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La financiación vuelve a situarse en el centro de las negociaciones de la COP31, celebrada en Antalya. Según advierte Naciones Unidas, incluso triplicando los recursos destinados a la adaptación climática se cubriría menos del 30% de las necesidades de los países más expuestos. Mientras las negociaciones avanzan entre desacuerdos, crece la presión para reformar el sistema financiero internacional y garantizar que quienes menos han contribuido al calentamiento global no sigan pagando sus consecuencias.
La deuda climática amenaza el futuro de los países más vulnerables

El dinero se ha convertido en uno de los principales obstáculos para avanzar en la lucha contra el cambio climático. En la COP31, que se celebra en Antalya (Turquía), las discusiones sobre financiación han puesto de manifiesto una contradicción cada vez más difícil de ignorar: los países que menos responsabilidad tienen en la crisis climática se enfrentan a enormes dificultades económicas para proteger a sus poblaciones de sus impactos.

Según informa Naciones Unidas, las movilizaciones de organizaciones sociales y activistas han acompañado las negociaciones internacionales con una reivindicación común: que los grandes contaminadores asuman una mayor responsabilidad económica. Entre las protestas, algunas personas reclamaban la cancelación de la deuda de los países vulnerables, mientras otras compartían testimonios sobre comunidades afectadas por inundaciones, sequías y temperaturas extremas.

Uno de los ejemplos expuestos fue el de la región del lago Chad, donde la alteración de los recursos hídricos ha deteriorado las condiciones de vida y provocado desplazamientos. Un activista nigeriano cuestionó que países con una contribución reducida a las emisiones mundiales deban afrontar costes de endeudamiento superiores a los de las economías desarrolladas para responder a los daños climáticos.

Esta desigualdad también estuvo presente en las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien alertó de que los fenómenos meteorológicos extremos están destruyendo décadas de avances sociales y económicos, al tiempo que incrementan la dependencia financiera de los países más afectados.

Durante su última conferencia de prensa en una cumbre climática antes de finalizar su mandato, Guterres recordó que triplicar los fondos para adaptación permitiría cubrir menos de un tercio de las necesidades existentes. Además, defendió la necesidad de acelerar el abandono de los combustibles fósiles y cuestionó la influencia de los intereses económicos que dificultan la transición.

«No se puede construir la paz en un planeta en llamas», afirmó, vinculando directamente la estabilidad internacional y la erradicación de la pobreza con la respuesta a la emergencia climática.

Una brecha financiera que amenaza con ampliarse

La distancia entre los compromisos internacionales y los recursos necesarios continúa siendo considerable. Los acuerdos vigentes contemplan que los países desarrollados lideren la movilización de al menos 300.000 millones de dólares anuales para las economías en desarrollo hasta 2035, dentro de un objetivo global más amplio de 1,3 billones de dólares.

Sin embargo, una evaluación presentada durante la COP31 advierte de que, si se mantienen las tendencias actuales, la financiación anual podría situarse 840.000 millones de dólares por debajo de esa meta.

Ante este escenario, Guterres reclamó una transformación del sistema financiero internacional, cuya estructura actual considera insuficiente para responder a las necesidades de los países vulnerables. También pidió a los responsables de los fondos climáticos internacionales simplificar los procedimientos administrativos que dificultan el acceso a los recursos.

Entre las alternativas planteadas destacó el fortalecimiento de los bancos de desarrollo y la utilización de garantías financieras para atraer capital privado. Según explicó, cada dólar aportado al capital de estas entidades podría movilizar entre ocho y diez dólares adicionales.

En paralelo, instituciones de financiación del desarrollo de Reino Unido, Noruega y Canadá anunciaron una iniciativa destinada a movilizar 10.000 millones de dólares para proyectos climáticos en mercados emergentes antes de 2030.

La agricultura, uno de los sectores más desprotegidos

La falta de financiación tiene consecuencias especialmente graves para las comunidades rurales, cuya supervivencia depende directamente de las condiciones climáticas.

Kaveh Zahedi, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), explicó a Noticias ONU que apenas alrededor del 5% de la financiación para el desarrollo vinculada al clima se dirige al sector agrícola.

Esta proporción resulta especialmente preocupante ante el aumento de los episodios de sequía, las inundaciones y la creciente incertidumbre meteorológica, agravada por fenómenos como El Niño.

La inversión en adaptación permitiría mejorar la gestión del agua, recuperar suelos degradados e introducir cultivos más resistentes a condiciones climáticas adversas. Estas medidas no solo contribuyen a proteger las explotaciones agrícolas, sino también a reducir el riesgo de inseguridad alimentaria.

Desde la FAO insisten en que la ausencia de inversiones puede resultar mucho más costosa que la propia adaptación, ya que amenaza la producción de alimentos y puede incrementar el hambre.

Nuevas herramientas para afrontar los desastres climáticos

Además de prevenir los daños, otro desafío consiste en garantizar que las comunidades reciban ayuda económica con rapidez cuando se producen fenómenos extremos.

En este ámbito, Naciones Unidas destaca la experiencia de los seguros paramétricos, un mecanismo que permite activar indemnizaciones cuando determinados indicadores meteorológicos, como la velocidad del viento o la cantidad de precipitaciones, superan unos umbrales previamente establecidos.

A diferencia de los seguros convencionales, este sistema no requiere esperar a que se complete una evaluación individualizada de los daños para efectuar los pagos.

Su aplicación resulta especialmente relevante para pequeños agricultores de territorios insulares como Fiyi, donde un ciclón puede destruir una cosecha y dejar a las familias sin ingresos durante meses.

Actualmente, este programa funciona en ocho países del Pacífico y ha beneficiado a decenas de miles de personas, según la información difundida por Naciones Unidas.

Las energías renovables también refuerzan la resiliencia

La adaptación al cambio climático no depende exclusivamente de grandes acuerdos internacionales. Las iniciativas locales también pueden contribuir a reducir la vulnerabilidad de las comunidades y mejorar su autonomía energética.

Así lo defendió Hunter Lovins, fundadora de la organización Natural Capitalism Solutions, durante su intervención recogida por Noticias ONU. A su juicio, invertir en soluciones climáticas puede generar beneficios económicos y sociales, además de reducir los riesgos asociados a los combustibles fósiles.

Lovins compartió su experiencia personal con la energía solar y la movilidad eléctrica, destacando su capacidad para disminuir la dependencia de los precios del petróleo.

También relató cómo, durante unas inundaciones que dejaron a su comunidad de Colorado sin suministro eléctrico durante más de una semana, su vivienda pudo continuar funcionando gracias a su instalación solar. Esta autonomía permitió incluso ayudar a vecinos que necesitaban conservar alimentos congelados.

La activista participa actualmente en iniciativas comunitarias de acción climática que reúnen a más de 1.000 organizadores en 57 países. Su propuesta consiste en impulsar soluciones desde los territorios sin depender exclusivamente de las decisiones gubernamentales.

Las negociaciones siguen abiertas

Pese a los anuncios de nuevas inversiones, la COP31 continúa enfrentándose a importantes desacuerdos sobre cómo financiar la respuesta global al cambio climático.

Uno de los principales puntos de discusión es la manera de evaluar el compromiso de triplicar la financiación destinada a adaptación para 2035. Los países todavía mantienen diferencias sobre los indicadores y el año de referencia que deberían utilizarse para medir los avances.

También persisten las discrepancias sobre quién debe asumir el mayor esfuerzo económico. Mientras los países en desarrollo reclaman compromisos más firmes de las naciones industrializadas, otras delegaciones defienden una mayor participación de la inversión privada.

La financiación para pérdidas y daños, destinada a responder a las consecuencias climáticas que ya no pueden evitarse, constituye otro de los asuntos pendientes. Las negociaciones siguen sin resolver cómo garantizar recursos suficientes, previsibles y accesibles para las comunidades más expuestas.

La Presidencia de la COP31 ha distribuido un primer borrador de posible declaración política, aunque tanto la financiación como el futuro de los combustibles fósiles continúan entre las cuestiones sin acuerdo.

En este contexto, las demandas de la sociedad civil han adquirido especial protagonismo. Durante un encuentro de despedida a Guterres, representantes de distintas organizaciones volvieron a reclamar que los responsables de la contaminación asuman sus costes.

El debate de fondo trasciende las cifras: se trata de determinar cómo distribuir los recursos y las responsabilidades de una crisis que afecta de manera desigual a la población mundial. El resultado de las negociaciones será decisivo para conocer hasta qué punto los compromisos internacionales pueden traducirse en financiación efectiva para quienes ya están sufriendo las consecuencias del calentamiento global.

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