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Hasta ahora no se había dado en España una amenaza de estas características. Sí en países como China, Rusia, Irán o algún otro donde la libertad de expresión y los derechos civiles están más arrinconados. Un gigante de las telecomunicaciones ha enjuiciado a un ciudadano por sus opiniones en un blog, y solicitado su encarcelamiento más 3,7 millones de euros como indemnización. Telecinco, la empresa demandante, acusa al bloguero de promover una campaña en contra de un programa de TV –La Noria- y sus empresas patrocinadoras. El “Caso Telecinco” y su resolución, se ha convertido en uno de los más interesantes episodios de la Responsabilidad Social: Corporativa y Ciudadana.

Pablo Herreros, el periodista y bloguero que inició la campaña partía de una idea básica y concreta: «Pagar a un criminal, o a un familiar suyo, por hablar en la televisión del delito me parece una monstruosidad [...] una de las perversiones de valores más indeseables para nuestra sociedad» Asi Herreros iniciaba una serie de notas públicas y cartas de reclamo a Telecinco, canal donde se emitía La Noria. Al no encontrar respuesta a su petición y como medida de presión optó por publicar la lista de los anunciantes del aludido programa, entre los que se encontraban conocidas corporaciones y la empresa estatal RENFE.

La iniciativa del periodista fue avalada por miles de ciudadanos, y las empresas fueron retirando la publicidad de dicho programa hasta su desaparición. Según el bloguero: «Las marcas respondieron de forma muy responsable; las acciones de Telecinco cayeron un 25% en la Bolsa durante la crisis; desapareció el cheque en blanco de las marcas a las cadenas en su compra de publicidad, y las televisiones aprendieron a escuchar a la gente que opina de sus productos en redes sociales». Según Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset (empresa propietaria de Telecinco) la iniciativa era: «Una injusticia poco común que fue organizada como si mañana los hackers atacan el Pentágono». Telecinco demandó al bloguero. Sin embargo, debido al inmenso apoyo ciudadano que tuvo Herreros tras la demanda, tanto en las redes digitales como en las notas que publicó el diario El País,  Telecinco tuvo que retirar la demanda en poco menos de una semana para evitar mayores daños.

Lo que parece desproporcionado es en primer lugar la abismal diferencia de medios económicos y recursos mediáticos entre el coloso Mediaset y un ciudadano con una página web. El segundo aspecto cuestionable es la magnitud de la pena solicitada, incluyendo cárcel, por un derecho reconocido en la legislación española como es la libertad de expresión y de opinión. El tercer agravante de la denuncia de Telecinco es su evidente afán “ejemplarizador”; su pretensión de dar un escarmiento. El gran despliegue que dio al  juicio el diario El País no parece casual. El Grupo Prisa -socio de Mediaset España con el 17,34 % de acciones de la empresa y dueño del diario- publicó durante 3 días consecutivos noticias vinculadas a la demanda en su primera plana, apodando a Herreros “el  boicoteador”. Algunos lectores objetaron a El País el titular tendencioso al calificar de boicoteador, cercano a saboteador,  a un periodista que solo había promovido una campaña ética.

Telecinco alegaba que se había atentado contra sus intereses empresariales. Según esta lógica cualquier huelga tendría el mismo efecto. Quizás los directivos de Mediaset desearían su ilegalización, en la línea que se ha manifestado Esperanza Aguirre (alto cargo del actual partido gobernante). Otra imputación que se le hizo al bloguero fue que boicoteó a una empresa. El boicot, en el peor de los casos no es una práctica ilegal en España. Los dos partidos políticos más importantes también han realizado boicots a medios de comunicación, y le han llamado “vetos”. El PSOE en febrero del 2007 boicoteó las entrevistas a Telemadrid por la “manipulación informativa” practicada por dicha cadena. Y, en marzo del 2007, el PP anunció un boicot al Grupo Prisa, y se negó a  atender «todas las convocatorias de entrevistas, tertulias y programas» controladas por su entonces presidente, Jesús de Polanco, al no estar de acuerdo con unas declaraciones políticas realizadas por el empresario.

“Mediaset España está formada por un conjunto de empresas dedicadas al desarrollo de negocios vinculados con el sector audiovisual” declara el grupo ítalo-hispano en su página web: Efectivamente, basta ver su Directorio para comprender el enorme entramado financiero y empresarial que está detrás. Alejandro Echevarría, actual presidente de Mediaset España es también consejero de Consulnor y Endesa. Consulnor es una gestora de patrimonios cuyos accionistas principales pertenecen a la Banca March. Endesa es, como se sabe, una de las mayores empresas eléctricas del mundo y la principal multinacional privada de Latinoamérica. Manuel Polanco Moreno, además de Vicepresidente el Consejo de Administración de Mediaset, es consejero de la comisión ejecutiva del Grupo Prisa. Pier Silvio Berlusconi -otro consejero de Mediaset- es hijo de Silvio Berlusconi, accionista principal de Mediaset, recientemente condenado en Italia a 4 años de prisión e inhabilitado para cargos públicos por un delito de fraude fiscal.

Mediaset España, en su informe de Responsabilidad Social Corporativa, declara que: «Se mantiene en los primeros puestos de gobierno corporativo del Ibex 35 según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa». También se jacta de que permanecer “En la Lista de Empresas elegibles para invertir de forma socialmente responsable elaborada por Triodos Bank». Asegura que: “Mediaset España refleja su compromiso con la emisión de contenidos televisivos responsables a través del cumplimiento del Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia para el fomento de contenidos responsables y el respeto y protección a los derechos de niños y adolescentes” Telecinco, paradójicamente, es conocido por sus contenidos  escandalosos y controversiales. El informe de Responsabilidad Social Corporativa de Telecinco está avalado por la consultora PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL).

 Los anunciantes de Telecinco han emitido una carta pública donde se defienden: «Planificamos nuestras campañas publicitarias según la audiencia de cada cadena, de forma totalmente independiente de la  línea editorial y actividades empresariales y jurídicas de cualquier medio de comunicación». Lo que están diciendo con otras palabras es: No nos importa ni cómo ni dónde, con tal de vender nuestro producto nos da igual el medio... Parece que a partir de ahora debería importar mucho más el medio. No solo eso, les sugiero ser los primeros en liderar las inquietudes éticas de la ciudadanía; estar un paso por  delante y no dos por detrás, como parecen ir ahora.

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