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A las consecuencias de los conflictos y la violencia se suma una amenaza cada vez más difícil de esquivar: el cambio climático. Según advierte la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), tres de cada cuatro personas desplazadas por la fuerza viven en países especialmente expuestos a fenómenos meteorológicos extremos. Ante la COP31, que se celebrará en Antalya (Turquía), la organización reclama una financiación climática más justa que permita proteger a las comunidades más vulnerables.
La crisis climática amenaza a 90 millones de personas desplazadas en el mundo

La emergencia climática está agravando las desigualdades que sufren millones de personas obligadas a abandonar sus hogares. Sequías prolongadas, inundaciones devastadoras y temperaturas extremas amenazan su seguridad, dificultan el acceso a recursos básicos y ponen en peligro las posibilidades de reconstruir sus vidas. Sin embargo, buena parte de las comunidades más afectadas continúa al margen de las inversiones destinadas a afrontar las consecuencias del calentamiento global.

Así lo pone de manifiesto el último informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), titulado No Escape III, que advierte de que cerca de 90 millones de personas desplazadas por la fuerza residían, a mediados de 2026, en países con una exposición elevada o extrema a riesgos climáticos. La cifra representa aproximadamente el 75% de la población desplazada mundial y refleja una realidad especialmente preocupante: quienes han tenido que huir de la guerra, la persecución o la violencia se enfrentan ahora a nuevas amenazas ambientales en territorios con escasa capacidad de adaptación.

El documento, elaborado a partir de los testimonios de ocho representantes de comunidades desplazadas, también recoge las iniciativas que estas poblaciones están desarrollando para responder a la crisis climática. Sus experiencias evidencian tanto las dificultades que afrontan como la necesidad de garantizar su participación en las decisiones internacionales sobre el clima.

Antón Leis García, Alto Comisionado Adjunto de ACNUR para Operaciones, denuncia que las personas refugiadas sufren una doble injusticia: primero deben abandonar sus hogares por conflictos que no han provocado y después soportan las consecuencias de una crisis ambiental a la que apenas han contribuido. Por ello, insiste en que la acción climática internacional no puede dejar atrás a quienes ya se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad.

Regresar a casa tampoco garantiza estar a salvo

Uno de los aspectos más preocupantes del informe es la creciente dificultad para garantizar retornos seguros y sostenibles. Durante los primeros seis meses de 2026, más de dos tercios de las personas refugiadas que regresaron a sus países de origen lo hicieron a territorios especialmente vulnerables a los impactos climáticos.

Esta situación plantea nuevos desafíos para la recuperación de las comunidades afectadas por conflictos. La reconstrucción de viviendas, el acceso al agua y la recuperación de los medios de subsistencia pueden verse comprometidos por fenómenos meteorológicos extremos, incluso después de que las condiciones de seguridad permitan el regreso.

Siria constituye uno de los ejemplos recogidos por ACNUR. Cerca de cuatro millones de personas desplazadas han regresado recientemente al país, donde la disminución de las reservas de agua subterránea y los episodios climáticos adversos dificultan la recuperación. En mayo de 2026, las inundaciones del río Éufrates provocaron daños en viviendas y obligaron a miles de personas a abandonar nuevamente sus hogares.

El organismo subraya que invertir en adaptación climática en las zonas de retorno resulta fundamental para favorecer la reintegración y evitar que las familias se vean obligadas a desplazarse una y otra vez.

El calor extremo y las inundaciones multiplican los riesgos

Las previsiones recogidas en el informe muestran que las condiciones de vida podrían deteriorarse significativamente en numerosos asentamientos de personas refugiadas durante las próximas décadas.

De aquí a 2050, uno de cada tres asentamientos situados en África subsahariana podría experimentar al menos 100 días anuales de calor peligroso para la salud. Además, más de la mitad de los emplazamientos analizados podrían registrar 50 días adicionales de temperaturas extremas cada año.

En algunos asentamientos de Etiopía, como Helaweyn, estas condiciones podrían prolongarse durante más de 200 días anuales. También se prevén niveles especialmente elevados de estrés térmico en campos de refugiados de Gambia, Eritrea, Senegal y Malí, donde los días de calor peligroso podrían duplicar aproximadamente la media actual.

Estas temperaturas representan una amenaza para la salud, las actividades económicas y la capacidad de las comunidades para permanecer en los lugares donde han encontrado protección.

Las inundaciones constituyen otro factor de desplazamiento. Según los datos difundidos por ACNUR, los desastres asociados a fenómenos meteorológicos han generado más de 255 millones de desplazamientos internos durante la última década, una media aproximada de 70.000 movimientos diarios.

La situación podría agravarse en África Oriental. Las proyecciones indican que un episodio especialmente intenso de El Niño, acompañado de graves inundaciones, podría provocar entre 770.000 y tres millones de desplazamientos en Somalia, Kenia, Sudán del Sur y Uganda antes de finalizar 2026, dependiendo de la evolución de las condiciones meteorológicas.

La región ya experimentó inundaciones devastadoras en 2023, cuando más de dos millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares, incluidas familias que sufrieron desplazamientos sucesivos.

La crisis climática también agrava la exclusión de las personas apátridas

La falta de reconocimiento jurídico representa una barrera adicional frente a los desastres ambientales. ACNUR advierte de que cerca del 90% de los 4,7 millones de personas apátridas registradas en el mundo viven en países con una exposición alta o extrema a amenazas climáticas.

Al no contar con una nacionalidad reconocida, muchas de estas personas encuentran mayores dificultades para acceder a la asistencia durante las emergencias y a los recursos necesarios para adaptarse a los cambios ambientales.

Esta situación pone de manifiesto que la vulnerabilidad climática no depende únicamente de la intensidad de los fenómenos naturales, sino también de las desigualdades sociales y jurídicas que condicionan la capacidad de respuesta de las poblaciones afectadas.

La financiación climática no llega a quienes más la necesitan

Pese a la magnitud de estos desafíos, los recursos económicos destinados a la acción climática siguen distribuyéndose de manera desigual.

Según denuncia ACNUR, los países frágiles y afectados por conflictos reciben apenas el 10% de la financiación climática mundial, aunque muchos de ellos acogen a importantes poblaciones refugiadas y desplazadas y presentan una elevada exposición a los efectos del calentamiento global.

Esta brecha limita las posibilidades de desarrollar infraestructuras resistentes, garantizar servicios esenciales y fortalecer los medios de vida de las comunidades.

Para la agencia de Naciones Unidas, la adaptación climática en contextos de fragilidad y desplazamiento debe considerarse una cuestión de supervivencia. Por eso, reclama inversiones sostenidas que permitan anticiparse a los riesgos, reducir la vulnerabilidad y evitar nuevos movimientos forzados de población.

Leis García insiste en que las personas refugiadas y las comunidades que las acogen deben participar desde el inicio en las decisiones sobre financiación, en lugar de quedar relegadas a un papel secundario.

Las comunidades desplazadas también impulsan soluciones ambientales

A pesar de las dificultades, el informe destaca que las poblaciones refugiadas y las comunidades de acogida están desarrollando iniciativas para mejorar su capacidad de adaptación. Entre las experiencias recogidas figuran sistemas de abastecimiento de agua alimentados mediante energía solar en el Sahel, proyectos de agricultura adaptada al cambio climático en Uganda y actuaciones de restauración de tierras y manglares en Colombia.

Estas intervenciones muestran cómo las respuestas locales pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida y reforzar la autonomía de las comunidades expuestas a amenazas ambientales.

ACNUR trabaja junto con gobiernos, organizaciones de desarrollo y empresas privadas para respaldar estas iniciativas y facilitar su ampliación. La organización considera fundamental superar los modelos centrados exclusivamente en la asistencia humanitaria inmediata y avanzar hacia soluciones duraderas que integren la adaptación, la recuperación económica y la participación comunitaria.

La COP31, una oportunidad para avanzar hacia una mayor justicia climática

Con la próxima celebración de la COP31 en Antalya, ACNUR quiere situar el desplazamiento forzado entre las prioridades de la agenda climática internacional. La organización pedirá a los gobiernos y a las instituciones financieras que incorporen expresamente a las personas refugiadas y desplazadas en los planes nacionales de acción climática y en los mecanismos de financiación. También reclamará un aumento de las inversiones a largo plazo en adaptación, especialmente en territorios afectados por conflictos, desplazamientos y procesos de retorno.

La elección de Turquía como sede de la conferencia adquiere una relevancia particular, al tratarse de uno de los países que acoge a mayor población refugiada del mundo.

Para ACNUR, las negociaciones deben traducirse en compromisos económicos concretos y en políticas que reconozcan a las comunidades desplazadas no solo como destinatarias de protección, sino también como protagonistas de las soluciones.

En este contexto, la agencia recuerda que la justicia climática exige prestar especial atención a quienes menos han contribuido al calentamiento global y, sin embargo, soportan algunas de sus consecuencias más graves.

La advertencia que llega a la COP31 es clara: sin financiación suficiente, adaptación y participación de las comunidades afectadas, la emergencia climática seguirá poniendo en peligro los avances hacia soluciones duraderas para millones de personas obligadas a huir.

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