
La recta final de la COP31 está marcada por la incertidumbre. La conferencia climática de Naciones Unidas, que se celebra en Antalya (Turquía), afronta sus últimas jornadas sin consensos sobre algunas de las cuestiones más determinantes para avanzar en la lucha contra el calentamiento global. La financiación destinada a los países en desarrollo, la reducción de las emisiones, el abandono progresivo de los combustibles fósiles y las medidas de adaptación continúan generando profundas diferencias entre las delegaciones.
Según recoge Noticias ONU, la Presidencia de la cumbre reconoció este miércoles que todavía existen 21 cuestiones sin resolver. Los nuevos documentos de negociación se esperan para la madrugada del jueves, mientras los representantes ministeriales intensifican las conversaciones para intentar alcanzar acuerdos antes del cierre previsto para el viernes.
La falta de avances se refleja incluso en los propios textos diplomáticos. En las negociaciones internacionales, los fragmentos que aparecen entre corchetes identifican propuestas sobre las que todavía no existe consenso. Seher Raheja, del Centro de Ciencias y Medio Ambiente de la India, explicó a Naciones Unidas que, en una de las sesiones, prácticamente todo el documento permanecía en esa situación.
La experta advirtió de que esta dinámica supone aplazar decisiones fundamentales y cuestionó que se exijan mayores esfuerzos climáticos a los países en desarrollo sin garantizarles los recursos necesarios para llevarlos a cabo.
A estas dificultades se suma la revisión del principal acuerdo político de la conferencia. Su primer borrador puso de manifiesto las discrepancias sobre el futuro de los combustibles fósiles, la electrificación, la financiación y el compromiso internacional de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales.
Sin embargo, también se registran avances. Una de las iniciativas que ha conseguido sumar apoyos es el objetivo 35x35 impulsado por Turquía, que propone elevar hasta el 35 % la participación de la electricidad en el consumo mundial de energía final para 2035. La propuesta cuenta ya con el respaldo de 75 países.
Mientras los ministros mantienen encuentros a puerta cerrada para acercar posiciones, distintos observadores consultados por Noticias ONU consideran probable que las negociaciones se prolonguen más allá del calendario oficial, al menos durante una noche adicional.
En paralelo a las conversaciones políticas, la COP31 ha puesto en marcha el segundo Balance Global del Acuerdo de París, un mecanismo de evaluación que se realiza cada cinco años para determinar si los esfuerzos colectivos de los países son suficientes para responder a la emergencia climática.
Este proceso analiza los progresos en reducción de emisiones, adaptación a los impactos del calentamiento global y apoyo a las naciones con mayores necesidades de financiación y asistencia.
El primer Balance Global concluyó en 2023, durante la COP28 de Dubái, y contribuyó a impulsar compromisos internacionales para triplicar la capacidad instalada de energías renovables, duplicar el ritmo de mejora de la eficiencia energética y acelerar la transición para abandonar los combustibles fósiles.
La segunda evaluación finalizará en 2028 y será la última antes de 2030, una fecha decisiva para comprobar el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales.
El secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, recordó que los gobiernos disponen de apenas dos años para transformar los compromisos asumidos en resultados verificables. Aunque reconoció las dificultades derivadas del contexto geopolítico, defendió que todavía es posible alcanzar resultados ambiciosos.
Uno de los principales puntos de tensión continúa siendo la distancia entre las promesas internacionales y los recursos disponibles para afrontar los efectos del cambio climático.
Desde Climate Action Network International, Pooja Dave cuestionó que las negociaciones se concentren en perfeccionar los sistemas de seguimiento de la adaptación mientras numerosas comunidades siguen sin disponer de los medios necesarios para protegerse frente a los fenómenos climáticos extremos.
La representante de la sociedad civil denunció el incumplimiento de los compromisos adquiridos y recordó que, para las poblaciones más expuestas, la adaptación no constituye una discusión técnica, sino una cuestión directamente relacionada con su supervivencia.
Su intervención puso de relieve una contradicción que atraviesa las conversaciones internacionales: medir los avances climáticos resulta insuficiente si no existen inversiones y políticas capaces de traducir los objetivos en mejoras reales sobre el terreno.
En este contexto, la transición justa también ganó protagonismo fuera de las salas de negociación. Una gran pancarta firmada por representantes de la sociedad civil reclamó que la transformación hacia economías menos contaminantes garantice la protección de las personas trabajadoras y de las comunidades afectadas por los cambios productivos.
La ciencia climática también ocupa un lugar central en las discusiones de Antalya. Los países mantienen diferencias sobre los plazos de elaboración de los próximos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), cuyas evaluaciones constituyen una referencia fundamental para las decisiones internacionales.
El debate gira en torno a la posibilidad de que los nuevos informes estén disponibles antes de que concluya el segundo Balance Global en 2028.
Varios países especialmente vulnerables al calentamiento global defienden la necesidad de contar con la información científica más reciente para orientar los próximos compromisos. En cambio, Rusia, Arabia Saudí y China, entre otras naciones, consideran que los plazos propuestos son demasiado ajustados y podrían dificultar la participación de investigadores de países en desarrollo.
El presidente del IPCC, Jim Skea, explicó que las próximas evaluaciones incorporarán por primera vez cuestiones relacionadas con la financiación de la adaptación y las respuestas frente a las pérdidas y daños provocados por el cambio climático.
Durante la conferencia, científicos y responsables de políticas climáticas también reclamaron garantizar la financiación y la independencia del organismo, consideradas condiciones esenciales para preservar el rigor de sus evaluaciones.
Más allá de las negociaciones sobre emisiones y financiación, la jornada del miércoles estuvo dedicada al Desarrollo Humano, Social y de Género, con especial atención a las consecuencias de la crisis climática sobre la vida cotidiana, los cuidados y el futuro del empleo.
La negociadora brasileña Lilian Chagas defendió que la participación de las mujeres debe formar parte de la planificación de las políticas climáticas. Su exclusión, señaló, no solo representa una injusticia, sino que también reduce la eficacia de las respuestas frente al calentamiento global.
El primer ministro de Tuvalu, Feleti Teo, trasladó esta reflexión a la realidad de Funafuti, la capital del país insular del Pacífico, donde las mujeres desempeñan un papel fundamental en la adaptación a los impactos ambientales.
Entre sus tareas se encuentran vigilar la desaparición de mariscos, administrar las reservas de agua de lluvia y desplazar los cultivos hacia zonas interiores ante el aumento del nivel del mar.
Teo recordó que estas mujeres, pese a no ser responsables de la crisis climática, están afrontando directamente sus consecuencias. También advirtió de que la capacidad de adaptación de las comunidades tiene límites y que, cuando estos se superan, lo que está en juego es su propia supervivencia.
Sus palabras reflejan uno de los grandes desafíos de la COP31: conseguir que las decisiones internacionales tengan en cuenta las experiencias y necesidades de quienes ya están sufriendo los efectos del cambio climático.
Con el cierre de la conferencia cada vez más cerca, la principal incógnita es si los gobiernos lograrán transformar sus diferencias en compromisos efectivos. La financiación, la protección de los ecosistemas, la transición energética y la justicia climática siguen pendientes de acuerdos capaces de responder a la urgencia de una crisis cuyos impactos ya forman parte de la vida de millones de personas.
La presión de la sociedad civil aumenta mientras las delegaciones negocian contrarreloj. El resultado de Antalya no solo determinará el alcance de los compromisos políticos, sino también la capacidad de la cooperación internacional para convertir las promesas climáticas en acciones concretas.