La protección de la biodiversidad continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la agenda ambiental internacional. A cuatro años de 2030, los compromisos asumidos por los gobiernos todavía están lejos de traducirse en los cambios necesarios para detener la degradación de los ecosistemas. Así lo advierte un nuevo informe de Naciones Unidas, presentado en Ereván (Armenia), que pone de manifiesto la distancia entre las promesas políticas y las medidas efectivamente adoptadas.
Según el primer balance mundial sobre la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado en 2022, cerca del 90% de los países ha establecido objetivos nacionales de conservación. Sin embargo, menos de la mitad registra avances suficientes para alcanzarlos antes de que termine la década.
El acuerdo internacional contempla 23 metas destinadas a frenar y revertir la pérdida de biodiversidad. Una de las más relevantes consiste en garantizar la protección de al menos el 30% de las superficies terrestres y marinas del planeta para 2030. No obstante, los compromisos nacionales presentados hasta ahora permitirían conservar únicamente el 26% de los ecosistemas terrestres y el 12% de los marinos, cifras que evidencian la necesidad de reforzar las políticas actuales.
Durante la presentación del documento, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió de la persistente distancia entre las aspiraciones internacionales y su aplicación efectiva. Una situación especialmente preocupante si se tiene en cuenta que ninguna de las 23 metas globales presenta, por el momento, un balance plenamente satisfactorio.
El diagnóstico de Naciones Unidas reconoce que se han producido algunos progresos desde la aprobación del acuerdo de Kunming-Montreal. Más de la mitad de los países ya dispone de planes para poner en marcha sus compromisos ambientales y más del 70% ha comunicado resultados sobre su implementación.
A estos esfuerzos institucionales se suma la participación de otros actores sociales. Pueblos indígenas, comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y empresas han registrado cerca de 5.000 compromisos voluntarios relacionados con la conservación de la naturaleza.
Sin embargo, estos avances contrastan con la lentitud de las transformaciones necesarias para abordar las causas estructurales de la pérdida de biodiversidad. El informe identifica importantes retrasos en la modificación de las actividades económicas que deterioran los ecosistemas, la eliminación de subvenciones ambientalmente perjudiciales y la movilización de recursos económicos para la conservación.
También señala dificultades vinculadas con el acceso a tecnologías, la cooperación científica y la coordinación entre administraciones públicas. Estas barreras afectan especialmente a los países en desarrollo, que encuentran mayores obstáculos para implementar las medidas comprometidas.
En este contexto, la secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Astrid Schomaker, insistió en la necesidad de acelerar las actuaciones y ampliar su alcance. El desafío, según planteó, exige una implicación mucho mayor de los distintos sectores sociales y económicos.
Uno de los datos más preocupantes del informe está relacionado con el destino de los recursos financieros. Mientras la comunidad internacional se ha comprometido a movilizar 200.000 millones de dólares anuales de financiación pública y privada para proteger la biodiversidad, las inversiones que perjudican a la naturaleza continúan superando ampliamente a las destinadas a conservarla.
La directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Inger Andersen, ilustró este desequilibrio con una comparación contundente: por cada dólar destinado a proteger la naturaleza, se emplean otros 30 en actividades que contribuyen a destruirla.
Esta contradicción pone de relieve la necesidad de revisar las prioridades económicas y los mecanismos de financiación. Desde el organismo internacional reclaman transformar los sistemas de subvenciones e incentivos que actualmente favorecen prácticas perjudiciales para los ecosistemas y orientar esos recursos hacia actividades que impulsen su protección y recuperación.
La advertencia también evidencia que la conservación de la biodiversidad no puede abordarse exclusivamente mediante iniciativas ambientales aisladas. Para alcanzar las metas internacionales resulta imprescindible incorporar criterios de sostenibilidad en las políticas económicas, las decisiones presupuestarias y los marcos regulatorios.
El informe recuerda, además, que el deterioro de los ecosistemas y el calentamiento global son dos crisis estrechamente relacionadas. Según explicó Andersen, superar el límite de 1,5 °C de aumento de la temperatura mundial incrementa los riesgos de degradación forestal, alteración de los ciclos naturales y daños irreversibles sobre la biodiversidad.
Las consecuencias de esta situación no se limitan a la desaparición de especies animales y vegetales. La destrucción de los sistemas naturales compromete servicios esenciales para la vida, como la disponibilidad de agua, la producción de alimentos y el mantenimiento de condiciones ambientales saludables.
También amenaza los medios de subsistencia de millones de personas que dependen directamente de los recursos naturales. Por ello, proteger la biodiversidad constituye una cuestión ambiental, pero también un desafío social y económico estrechamente vinculado con el bienestar humano.
Las conclusiones de Naciones Unidas llegan en un momento especialmente relevante para la gobernanza ambiental internacional. Del 19 al 30 de octubre, Ereván acogerá la decimoséptima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17), una cita en la que los gobiernos deberán evaluar los avances alcanzados desde 2022 y definir cómo acelerar el cumplimiento de los objetivos mundiales.
La financiación, los mecanismos de seguimiento y la cooperación internacional ocuparán un lugar central en las negociaciones. El encuentro también permitirá examinar hasta qué punto los compromisos nacionales están contribuyendo realmente a frenar la degradación de los ecosistemas.
Ante este escenario, António Guterres reclamó a los gobiernos que cumplan sus obligaciones financieras y conviertan la protección de la naturaleza en una prioridad transversal de sus presupuestos, normativas y políticas económicas.
El mensaje que deja el nuevo balance internacional es claro: establecer objetivos de conservación no basta si las decisiones económicas continúan favoreciendo la destrucción de los ecosistemas. Con 2030 cada vez más cerca, el principal desafío será transformar los compromisos políticos en actuaciones capaces de revertir la pérdida de biodiversidad.
La próxima cumbre mundial ofrecerá una nueva oportunidad para avanzar en esa dirección y demostrar que la protección de la naturaleza puede pasar de las declaraciones internacionales a las decisiones concretas.
