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El rechazo del Congreso a la renovación automática de los contratos de alquiler podría elevar hasta los 3,3 millones el número de personas inquilinas que destinan más del 30% de sus ingresos a pagar su vivienda en 2029. Según advierte Oxfam Intermón, las medidas de protección aprobadas el pasado 12 de noviembre ofrecen un alivio temporal, pero no resuelven la incertidumbre residencial de millones de familias.
La crisis del alquiler agrava la desigualdad de millones de hogares en España

El acceso a una vivienda asequible continúa siendo uno de los grandes desafíos sociales de España. La creciente presión de los precios del alquiler sobre las economías familiares amenaza con profundizar las desigualdades y comprometer la estabilidad de millones de hogares. En este contexto, las decisiones adoptadas el pasado 12 de noviembre en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados han vuelto a poner de manifiesto las dificultades para alcanzar soluciones duraderas a la crisis habitacional.

Según las estimaciones difundidas por Oxfam Intermón, el rechazo del real decreto que proponía reforzar la estabilidad residencial mediante la renovación automática de los contratos podría provocar que cerca de un millón de personas más se encuentren en situación de sobreesfuerzo económico en 2029. Este concepto hace referencia a los hogares que deben destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda.

Las proyecciones de la organización apuntan a que, si los contratos afectados por la prórroga extraordinaria que concluye a finales de 2028 deben renovarse posteriormente a precios de mercado, la población inquilina que soporta esta carga económica podría aumentar desde los 2,3 millones de personas contabilizadas en 2025 hasta superar los 3,3 millones en 2029. En términos porcentuales, el incremento supondría pasar del 27,7% al 39,3% de la población que alquila a precio de mercado.

Aunque la aprobación de otro real decreto destinado a proteger la función social de la vivienda introduce mecanismos de apoyo para millones de hogares, la organización considera que su alcance temporal resulta insuficiente para garantizar el derecho a una vivienda estable.

El vencimiento de los contratos, un nuevo factor de vulnerabilidad

Uno de los principales riesgos identificados por Oxfam Intermón es el impacto que pueden tener las renovaciones de los arrendamientos sobre los presupuestos familiares. La diferencia entre los precios pactados hace unos años y los actuales podría traducirse en incrementos difíciles de asumir para una parte importante de la población.

De acuerdo con los cálculos de la entidad, una persona que firmó un contrato de alquiler en 2022 y tuviera que actualizarlo a los precios de mercado de noviembre de 2026 afrontaría una subida del 31%. Si esa misma renovación se produjera en enero de 2029, el encarecimiento podría alcanzar el 48%.

Esta evolución no solo amenaza la capacidad económica de los hogares, sino también su permanencia en los barrios donde desarrollan su vida cotidiana. El aumento del coste de la vivienda puede obligar a muchas familias a desplazarse, perder sus redes de apoyo o reducir gastos esenciales para continuar pagando el alquiler.

Alejandro García-Gil, responsable de vivienda de Oxfam Intermón, advierte de que el vencimiento de un contrato no debería situar a las familias ante la elección de aceptar una subida inasumible o abandonar su hogar. Desde la organización insisten en que la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores que alimentan la desigualdad social.

Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana concentran el mayor impacto

La exposición a las futuras renovaciones de los contratos no se distribuye de manera homogénea por el territorio español. Las estimaciones de Oxfam Intermón identifican tres comunidades autónomas especialmente afectadas por la finalización de las medidas extraordinarias.

Cataluña encabeza la clasificación, con cerca de 1,2 millones de personas potencialmente expuestas a una renovación del alquiler a precios de mercado. Le sigue la Comunidad de Madrid, donde la cifra supera ligeramente el millón de habitantes, mientras que en la Comunidad Valenciana se aproxima a las 600.000 personas.

Estos datos reflejan la dimensión territorial de una crisis que trasciende el precio de los arrendamientos. La dificultad para acceder a una vivienda asequible o conservar la residencia habitual también condiciona las oportunidades laborales, las relaciones comunitarias y las posibilidades de desarrollar proyectos de vida estables.

Una protección temporal para cinco millones de personas

Pese al rechazo de la propuesta de renovación automática de los contratos, la sesión parlamentaria del 12 de noviembre permitió sacar adelante un real decreto orientado a reforzar la función social de la vivienda.

Según los cálculos de Oxfam Intermón, alrededor de 1,9 millones de contratos de alquiler, correspondientes a unos cinco millones de personas, podrían acogerse a la prórroga extraordinaria contemplada en la normativa. A ello se suma la continuidad de mecanismos de protección frente a los desahucios que beneficiarían a más de 120.000 personas.

La organización valora positivamente estas disposiciones porque permiten reducir el riesgo inmediato de pérdida de la vivienda y proporcionan mayor margen de seguridad a los hogares afectados.

Asimismo, destaca que las medidas de protección del inquilinato contemplan instrumentos de compensación para pequeños propietarios ante posibles impagos, junto con incentivos fiscales destinados a favorecer su aplicación.

Sin embargo, el carácter transitorio de buena parte de las actuaciones aprobadas plantea interrogantes sobre lo que ocurrirá cuando dejen de estar vigentes.

Mientras que las restricciones a determinadas operaciones de compra con fines especulativos se mantendrán hasta finales de 2030, parte de los mecanismos de protección frente a los desahucios también tendrá ese horizonte temporal. Por su parte, la prórroga extraordinaria de los alquileres concluirá a finales de 2028.

Para Oxfam Intermón, estas diferencias evidencian que, aunque se han introducido herramientas para afrontar las situaciones más urgentes, continúa pendiente una respuesta estructural que permita reducir la inseguridad residencial.

Más vivienda asequible y contratos estables: las reformas pendientes

Ante este escenario, la organización reclama que la vivienda ocupe un lugar prioritario en la agenda política de la próxima legislatura. Su propuesta pasa por superar la dependencia de medidas excepcionales y avanzar hacia un marco de protección permanente que ofrezca seguridad tanto a las personas arrendatarias como a las pequeñas propietarias.

Entre las principales reformas que plantea se encuentra la implantación de un sistema de renovaciones automáticas de los contratos de alquiler, concebido para evitar que su vencimiento se convierta en una amenaza recurrente para la continuidad residencial.

La entidad también considera necesario ampliar la disponibilidad de viviendas a precios asequibles mediante la movilización de inmuebles existentes y el crecimiento del parque público y social. Estas actuaciones deberían acompañarse de mecanismos específicos para proteger a los hogares más vulnerables y limitar las prácticas especulativas en el mercado inmobiliario.

El objetivo, según Oxfam Intermón, es reducir el porcentaje de ingresos que las familias deben dedicar a la vivienda y garantizar condiciones que permitan planificar su futuro sin depender de sucesivas prórrogas extraordinarias.

La organización vincula además estas demandas con las movilizaciones sociales y la huelga general desarrolladas el 11 de noviembre, que, a su juicio, reflejan la creciente preocupación ciudadana por las dificultades de acceso y permanencia en la vivienda.

Desde esta perspectiva, la crisis habitacional no puede entenderse únicamente como un problema del mercado inmobiliario. Sus consecuencias afectan directamente a la cohesión social, la igualdad de oportunidades y el bienestar de las personas.

El debate abierto tras las decisiones parlamentarias del pasado 12 de noviembre deja así una cuestión central sobre la mesa: cómo transformar las respuestas de emergencia en políticas públicas capaces de garantizar estabilidad a largo plazo. Para Oxfam Intermón, avanzar hacia ese objetivo resulta imprescindible para evitar que el coste de mantener un hogar siga profundizando las desigualdades en España.

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