
La escasez de agua vuelve a situarse entre las principales amenazas para las comunidades agrícolas de Centroamérica. En el denominado Corredor Seco, una extensa franja que atraviesa territorios desde Guatemala hasta Nicaragua, la supervivencia de numerosas familias está estrechamente vinculada a la llegada de las precipitaciones. Cuando las lluvias se retrasan o desaparecen, no solo se comprometen las cosechas, sino también los ingresos y la posibilidad de permanecer en sus lugares de origen.
El panorama podría agravarse ante la intensificación de El Niño en el océano Pacífico, un fenómeno climático que podría alcanzar una magnitud excepcional. De acuerdo con las estimaciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA), el número de personas afectadas por la inseguridad alimentaria en Centroamérica podría incrementarse hasta un 80%, una perspectiva que refuerza la necesidad de actuar antes de que se produzcan nuevas emergencias.
Sin embargo, las experiencias desarrolladas en Honduras y Guatemala muestran que existen alternativas para fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades. La gestión colectiva del agua, la diversificación agrícola y la creación de reservas alimentarias están contribuyendo a reducir la vulnerabilidad de las familias frente a los periodos prolongados de sequía.
En Palagua, una comunidad situada en el suroeste de Honduras, la falta de precipitaciones condiciona buena parte del calendario agrícola. Durante cinco o seis meses al año, los suelos se agrietan y los cauces de los ríos permanecen secos, lo que dificulta mantener una producción estable.
Durante décadas, buena parte de la actividad agrícola local se concentró en el cultivo de maíz y frijol. Cuando terminaba la temporada de lluvias, algunos agricultores se veían obligados a buscar ingresos alternativos en otras ciudades, como Comayagua o Tegucigalpa, donde encontraban empleo en la construcción.
Para hacer frente a esta situación, el PMA respaldó la construcción de un reservorio de agua y la instalación de sistemas de riego, mediante un modelo de colaboración en el que los propios agricultores aportaron terrenos para desarrollar la infraestructura.
Entre quienes participaron se encuentra Anastacio Martínez Gómez, un agricultor de 73 años que cedió cinco manzanas de tierra, equivalentes aproximadamente a 3,5 hectáreas, para facilitar la puesta en marcha del proyecto.
La intervención también incorporó formación técnica. Durante tres semanas, Martínez Gómez recibió capacitación en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, donde adquirió conocimientos sobre diversificación productiva y técnicas de cultivo que requieren menos agua.
Los resultados se reflejan en una explotación que ya no depende exclusivamente de dos productos. Actualmente, el agricultor produce plátano, yuca, malanga y camote, además de contar con unos 80 árboles de mango. La disponibilidad de riego le permite obtener cosechas tanto en invierno como en verano y comercializar sus productos directamente desde la finca, sin necesidad de trasladarlos a otros mercados.
Esta transformación pone de relieve la importancia de combinar infraestructuras hídricas con formación agrícola para mejorar la autonomía económica de las comunidades rurales.
En Guatemala, las iniciativas de adaptación también están poniendo el foco en la disponibilidad de alimentos. En Lela Chancó, una comunidad del municipio de Camotán, en el departamento de Chiquimula, el PMA ha trabajado con la población local para reducir los efectos de la sequía y prevenir situaciones de desnutrición infantil.
Una de las principales actuaciones ha sido la creación de bancos comunitarios de granos, concebidos para facilitar el acceso a productos básicos durante los periodos de mayor dificultad.
El proyecto cuenta con financiación del Fondo Central de Emergencia de las Naciones Unidas (CERF). El PMA proporcionó las primeras reservas de maíz y frijol, mientras que las comunidades asumieron su administración y el compromiso de mantener las existencias mediante los ingresos obtenidos de las ventas.
La iniciativa ha permitido acercar alimentos esenciales a hogares que anteriormente debían desplazarse durante aproximadamente una hora hasta el municipio para adquirirlos, con un coste de transporte cercano a los 70 quetzales, equivalentes a unos nueve dólares.
Actualmente, uno de estos bancos funciona en la vivienda de Marta Ávalos, una vecina de Lela Chancó que participa activamente en la organización comunitaria. El sistema beneficia a alrededor de 200 familias y contribuye a reducir las dificultades económicas y logísticas asociadas al abastecimiento.
Ávalos, que consiguió completar sus estudios de magisterio y posteriormente una licenciatura en pedagogía pese a las limitaciones económicas de su familia, trabaja en la Municipalidad de Camotán. Su conocimiento del territorio y su relación con los vecinos han facilitado la coordinación de las actuaciones impulsadas para responder a la inseguridad alimentaria.
Los proyectos desarrollados en estas comunidades forman parte de una estrategia más amplia promovida por Naciones Unidas: la denominada acción anticipatoria. Este enfoque consiste en adoptar medidas preventivas cuando existen previsiones de una posible emergencia, con el propósito de disminuir sus consecuencias antes de que la situación se agrave. En territorios expuestos a sequías recurrentes, disponer de reservas de alimentos, sistemas de riego y medios de producción diversificados puede marcar una diferencia importante.
En el caso de Guatemala, la intervención ha incorporado la participación de distintas instituciones. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha proporcionado gallinas y herramientas agrícolas; el Ministerio de Agricultura ha contribuido con semillas de hortalizas; y la municipalidad ha facilitado fertilizantes.
Estas aportaciones permiten ampliar las fuentes de alimentación e ingresos de los hogares. Algunas familias, por ejemplo, comercializan huevos y utilizan los recursos obtenidos para adquirir productos como arroz, azúcar o frijoles.
De esta manera, las actuaciones no se limitan a proporcionar asistencia durante una emergencia, sino que buscan desarrollar capacidades productivas que puedan mantenerse en el tiempo.
La amenaza de una nueva intensificación de El Niño vuelve a poner a prueba la capacidad de adaptación de las comunidades del Corredor Seco. La pérdida de cosechas, la falta de agua y la reducción de oportunidades económicas pueden obligar a numerosas familias a abandonar temporal o definitivamente sus hogares en busca de alternativas de subsistencia.
En este contexto, las iniciativas respaldadas por el PMA, la FAO y otros organismos de Naciones Unidas ofrecen ejemplos concretos de cómo la cooperación institucional y la participación comunitaria pueden contribuir a disminuir estos riesgos.
El reservorio de agua instalado en Honduras y los bancos de alimentos organizados en Guatemala responden a necesidades diferentes, pero comparten un mismo objetivo: reforzar la seguridad alimentaria y ofrecer a las familias herramientas para afrontar los efectos de la sequía sin depender exclusivamente de la ayuda de emergencia.
La experiencia también evidencia que la adaptación climática no depende únicamente de grandes infraestructuras. El acceso a conocimientos técnicos, la organización vecinal y la disponibilidad de recursos productivos resultan fundamentales para sostener las economías rurales.
Mientras las previsiones climáticas mantienen la preocupación por la evolución de El Niño, estas comunidades continúan desarrollando mecanismos para proteger sus medios de vida. En el caso de Palagua, Martínez Gómez sigue trabajando seis días a la semana en su explotación agrícola, una actividad que ahora puede mantener durante todo el año gracias a la disponibilidad de agua y a la diversificación de sus cultivos.
La situación del Corredor Seco recuerda que la lucha contra los efectos del cambio climático también se juega en el ámbito local, donde garantizar el acceso al agua y a los alimentos puede resultar decisivo para que las familias puedan seguir viviendo de su tierra.