Leí con simpatía (y agradecimiento, por lo bien que me trata) los comentarios de José Ángel Moreno Izquierdo hace en Diario Responsable (aquí) a un par de entradas mías (aquí y aquí) en que comentaba un artículo suyo anterior (aquí)
Regulación, Estado del bienestar y Responsabilidad Social

Para el lector que no tenga ganas de perderse en comentarios de comentarios de otros comentarios, el tema es si las empresas deben entrar en algún “contrato social” con los stakeholders, principalmente locales, acerca de su responsabilidad en temas que José Ángel centra principalmente en tener en cuenta las necesidades de las comunidades locales en sectores de servicios públicos, más allá de lo que diga el regulador. 

Estoy de acuerdo con José Ángel en que necesitamos más reflexión sobre estos temas, lo que me lleva a pensar que el debate que él propone nos va a llevar años. Entre tanto, me gustaría hacer un comentario, que no agota el tema, pero que me parece que puede clarificar las posiciones. ¿Cuáles son los papeles que deben tener la regulación, las políticas de bienestar y la RS?

Mi opinión es que la regulación debe tratar de lo que los economistas llaman “fallos del mercado”. Si una empresa contamina, está cargando sobre otros agentes sociales unos costes que, lógicamente, deberían caer en la empresa (y en sus accionistas, sus empleados, sus clientes y consumidores, sus proveedores, etc.: no lo olvidemos, porque a veces no nos damos cuenta de que decir que ‘la empresa que contamina debe pagar’ no significa que paguen sus accionistas, sino, sobre todo, los consumidores de sus productos y sus empleados). El regulador tratará de corregir ese fallo del mercado, devolviendo el coste a la empresa que contamina (y a sus stakeholders, como he dicho), o poniendo límites a la cantidad de contaminación, o por otras vías.

Las políticas de bienestar están pensadas para la redistribución, en sentido amplio, o mejor, la creación de oportunidades para todos, que corrija posibles desigualdades de partida: servicios sanitarios, enseñanza, rentas minimas para todos, cubrir los agujeros que deja en la economía familiar una situación de desempleo, etc. Por cierto, algunas de estas acciones pertenecen más al ámbito de la regulación que al del bienestar: por ejemplo, la enseñanza merece ser subvencionada porque la elevación del nivel de educación de los ciudadanos beneficia a toda la sociedad (es una externalidad positiva, como una ‘contaminación buena’ que hay que favorecer). Otra cosa es que se proporcionen recursos educativos gratuitos para las familias sin ingresos suficientes, pero esto es otra cosa -y la politica de educación subvencionada no separa suficientemente ambas situaciones, lo que es ineficiente y lleva a injusticias.

Claro que estas políticas de bienestar están relacionadas con posibles fallos del mercado, que son objeto de las regulaciones, pero me parece que hay que distinguirlas. La regulación del sector eléctrico tiene por objeto evitar los costes sociales del monopolio natural que se concede al proveedor de electricidad. Pero cuando una familia pierde la conexión eléctrica por no poder pagar su factura, esto no es un fallo del mercado, sinoq que corresponde, me parece, a las políticas de bienestar, no a la regulación.

La frontera no está bien definida, claro, porque el proveedor eléctrico ya está practicando una redistribución, por ejemplo cuando tiende costosas redes hasta aldeas perdidas en las montañas, sin cobrarles tarifas más altas por los mayores costes del servicio. Pero esta redistribución no forma parte de una política de bienestar, sino de un principio de la política de regulación, que podríamos llamar de unidad de mercado.

Está claro que regulación y políticas de bienestar deben estar armonizadas, pero no deben mezclarse, porque esto crea ineficiencias e incentivos perversos. Ya es una ineficiencia que los de la aldea remota no paguen más por la electricidad, cargando ese coste sobre los demás usuarios, pero es que la sociedad no quiere discriminar contra los que viven lejos. Y esto no porque sean pobres, porque a lo mejor se trata de una urbanización de lujo; simplemente, el regulador no quiere discriminar a los consumidores por la distancia del centro de producción.

Pero me parece que la regulación eléctrica no debe mezclarse con la redistribución de la renta, aunque, a menudo el regulador lo haga, probablemente por comodidad. Es más fácil que la compañía eléctrica se haga cargo de la factura de la familia que no puede pagar (o sea, que repercuta su coste en el resto de consumidores), que pasar la factura a los servicios sociales del ayuntamiento para que ellos atiendan a esa familia. Pero esto no significa que la regulación deba incluir las políticas de bienestar, entre otras razones porque, como expliqué en una de mis entradas antes citadas, la política de bienestar óptima debe ser omnicomprensiva, facilitando recursos monetarios para alimentación, electricidad, agua, escuela, vivienda, transporte… en vez de un conjunto de ayudas parciales, que seran, probablemente, menos eficientes, más caras y menos justas.

¿Y la RS? En países emergentes se ha propuesto a menudo la RS como medio para resolver las deficiencias de unos gobiernos ineficientes, corruptos y sin medios. Pero me parece que en nuestro país, si las políticas regulatorias y sociales funcionan bien, no tiene objeto una RS compulsiva,que sería una forma paralela de redistribución (y ya expliqué que no de los ricos a los pobres, sino principalmente de los consumidores a otros stakeholders), de difícil gestión, propensa a presiones políticas, con costes económicos y sociales elevados a medio plazo, ineficiente y a menudo injusta.

Quizás podría plantearse esta forma de RS obligatoria como una solución transitoria, mientras la regulación y la política de bienestar no funcionen bien. Bien: pero seamos conscientes de sus costes, algunos de los cuales he presentado en el párrafo anterior. En todo caso, sería una buena manera de hacer desaparecer la RS, que daría la razón a los que la califican de intromisión dirigista en las empresas. La “verdadera” RS sería solo la filantropía. La RS obligatoria tendría poco de “responsabilidad”, porque uno no tiene por qué sentirse “responsable” de lo que le mandan hacer, sí o sí. Pero, eso sí, tendríamos que volver a plantear los deberes de las empresas en términos de la ética.

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