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Breve crónica de las sesiones en materia de CPR que se han llevado a cabo en el en el segundo encuentro internacional de municipalismo y economía solidaria, que ha tenido lugar en Barcelona. Los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Sevilla y Valencia junto con otras personas expertas en la materia, han compartido prácticas y miradas a la CPR que desafían el enfoque tradicional con argumentos técnicos, jurídicos y económicos maravillosamente contextualizados y contundentes

Cualquiera de nosotras no podemos sino emocionarnos (de forma mesurada pero intensa a la vez) con lo que está ocurriendo en el ámbito de la contratación pública responsable (CPR). Después de la desilusión del intento de modificación del marco regulatorio hará ya unos años (todavía recuerdo la sesión de votación), las directivas europeas de contratación pública volvieron a abrir la puerta a potenciales cambios, pero su no transposición o transposición no ajustada amenazaban de nuevo con adormecer a un gigante con capacidad de transformación real y directa.

Pero la dinámica tractora de cambio tiene sus efectos, y por diversas razones (que podrían ser objeto de otro artículo) se están dando las condiciones necesarias para el despertar de una herramienta potente con objetivos que trascienden la propia prestación de bienes y servicios. No hay mejor ejemplo de materialidad en el campo de la responsabilidad social que la aplicación de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en la cadena de suministro de cualquier tipo de organización, incluyendo la administración pública.

En este sentido, son muchas las acciones que durante este año se han llevado a cabo por diferentes ayuntamientos que se están “asomando a un abismo” que debe ser explorado de forma exhaustiva para lograr implantar acciones jurídicamente innovadoras y técnicamente solventes que permitan modificar el proceso de toma de decisiones de la administración pública en materia de compra y contratación.  

Este ha sido uno de los temas principales tratados en el segundo encuentro internacional de municipalismo y economía solidaria, que ha tenido lugar en Barcelona. Los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Sevilla y Valencia junto con la participación de otras personas expertas en la materia, han compartido prácticas y miradas a la contratación pública que no sólo distan mucho del enfoque tradicional y considerado como único posible por muchas partes interesadas, sino que lo desafían con argumentos técnicos, jurídicos y económicos maravillosamente contextualizados y contundentes.  

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado las guías de contratación en materia social que publicará en breve y el proceso de elaboración de las mismas, y que junto al trabajo que viene realizando en el ámbito ambiental y en materia de paraísos fiscales, completa una propuesta de compromiso público en materia de CPR coherente y estructurado en base a procedimientos y herramientas de seguimiento. Vinculado a la aplicación de las cláusulas sociales, se está trabajando en el desarrollo de un aplicativo informático en el que puedan participar tanto la administración como las organizaciones implicadas en los procesos de licitación, y que basado en principios de rendición de cuentas y transparencia, permita fiscalizar la aplicación real de las guías y empezar a medir el impacto social de las mismas.

Asimismo, y de acuerdo con la concepción de la economía social y solidaria basada en el desempeño y no en la forma jurídica, Barcelona iniciará los trabajos de exploración necesarios para poder desarrollar un sistema de diferenciación a partir de criterios objetivables y auditables que permita distinguir organizaciones cuyo desempeño en materia social, ambiental y de buen gobierno sea superior, enfocado a poder establecer incentivos a este tipo de comportamiento. Si bien esta tarea se encuentra en fase de estudio por la complejidad e implicaciones de la misma, su inicio abre un camino cuya indagación era requerida por parte de las administraciones públicas: la posibilidad de evaluar y homologar a organizaciones en base a una serie de criterios de desempeño universales y transversales en cuanto a dimensiones.

El rodaje de las instrucciones en el ayuntamiento de Madrid ha permitido identificar retos derivados de la aplicación de este tipo de cláusulas en la toma de decisiones, destacando el seguimiento y la medición del impacto social, la dotación de recursos para la implantación y la fiscalización de las cláusulas y la consolidación del relato.

Además de estos aspectos más técnicos, Madrid abre la puerta a la reflexión sobre las rigideces frente al cambio del propio sistema, que quedan explícitas en los procesos judiciales para su impugnación (por parte de diferentes grupos de interés, incluyendo la propia administración pública) que la aplicación de las instrucciones han propiciado, y que hasta la fecha, no han prosperado, sentando así jurisprudencia a favor de la aplicación de cláusulas sociales en la contratación pública.

La importancia de los procesos participativos internos en el momento de desarrollar iniciativas en materia de CPR es un aspecto clave destacado en el proceso vivido en el ayuntamiento de Sevilla, así como una reflexión sobre la gestión de externalidades como centro de las políticas públicas y de la CPR que resulta un argumento incontestable para la implantación generalizada de herramientas de CPR. En este sentido, destaca la presentación del piloto de creación de cooperativas de servicio público, un nuevo concepto en materia de gobernanza que abre la puerta a la participación directa de diferentes grupos de interés en la gestión de la prestación de un servicio o un producto concreto.

El énfasis sobre la necesidad de desplegar medidas de seguimiento y monitorización proactivas de la aplicación e impacto de las cláusulas ha sido elevado por parte del ayuntamiento de Zaragoza, quién destaca medidas como la formalización de funciones específicas de auditoria interna y seguimiento de eficiencia, la ampliación de la responsabilidad de gestión de los contratos, y el compromiso de transparencia vinculado, además de los procesos participativos externos e internos y la “creación de un tercer nivel de lenguaje” relacionado con la CPR.

Un nuevo lenguaje que responde a una nueva cultura organizacional, capaz de dotar de innovación a la interpretación jurídica mediante la visión técnica, como por ejemplo mediante la inclusión de una cláusula que permita la anulación de contratos que se encuentren en ejecución en el caso de encontrarse la adjudicataria involucrada en delitos de corrupción, tal y como comparte el ayuntamiento de Valencia.

Esta diversidad de prácticas proactivas e innovadoras cada una a nivel local, deben ser compartidas y replicadas, enfatizando los argumentos técnicos, jurídicos y económicos que las contextualizan. Se está creando un pequeño ecosistema que merece ser alimentado puesto que el potencial es significativo. La creación de foros jurídicos y técnicos especializados con participación directa de personas implicadas en el desarrollo e implantación de estas nuevas prácticas puede facilitar los espacios de trabajo y aprendizaje colectivo necesarios, y crear un tejido lo suficientemente robusto capaz de superar cada una de las rigideces y obstáculos existentes y potenciales.  

Unas sesiones que para el deleite y disfrute de todos han sido registradas, y que constituyen un material imprescindible para contribuir a la reflexión y el avance en este tema en el que tantas personas hace tiempo que vienen trabajando. Imaginación jurídica, seguimiento del impacto en el mercado, seguridad jurídica, creación de jurisprudencia, implicación de diferentes grupos de interés en los diferentes ciclos de una contratación, son ejemplos de conceptos que nos llenan de esperanza, puesto que nos muestran como el debate se ha desplazado y ha avanzado.

El consenso en la relevancia de la inclusión de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en la contratación pública ya existe, ahora cabe trabajar conjuntamente para la aplicación de las prácticas y el aprendizaje derivado de la experiencia. Este camino no está exento de contradicciones que lo llenan de complejidad, pero eso no justifica su no andadura, sino que motiva todavía más la necesidad de desarrollar los mecanismos adecuados para asegurar la capacidad de gestión de dichas contradicciones.

Finalizo ya con los spoilers, y os invito a disfrutar de los vídeos de este encuentro y a sentiros parte de esta pequeña victoria, este despertar, que debe motivarnos, aún más si cabe, en esta compleja pero no imposible tarea que persigue la contratación pública responsable: contribuir a la resolución de los retos económicos, sociales y ambientales actuales, como instrumento clave de política pública y generación de incentivos. 

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