El acceso a una vivienda digna no es únicamente una cuestión económica o residencial. Sus consecuencias alcanzan directamente a la salud, la educación, la estabilidad y las oportunidades de niños, niñas y adolescentes. En este contexto, UNICEF España ha pedido que las políticas públicas de vivienda incorporen de forma específica las necesidades de la infancia.
La organización ha realizado esta reclamación tras la reciente aprobación de dos reales decretos leyes sobre vivienda. Aunque las nuevas disposiciones incluyen medidas en este ámbito, UNICEF España considera que falta un enfoque de infancia que asegure que las actuaciones previstas lleguen efectivamente a las familias con menores.
José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España, sostiene que la vivienda constituye una política fundamental tanto para prevenir la pobreza infantil como para favorecer la inclusión social. En particular, la entidad señala que los hogares con hijos e hijas presentan una especial vulnerabilidad ante problemas como la inestabilidad residencial, el esfuerzo económico excesivo para pagar la vivienda, el hacinamiento o los desahucios.
Los datos aportados por UNICEF España muestran hasta qué punto los gastos asociados al hogar condicionan la situación económica de las familias. La tasa de pobreza infantil se sitúa actualmente en el 28,4%, pero ascendería hasta el 39% si de los ingresos de los hogares se descontaran los gastos de vivienda.
Esto supondría que 850.000 niños y niñas más estarían en situación de pobreza como consecuencia del coste de la vivienda, según los cálculos difundidos por la organización.
La presión económica también se observa en la tasa de sobrecoste de la vivienda, indicador que identifica aquellos hogares que destinan más del 40% de su renta disponible a estos gastos. Entre las familias con niños, niñas y adolescentes alcanza el 7,2%, la proporción más elevada entre los diferentes grupos de edad.
La cifra de pobreza infantil del 28,4% coincide además con los últimos datos recogidos por UNICEF España sobre pobreza monetaria en el país.
UNICEF España advierte de que las dificultades habitacionales trascienden la falta de recursos económicos. Las malas condiciones de una vivienda pueden tener efectos en distintas dimensiones de la vida cotidiana de la infancia.
Vera pone como ejemplo las viviendas con humedades, que pueden favorecer la aparición de enfermedades infecciosas, mientras que el hacinamiento puede impedir que niños y adolescentes dispongan de un espacio adecuado para estudiar. En situaciones más extremas, como un desahucio, las consecuencias pueden alcanzar también a su salud mental.
A ello se suma el impacto indirecto que genera la inseguridad residencial. El estrés de padres, madres y personas cuidadoras ante las dificultades para proporcionar una vivienda digna puede repercutir en las dinámicas de crianza y, en consecuencia, en el bienestar de los menores.
Pese a estos efectos, UNICEF España considera que las políticas residenciales siguen sin incorporar suficientemente a niños y adolescentes en su diseño.
Ante esta situación, la organización plantea varias líneas de actuación. Una de sus principales demandas es dar prioridad en el acceso a la vivienda, especialmente en régimen de alquiler, a los hogares vulnerables con hijos, garantizando que no sufran discriminación.
UNICEF reclama una protección particular para las familias consideradas vulnerables dentro de la Garantía Infantil Europea, entre ellas las que se encuentran en situación de pobreza, tienen menores con discapacidad, son de origen extranjero o etnia gitana, o están encabezadas por madres y padres muy jóvenes.
La entidad también pide evitar los desahucios de hogares con menores cuando no exista una alternativa habitacional adecuada y próxima a servicios esenciales para su vida cotidiana, como los centros educativos y sanitarios.
Otra de las propuestas pasa por garantizar que la ampliación permanente del parque público de alquiler y de vivienda protegida responda a las necesidades reales de las familias con hijos. Esto implica, según UNICEF, revisar tanto la cuantía de las ayudas como los umbrales económicos para acceder a vivienda pública o protegida, teniendo en consideración el número, la edad y la situación de los niños y niñas de cada hogar.
Por último, la organización reclama impulsar programas dirigidos a erradicar el chabolismo y la infravivienda.
Para UNICEF España, integrar esta perspectiva supone reconocer que las decisiones en materia residencial tienen consecuencias directas sobre los derechos y las condiciones de vida de la infancia. La vivienda se convierte así en una pieza central no solo de las políticas sociales, sino también de las estrategias destinadas a reducir la pobreza y evitar que la vulnerabilidad económica se prolongue de una generación a otra.
