Rara vez sin embargo se discute propositivamente sobre la imperiosa necesidad de asegurar la legalidad de las actividades económicas como forma de promover la competencia leal.
Antes de promover nuevas leyes, ¿no sería más lógico mejorar la capacidad de fiscalización del Estado para asegurar un saneamiento del mercado y que la legislación actualmente vigente se cumpla?
La justificación de la inclusión social para una actividad ilegal es cada vez más frecuente pero debería ser inaceptable. El fin nunca justifica los medios. Nunca.
Miles de pequeñas y medianas empresas pagan todos los días los sobrecostos de hacer las cosas bien y debiendo competir con cuasi-empresas que hacen del incumplimiento su principal ventaja competitiva.
Hacer las cosas bien implica un mayor costo. No hay vuelta que darle…Cuidar a la gente, respetar y honrar los compromisos de clientes y consumidores, cumplir en tiempo y forma con los proveedores, cuidar la comunidad y el ambiente requiere de mayores costos. La innovación puede ayudar pero no nos engañemos…
Por ello, uno de los principales roles de un Estado ético es el de asegurarles que este mayor costo se transformará en una inversión que traerá sus beneficios, debido al control y erradicación de la competencia desleal que opera en el mismo mercado.
Si los Estados se dedicaran a erradicar flagelos como el trabajo ilegal, el incumplimiento fiscal, el contrabando y otras prácticas similares, harían un extraordinario aporte en la reducción del costo empresarial y promoverían una mayor y mejor actividad económica pudiendo incluso reducir impuestos que en los niveles actuales asfixian la actividad.
No hace falta inventar nada. Hace falta hacer lo debido.
