A principios de año, Pedro Ortún, director general de empresa de la Comisión Europea (CE), ofreció en Forética una sesión explicativa de la nueva Comunicación sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de la Comisión. El organismo europeo aprobó el texto que marcará la estrategia comunitaria en materia de sostenibilidad los próximos años, junto con un paquete de medidas para un tejido empresarial europeo más competitivo y responsable.
El reto en materia de reporting es, según Ortún, “mejorar la legislación existente en varios ámbitos y conseguir una ley de rendición de cuentas que sea útil para las empresas. El objetivo es que si una empresa no es responsable, explique por qué, más allá del modelo danés en el que vale sólo con indicar por ejemplo si no se tiene política de RSE. Además, señaló que “la palanca a corto y medio plazo para impulsar el desarrollo de la RSE la tienen que ejercer los inversores y las Administraciones Públicas”.
Entre los compromisos de acción para el periodo 2011-2014 de la propia Comisión figuran:
Si nos detenemos un momento en la “quinta mejora” comprobaremos que la apuesta europea para mejorar, valga la redundancia, el reporting empresarial consiste en presentar de forma integrada la información financiera y no financiera que facilitan las organizaciones. Es más, para garantizar una situación equitativa la Comisión presentará una propuesta legislativa sobre la transparencia en la información social y medioambiental –no menciona la referente a gobierno corporativo– que dan las empresas en todos los sectores.
En estos momentos, se está efectuando una evaluación de impacto de las posibles opciones para esta propuesta, que incluirá también una prueba de competitividad y un test para pymes. Además, la Comisión está desarrollando una política para animar a las empresas a medir y hacer una evaluación comparativa de su rendimiento medioambiental basada en un ciclo de vida común, que también podría utilizarse a efectos de la publicación de la información.
Por otro lado, se anima a todas las organizaciones, particularmente a la sociedad civil y a los poderes públicos, a adoptar medidas para mejorar la divulgación de su propio rendimiento social y medioambiental.
