
La política migratoria europea entra en una nueva fase. La Comisión Europea ha anunciado el inicio del segundo ciclo anual de gestión de la migración, un mecanismo previsto en el Pacto sobre Migración y Asilo que busca coordinar la respuesta de los Estados miembros ante los movimientos migratorios y distribuir las responsabilidades de acogida y gestión de las solicitudes de asilo.
Según informa la Comisión Europea, esta nueva etapa se apoya en los resultados del primer ciclo y en una evolución que la institución considera favorable, caracterizada por la disminución de las entradas irregulares, una mayor cooperación entre los países comunitarios y el fortalecimiento de las relaciones con terceros Estados.
El nuevo procedimiento contempla tres instrumentos fundamentales: un informe anual sobre la situación migratoria y del asilo, una evaluación individual de las circunstancias de cada Estado miembro y una propuesta de solidaridad para 2027, cuya aprobación corresponderá al Consejo de la Unión Europea.
La evaluación se elabora a partir de información proporcionada por las autoridades nacionales, Eurostat, las agencias europeas y el Servicio Europeo de Acción Exterior. Su finalidad es identificar las necesidades de los distintos territorios y determinar qué países requieren medidas adicionales de apoyo.
El segundo Informe anual europeo sobre asilo y migración recoge una reducción significativa de varios indicadores migratorios. De acuerdo con los datos difundidos por la Comisión Europea, los cruces irregulares de las fronteras exteriores de la UE han descendido más de un 50 % durante los últimos dos años, mientras que en el primer semestre de 2026 registraron una nueva caída superior a un tercio.
La tendencia también se refleja en otros ámbitos. Durante 2025, los movimientos secundarios no autorizados entre Estados miembros disminuyeron un 22 % y las solicitudes de asilo se redujeron un 19 %. Paralelamente, la tasa de retorno a escala comunitaria superó el 30 %.
Bruselas atribuye estos resultados a la combinación de un nuevo marco normativo, el refuerzo de los controles fronterizos y una política de cooperación migratoria más activa con países externos a la Unión.
El informe también examina los avances registrados desde que el Pacto sobre Migración y Asilo comenzó a aplicarse plenamente en junio de 2026.
Entre los principales cambios figura la puesta en funcionamiento del nuevo sistema Eurodac en todos los Estados miembros, una herramienta europea destinada a registrar y comparar información relacionada con la gestión migratoria y las solicitudes de protección internacional.
Asimismo, los países han comenzado a aplicar nuevos procedimientos de control y tramitación en frontera. Desde la entrada en vigor del Pacto, aproximadamente un tercio de las solicitudes de asilo registradas se han gestionado mediante procedimientos acelerados o fronterizos.
La Comisión señala que la ejecución del primer mecanismo de solidaridad correspondiente a 2026 avanza conforme a lo previsto. No obstante, advierte de que todavía quedan obligaciones pendientes y de que será necesario mantener los esfuerzos para garantizar que todas las disposiciones del nuevo sistema funcionen plenamente.
Uno de los aspectos más relevantes de la evaluación es la identificación de los Estados miembros que soportan una mayor presión migratoria.
La Comisión Europea considera que España, Grecia, Chipre e Italia se encuentran en esta situación, aunque por circunstancias diferentes.
En Grecia y Chipre, la clasificación responde al volumen desproporcionado de llegadas registrado durante el último año. En Italia, la institución tiene especialmente en cuenta las entradas relacionadas con las operaciones de búsqueda y rescate de personas en el Mediterráneo.
En el caso español, Bruselas fundamenta su decisión en la situación migratoria general del país y, particularmente, en el incidente registrado en Ceuta al que hace referencia su evaluación.
Esta clasificación permitirá a los cuatro Estados acceder al mecanismo europeo de solidaridad, siempre que continúen cumpliendo las obligaciones de responsabilidad establecidas en el Pacto.
La Comisión también ha indicado que Italia deberá realizar avances adicionales en la aplicación de determinadas normas, pese a los progresos ya alcanzados, y que su evolución será objeto de un seguimiento específico.
El diagnóstico comunitario no se limita a los Estados que actualmente presentan mayores dificultades. La Comisión identifica también a quince países que podrían experimentar presiones migratorias durante el próximo año.
Se trata de Bélgica, Chequia, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Finlandia.
Entre los factores considerados figuran las llegadas irregulares, los desplazamientos secundarios dentro de la Unión, el volumen de solicitudes de asilo y la protección temporal concedida a personas desplazadas por la invasión rusa de Ucrania.
La evaluación incorpora además el riesgo de utilización de los movimientos migratorios como instrumento de presión sobre determinados países.
Estos quince Estados tendrán acceso prioritario a los mecanismos permanentes de apoyo migratorio de la UE. Además, sus circunstancias podrán revisarse mediante procedimientos acelerados cuando resulte necesario.
Por otra parte, Bulgaria, Chequia, Estonia, Croacia, Austria y Polonia han sido identificados como países que afrontan una situación migratoria significativa debido a los efectos acumulados de los flujos registrados durante los últimos cinco años.
En consecuencia, podrán solicitar al Consejo una reducción parcial o total de sus contribuciones al mecanismo de solidaridad correspondiente a 2027.
La nueva evaluación europea servirá como punto de partida para establecer el contingente anual de solidaridad del próximo año.
La Comisión ya ha trasladado al Consejo una propuesta para definir este mecanismo, aunque su contenido todavía no es público, de acuerdo con las disposiciones del Pacto sobre Migración y Asilo.
Ahora serán los Estados miembros, reunidos en el Consejo, quienes deberán acordar la dimensión del contingente y la contribución correspondiente a cada país.
El sistema contempla distintas modalidades de participación. Los gobiernos podrán optar por reubicar personas solicitantes de protección internacional, asumir determinadas responsabilidades en materia de asilo, realizar aportaciones económicas o desarrollar otras medidas de apoyo. También podrán combinar varias de estas opciones.
Una vez adoptada la decisión, las contribuciones nacionales pasarán a ser públicas y jurídicamente vinculantes.
Este mecanismo constituye uno de los elementos centrales del nuevo modelo europeo, que pretende compatibilizar las responsabilidades individuales de cada Estado con una respuesta compartida ante las situaciones de mayor presión migratoria.
Más allá de los indicadores de entradas, solicitudes y retornos, la aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo plantea una cuestión de especial relevancia social: cómo articular una gestión común de las fronteras y los procedimientos administrativos con las necesidades de protección internacional.
El modelo europeo se encuentra en una etapa en la que los avances institucionales deberán traducirse en una aplicación efectiva de las nuevas obligaciones. La Comisión reconoce que, pese a los progresos realizados, persisten dificultades que requieren nuevas actuaciones por parte de los Estados miembros.
En este contexto, el principio de solidaridad adquiere especial importancia para los países que reciben un volumen desproporcionado de llegadas y para aquellos que deben gestionar las consecuencias de desplazamientos prolongados.
El informe anual, que también incorpora el cuarto balance de aplicación del Pacto, permitirá seguir evaluando la evolución del sistema y detectar los aspectos que todavía necesitan ajustes.
Con la preparación del mecanismo de solidaridad de 2027, la Unión Europea afronta así una nueva etapa de su política migratoria. El desafío no se limita a coordinar las fronteras y distribuir obligaciones entre gobiernos: también implica garantizar que la gestión de la migración y del asilo se desarrolle de acuerdo con las responsabilidades compartidas y los compromisos de protección que sustentan el marco europeo.
La forma en que los Estados miembros apliquen estas disposiciones será determinante para comprobar el funcionamiento del nuevo sistema y su capacidad de responder a las distintas realidades migratorias del continente.