o potenciales) tanto el compromiso como el contenido informacional al que ahora las empresas están obligadas. Si se quiere, hacer de la necesidad virtud en la lucha comunicacional por el aprecio político de la población por nuestro tejido empresarial (que es también 'su' tejido empresarial, fuera del cual nadie tiene futuro en esta sociedad).

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